martes, 27 de agosto de 2013

Ataque a la vista en Siria

 
Dr. Kenneth Ramírez
Un ataque con gas venenoso fue perpetrado el pasado 21 de agosto en territorio sirio controlado por los rebeldes. Según algunas fuentes las víctimas ascendieron a 355 y de acuerdo a los rebeldes ascendieron a 1300. La versión más ampliamente aceptada señala al régimen de Assad como responsable, mientras que algunas fuentes apuntaron a los propios rebeldes –habrían hecho una suerte de teatro sangriento para generar una respuesta internacional. Sin duda, lo ocurrido constituye uno de los capítulos más oscuros en una guerra civil que lleva dos años y medio, más de 100 mil muertos y millones de refugiados.
EEUU ha evitado hasta ahora la participación en la guerra civil de Siria, ya que la Administración Obama no lo consideraba beneficioso para sus intereses. Esto no quiere decir que Washington tenga algún tipo de simpatía por Assad. Damasco tiene estrechos vínculos con Irán, Rusia, y la milicia Hezbollah en El Líbano. Sin embargo, EEUU ha aprendido en Afganistán, Irak y Libia, a considerar no sólo las amenazas que suponen regímenes hostiles, sino también lo que podría seguir a los mismos. En aquellos casos, cambiar el régimen terminó rápidamente enredando a EEUU en guerras civiles, cuyos resultados no han valido la pena los costos asumidos. En el caso de Siria, los rebeldes son musulmanes sunitas, con algunas de sus facciones -como el Frente Al-Nusra- con vínculos con Al-Qaeda.
Muchos alrededor del Mundo se han mostrado consternados con la cruenta guerra civil siria, y han estado pidiendo a Washington que haga algo. El Presidente Obama ha sido cauto. Washington no tiene un interés directo en el resultado, ya que todos los posibles lucen malos desde su perspectiva. Por otra parte, los que ahora son enfáticos en pedir que se actúe, serán los primeros en condenar a EEUU cuando algunos de sus ataques provoquen víctimas civiles como daño colateral. No hay formas inocuas para poner fin a una guerra civil.
Empero, la estrategia prudente de Obama dejó un cabo suelto. Expresó que no se involucraría en Siria a menos que el régimen de Assad utilizara armas químicas, a modo de disuasión. A pesar de ser Assad un líder despiadado, también es un actor racional; por tanto, la Administración Obama consideró que no haría nada que diese lugar a una intervención directa de EEUU, sin la cual ha podido contener el avance de los rebeldes, a pesar del apoyo de Arabia Saudita, Turquía, Qatar y las potencias occidentales. En consecuencia, el uso de armas químicas ha comprometido al Presidente Obama, en contra de sus mejores cálculos.
El discurso del Secretario de Estado John Kerry el pasado 26 de agosto ha construido políticamente el caso: es “innegable” que se utilizaron armas químicas en Siria, lo cual significa una “obscenidad moral”, y existen “pocas dudas” de que el responsable es el régimen de Assad, ya que es el único con esta capacidad. Aunque Assad se comprometió a permitir el acceso de los inspectores de la ONU al sitio del ataque, el Secretario Kerry sentenció que esto se ha producido “demasiado tarde para ser creíble” y lo ha acusado de “destruir pruebas”.
Ya no se trata sólo de Siria. El Presidente Obama marcó una línea roja, y esta ha sido traspasada -al menos en la verdad más ampliamente aceptada. La credibilidad es la moneda más importante en las Relaciones Internacionales. Si el Presidente Obama no hace nada, otros Estados que le son hostiles como Corea del Norte e Irán, ya no le tomarán en serio. De manera que el Presidente Obama está conminado a usar la fuerza en Siria. Sólo es cuestión de tiempo. El problema es que la mayoría de los estadounidenses está en contra de una intervención. Además, el déficit presupuestario tampoco admite una opción militar costosa.
En consecuencia, lo más probable es que el Presidente Obama se decante por un ataque punitivo limitado sin el aval del Consejo de Seguridad –debido al veto de Rusia-, y con el apoyo de la OTAN y la Liga Árabe en su lugar. Ya tiene 4 destructores emplazados en el Mediterráneo y cada uno de ellos puede lanzar entre 30 y 40 misiles crucero Tomahawk. Esto puede ser respaldado con ataques aéreos lanzados desde las bases aéreas de EEUU en Jordania y Turquía, con apoyo de los británicos y franceses, sin ingresar en la zona de alcance del poderoso sistema anti-aéreo sirio de tecnología rusa. La misión consistiría en destruir los emplazamientos que albergan armas químicas y degradar la fuerza aérea de Assad que tanto daño ha hecho a los rebeldes. Esto supone una operación más parecida al bombardeo de Libia en 1986 o el bombardeo de Irak de 1998, que a la invasión a Irak en 2003 o la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia en 2011. Esta es la opción más barata y segura para la Administración Obama. No obstante, todo esto hace pensar en cuales serían los objetivos estratégicos, ya que una operación punitiva no sacaría del poder a Assad ni eliminaría todo su arsenal químico –mucho del cual puede estar disperso y bajo tierra-; sólo le disuadiría de volver a utilizarlo y equilibraría la guerra.
El riesgo más importante es el potencial de desbordamiento regional. A lado de Assad hoy lucha Hezbollah, enemiga de Israel, financiada y armada por Irán. Teherán ha advertido de graves consecuencias si se ataca a Damasco. De manera que, Assad o Hezbollah podrían intentar atacar Israel. Assad también ha amenazado a Turquía y Jordania.
El reto del Presidente Obama consiste entonces en efectuar una operación limitada para mantener su credibilidad y no dejar como legado otra guerra abierta para EEUU en la región. Nada fácil.
@kenopina

lunes, 26 de agosto de 2013

La “Globalidad” en la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Colombia


Giovanna De Michele (*)

 Ante el reciente anuncio de la reactivación de la CONEG (Comisión Negociadora entre Venezuela y Colombia), han comenzado a circular algunos comentarios, análisis y opiniones en torno al tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas entre ambos países, que obligan a quienes hemos participado directamente en tan seria responsabilidad, a recordar algunos aspectos fundamentales como la estrategia de la “globalidad” en el proceso de negociación.
 
Para tal propósito, he considerado necesario hacer un breve recuento histórico de tan ardua tarea; por lo que comienzo enfatizando que el proceso de delimitación de áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia se ha caracterizado por ser sumamente largo y complejo, ya que, sin mencionar las negociaciones anteriores, las cuales resultaron infructuosas, se ha venido desarrollando a lo largo de más de un siglo. Desde el Laudo Español de 1891 hasta la presente fecha, sin que se haya logrado aún una solución satisfactoria para ambas partes.
 
No obstante, me voy a ubicar en el 3 de febrero de 1989, cuando el entonces Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, suscribió con su homólogo colombiano Virgilio Barco, una Declaración conocida como Acuerdo de Caracas, en la cual ambos Gobiernos se comprometieron a: 1) Adelantar consultas recíprocas conducentes a la reintegración de las Comisiones de Conciliación previstas en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939 2) Designar dos Altos Comisionados por cada país, quienes en breve plazo debían hacer un inventario de las principales cuestiones por examinar entre ambos países a objeto de proponer a los dos Gobiernos una metodología adecuada a su tratamiento y solución y 3) Crear Comisiones de asuntos fronterizos encargadas de tratar cuestiones vecinales, así como el desarrollo económico y social de dichas áreas.
 
En esta oportunidad la decisión de los mandatarios fue la de analizar y buscar salidas eficaces y de consenso nacional y binacional a todas aquellas situaciones que tenían repercusiones bilaterales. De esta manera y con el propósito de garantizar las negociaciones directas, el 27 de marzo de 1989, el entonces Presidente de Venezuela, designó a los ciudadanos Rafael Pizani e Isidro Morales Paúl, sus Altos Comisionados para: 1) la realización de un inventario de las principales cuestiones por examinar entre Colombia y Venezuela y 2) proponer una metodología adecuada para su tratamiento y solución.
 
Esta nueva estrategia de negociación entre Venezuela y Colombia, se formalizó definitivamente el 28 de marzo de 1989, cuando los Presidentes de Venezuela, Carlos Andrés Pérez y de Colombia Virgilio Barco, se reunieron en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sobre el río Táchira y emitieron la denominada “Declaración de Ureña”, que contiene los nombres de los Altos Comisionados de ambos países, así como la distribución formal de sus competencias.
 
En concordancia con la nueva estrategia de negociación definida por ambos Gobiernos y en cumplimiento de su mandato, los Altos Comisionados elaboraron un inventario de cuestiones pendientes por resolver entre ambos países, en el que se distinguieron 10 temas, figurando entre ellos la delimitación de áreas marinas y submarinas.
 
En este mismo orden de ideas, los Altos Comisionados iniciaron el examen de las metodologías más adecuadas para el tratamiento y solución de cada uno de los temas identificados y en tal sentido, se definió un Proyecto de Acuerdo aplicable a la delimitación de áreas marinas y submarinas, en el cual se mantiene “la posición tradicional de Venezuela, de utilizar la negociación directa entre las partes como la vía más fecunda y eficaz, evitando así la intervención de terceros en cuestiones vitales para nuestro país.”[1]
 
Uno de los aspectos fundamentales del citado proyecto, en pro de las negociaciones directas para el futuro, fue haber superado las diferencias en el sentido de que los Altos Comisionados colombianos aspiraban incorporar al texto del proyecto un plazo de un (1) año máximo para las negociaciones directas.
 
La posición de la delegación venezolana, fue la de no incorporar plazo máximo alguno para las negociaciones directas, quedando así establecido en el Proyecto de Acuerdo; donde se prevé que si tal esfuerzo no llegara a culminarse exitosamente, los dos Gobiernos de común acuerdo, podrían acudir a un procedimiento de solución pacífica no compulsivo a fin de lograr un acuerdo total y definitivo.
 
A los criterios de los propios Altos Comisionados venezolanos, este proyecto “crea un mecanismo de solución de controversias específico aplicable a la delimitación de áreas marinas y submarinas que viene a excluir la eventual aplicación del Tratado de No agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, suscrito entre Venezuela y Colombia el 17 de diciembre de 1939,”[2] al evitar que se agoten los “medios diplomáticos ordinarios”[3].
 
En este sentido, es pertinente recordar  que en el artículo II del Tratado anteriormente mencionado, Venezuela y Colombia, se comprometen a someter a los procedimientos de solución pacífica, las controversias de cualquier naturaleza o que por cualquier causa surjan entre las partes y que no haya sido posible resolver por los medios diplomáticos ordinarios, exceptuando las que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a la integridad territorial de los Estados contratantes. De esta manera y mientras se mantenga vigente el mecanismo de las Comisiones Negociadoras, los dos países se someten voluntariamente y por mandato a las negociaciones directas, partiendo de la base de que la negociación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela es un asunto vinculado a los intereses vitales y a la integridad territorial de nuestro país.
 
Es así como el 6 de marzo de 1990, en la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta, se reunieron los Presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia, quienes luego de analizar el informe presentado por los Altos Comisionados, adoptaron las metodologías de tratamiento y solución presentadas (Modus Operandi), para aquellas cuestiones pendientes entre los dos países, procediendo entonces a firmar el Acta de San Pedro Alejandrino, con la cual se dio por terminada la tarea de los Altos Comisionados y se propuso crear una nueva Comisión Negociadora que operaría simultáneamente con la Comisión de Asuntos Fronterizos.
 
Culminada esta fase, se consolidó el inicio formal de un proceso de negociaciones directas, luego de instalar las respectivas Comisiones Negociadoras en cada País; el 16 de junio de 1990 en Colombia y el 14 de julio del mismo año en Venezuela.
 
Tales negociaciones directas se han circunscrito desde entonces a cinco temas: 1) Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas 2) Cuencas Hidrográficas Internacionales 3) Ríos Internacionales 4) Demarcación y Densificación de hitos en la frontera terrestre Y 5) Migraciones.
 
Obsérvese   que  el   tema  de  la   Delimitación   de   Áreas   Marinas y Submarinas, quedó entonces consagrado como un asunto más en la agenda de  negociaciones directas entre Venezuela y Colombia.
 
Igualmente, vale  la pena destacar que al iniciarse las negociaciones directas entre Venezuela y Colombia, en el marco de esta nueva etapa, se plantearon dos opciones: a) Negociar mediante concesiones individuales, es decir tema por tema como asuntos inconexos o aislados y b) Negociar mediante un paquete que abarcara de manera global todos los temas.
 
Considerando que la primera opción, conducía a la solución parcelada de la agenda, sin tener en consideración el necesario balance de logros entre las partes, se asumió la segunda opción, que permite flexibilizar las posiciones y  establecer claramente un balance de intereses garantizando la significación vital de los mismos y augurando la legitimidad de una solución general, permanente y equitativa. Este sistema de negociaciones se conoce como “la globalidad”.
 
En honor a la verdad, lo que se acordó ha permitido dar continuidad a una estrategia de negociación que de forma “quasi empírica” se ha venido aplicando entre los dos Estados desde hace mucho tiempo atrás.
 
Por ejemplo, en las negociaciones Unda-Suárez (1894), Venezuela sostuvo la tesis del dominio exclusivo del Golfo, con lo cual se ratificaron las negociaciones anteriores al Laudo de 1891, tales como Michelena-Pombo (1833) y Guzmán Murillo-Toro (1874-75); mientras que Colombia pretendía a cambio, la rectificación de los ríos Tarra y Sardinata, con el objeto de disponer de la parte llana del territorio para la posterior construcción del ferrocarril de Tamalameque. La misma estrategia se observa en las negociaciones Urbaneja-Restrepo (1907) y en la Rivas-Vasquez Cobo (1909).
 
Del mismo modo, en 1916 se contempló la realización de negociaciones con miras a concluir un Tratado sobre Navegación de ríos comunes, Comercio Fronterizo y Tránsito entre las dos Repúblicas, partiendo de la base de equidad y mutua conveniencia. A su vez se agregó que “cualquier variación proveniente del Tratado de Navegación y Comercio se tendrá en cuenta en los actos y operaciones concernientes a la demarcación o ésta se modificará en caso de suscribirse el Tratado después de iniciada la demarcación.”[4]
 
De allí se desprende que en las negociaciones Losada Díaz (1918), se manejara la rectificación fronteriza a cambio de compensaciones por parte de Venezuela en materia de navegación, comercio fronterizo y tránsito. Los colombianos aspiraban recibir de Venezuela, la cooperación para el empalme del ferrocarril de Cúcuta con el venezolano de Encontrados.
 
Tal como se ha evidenciado a lo largo de la historia, existe un “evidente vínculo estratégico”[5] en las cuestiones pendientes entre Venezuela y Colombia, que impone un tratamiento global y directo por parte de ambos países.
 
“En efecto, la cuestión de la delimitación de áreas marinas y submarinas está íntimamente ligada a la navegación de los ríos. Para Colombia ha sido y sigue siendo un claro objetivo geopolítico obtener la libre navegación de los ríos navegables fronterizos con Venezuela. Es cierto que en el Tratado de 1941 se autorizó esa navegación, pero para hacerla efectiva es necesaria una estrecha cooperación entre ambos países y una clara reglamentación por parte de Venezuela.”[6]
 
Otra clara manifestación de la interdependencia de las cuestiones pendientes entre Venezuela y Colombia y en consecuencia de la alta utilidad de la estrategia de la globalidad, se presenta con el tema de las Cuencas Hidrográficas, aspecto en el cual nuestro país presenta marcados intereses, debido a que estamos aguas abajo con relación al país vecino en cuyo territorio nace aproximadamente el 70% de las aguas superficiales del sur de Venezuela.
 
En este mismo orden de ideas, los intereses venezolanos y colombianos se entrelazan en circunstancias como las que envuelven al río Catatumbo, considerado como la única salida natural de la región fronteriza colombiana (Norte de Santander),  que a su vez suministra el 60% del agua dulce que recibe el Lago de Maracaibo.
 
Mención aparte merece el río Casiquiare que representa la unión natural y necesaria entre el río Orinoco y el río Negro, lo cual sirve de interconexión entre la Cuenca del Orinoco y la Cuenca del Amazonas.
 
De igual forma, la materia de migraciones y el transporte internacional constituyen objetivos prioritarios colombianos de carácter permanente; mientras que para Venezuela, se podría afirmar que representan los temas que permiten un amplio margen de maniobras en una negociación “ganar-ganar”.
 
En virtud de todo lo anterior queda claro que sería un error pensar que la Comisión Negociadora venezolana, omita la pertinente estrategia de la “globalidad”, en sus deliberaciones frente a la contraparte colombiana.
 
(*) Ex-Comisionada Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas -  Coordinadora Académica de la Escuela de Estudios Internacionales (UCV) – Miembro del Comité Ejecutivo del COVRI



[1] Informe sobre la labor realizada por los Altos Comisionados del Ciudadano Presidente de la República para tratar los problemas a resolver con Colombia, Rafael Pizani e Isidro Morales Paúl, Caracas, 19 de marzo de1990.
[2] Ibidem.
[3] Artículo II del Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial del 17 de diciembre de 1939.
[4] Artículo 6 de la Convención para la Completa Demarcación de la Frontera, 1916.
[5] Denominación dada por los Altos Comisionados venezolanos Rafael Pisan e Isidro Morales Paúl a la interdependencia de los temas o asuntos pendientes entre Venezuela y Colombia, recogida en el informe  presentado el 19 de marzo de 1990.
[6] Informe sobre la labor realizada por los Altos Comisionados del Ciudadano Presidente de la República para tratar los problemas a resolver con Colombia.

viernes, 23 de agosto de 2013

Nueva oportunidad para Paraguay y Venezuela en MERCOSUR


Laura Guzmán

Varias son las opiniones emitidas respecto al polémico ingreso de Venezuela al MERCOSUR durante la ausencia temporal paraguaya tras la suspensión realizada por parte del resto de los mandatarios que integran el acuerdo, alegando que el juicio político que acarreó la destitución del entonces Presidente Fernando Lugo en junio de 2012, fue contraria a lo establecido en el Tratado de Asunción.
Hoy nos encontramos ante una realidad totalmente distinta a la vivida hace un año en ambos países. En Venezuela, el Presidente Hugo Chávez (aliado de Lugo), ha fallecido tras una dura batalla contra el cáncer, siendo elegido como su sucesor el Ex-Vicepresidente y Ex-Canciller, Nicolás Maduro; mientras que en Paraguay, luego de un duro proceso político, finalmente cuentan con un nuevo Presidente. En conclusión dos mandatarios diferentes, con dos corrientes políticas nada parecidas -aunque aún está por ver cuál será el estilo  de gobierno de Horacio Cartes.
La indudable interrogante para el futuro del MERCOSUR, es si Paraguay y Venezuela lograrán resolver sus diferencias y pasar página de lo ocurrido, cerrando un capítulo difícil para la integración latinoamericana.
Una de las condiciones exigidas por Horacio Cartes desde que era candidato presidencial para regresar a MERCOSUR, era que se le otorgara la Presidencia pro témpore del bloque a Paraguay, pero en la reciente Cumbre de Montevideo esta pasó a manos de Venezuela. Si bien muchos opinan que acceder a esta petición constituía la perfecta oportunidad para Venezuela de subsanar sus problemas con Paraguay, lo cierto es que esto no ocurrió. Es un secreto a voces que el Presidente Maduro busca desesperadamente llenar los zapatos que dejó el Ex-Presidente Chávez en Latinoamérica luego de su muerte, por lo cual parece haber considerado más importante ostentar la Presidencia pro témpore de MERCOSUR que resolver los problemas con Paraguay en el corto plazo, para así demostrar que es capaz de continuar impulsando el proyecto del “Socialismo del siglo XXI” en la región. Además, esta posición le permitió a Maduro continuar recabando legitimidad internacional después de las polémicas elecciones del 14-A.
Entre las asperezas que deben limarse con el ahora Presidente Cartes, figuran en primer lugar lo concerniente al apoyo brindado por el difunto Chávez al caso de Lugo y la injerencia que pretendió ejercer Venezuela en este asunto a través del propio Nicolás Maduro, y en segundo lugar el cierre de la Embajada venezolana en la Asunción y la suspensión de suministro de petróleo en 2012. Será sin duda interesante observar si Maduro optará por acercarse al mandatario paraguayo de turno o si atacará las políticas que despliegue de aquí a futuro, cuestión que seguramente no se hará esperar por mucho tiempo, puesto que hasta ahora hemos estado acostumbrados a un discurso de Venezuela catalogado de “intervencionista” por parte de muchos, donde las opiniones sobre la forma de negociar y actuar de otros países son públicamente criticadas.
La atención pública fue invocada una vez más hacia esta situación, cuando   el Presidente Maduro manifestó no haber sido invitado a la ceremonia de investidura de Horacio Cartes, mientras que el Presidente ecuatoriano Rafael Correa -quien también busca ocupar el lugar vacío de Chávez dentro de Latinoamérica-, declaró que a pesar de ser invitado no asistiría en solidaridad con Venezuela.
Las  expectativas sobre un período de negociación se hacen cada vez más fuertes, sobre todo ahora que con la toma de posesión del Presidente Cartes del pasado jueves 15 de agosto, se levanta la suspensión contra Paraguay significando su acceso al lugar que ocupaba dentro del MERCOSUR y la UNASUR.
Cartes por su parte no ha dejado claro si desea o no retornar al MERCOSUR, pero al asegurar haber discutido abiertamente con sus homólogos suramericanos la preocupación que existe por resolver el conflicto y la invitación al resto de los países que integran el bloque a la ceremonia de investidura, pareciera dar señales de un interés en reconciliar a Paraguay con el MERCOSUR, e insiste en que su país no tiene ninguna intención política en permitir la entrada de Venezuela al bloque, señalando que “el problema es jurídico” en alusión a la falta de aprobación paraguaya.
Pareciera entonces que la mejor forma de abordar un proceso de diálogo es bilateralmente para luego llevar los resultados de esta negociación a nivel del bloque regional, y sobre todo evaluar las opiniones que emita Cartes con respecto a las decisiones que como Presidente pro témpore, Nicolás Maduro haga dentro del MERCOSUR. Además, se espera que ambos mandatarios se encuentren cara a cara en la VII Cumbre Ordinaria de la UNASUR que se celebrará en Surinam el próximo 30 de agosto, lo cual supone una nueva y magnífica oportunidad para empezar a resolver este impasse.
La Presidencia venezolana del MERCOSUR se da en un momento crucial para la integración latinoamericana. La novedosa Alianza del Pacífico con una visión estrictamente comercial y en vinculación a EEUU, está buscado frenar el liderazgo e influencia de los gobiernos izquierdistas suramericanos -principalmente los de Brasil y Venezuela-, así como contrapesar sus proyectos de integración –de la ALBA al MERCOSUR y UNASUR. De hecho, en mayo pasado durante la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali, el Ex–Presidente paraguayo Franco buscando romper el aislamiento internacional, propició la incorporación del país guaraní como observador de este nuevo esquema de integración, lo cual puso en tela de juicio la cohesión del MERCOSUR.
En consecuencia, los intereses de Venezuela empujan al Presidente Maduro a utilizar su posición al frente del bloque suramericano para cerrar cuanto antes el impasse con Paraguay y consolidar el MERCOSUR ampliado.

lunes, 19 de agosto de 2013

Abenomics: ¿Hacia dónde va Japón?


Salvador Miguel

El 9 de Agosto de este año, el Ministerio de Finanzas de Japón anunció que se alcanzó, por primera vez en la historia, el límite de 1.000 billones de yenes (10,3 billones de dólares). ¿Qué significa ésta inquietante cifra para Japón?
 
Durante casi 40 años la economía japonesa se mantuvo como la segunda a nivel mundial en términos de PIB. No obstante, desde hace una década lucha contra la deflación que ha estancado su crecimiento -hasta hacerle caer hasta al puesto de tercera economía mundial- y la ha sometido a fuertes compromisos monetarios dentro y fuera de sus fronteras. Mientras que la dimensión de los conglomerados industriales japoneses no concuerda con el tamaño del mercado local, lo que llevó, desde inicios de la década de los 90, a la nacionalización de múltiples empresas ineficientes y sobrealimentadas por créditos de bajísimo interés, al mismo tiempo que aumentó la deuda nacional para cubrir el gasto público y los compromisos sociales con una población en evidente envejecimiento.
 
Este incremento en el endeudamiento japonés, a su vez, está asociado a tres elementos. El primero es el conservadurismo de las empresas, que si bien les otorga excelentes estándares de producción y organización, no les permite invertir en bonos de la deuda. Si bien los índices bursátiles japoneses no han estado a los niveles de la década de los 80, cuando la inversión extranjera superaba los 60.000 millones de dólares, la evidente crisis económica hace que los gobiernos extranjeros no quieran invertir en Japón, al igual que las empresas locales, que aun teniendo capital suficiente para emprender proyectos de expansión, no invierten, debido al tamaño del mercado de demanda local y las fuertes barreras arancelarias, que aíslan los sectores no tradicionales del resto del Mundo. Esta desconfianza en el mercado local está relacionada con el segundo factor de endeudamiento, que es el envejecimiento progresivo de la población. Buena parte de la crisis económica está relacionada con una mano de obra en franco desnivel con las capacidades productivas de empresas que tienen capacidad de inversión, pero que no confían, además, en una población de avanzada edad -cerca del 25% de la población de Japón tiene 65 años o más, y las proyecciones tienden a ver este número aumentado- que tiene bajos índices de consumo asociado a sus ahorros, y no a actividades productivas que estimulen el movimiento de la economía. Éste sector demográfico no sólo tiene incidencia en la economía, sino también en el tercer elemento de desconfianza: Inestabilidad política.

Desde el estallido de la burbuja financiera japonesa -muy parecida a la crisis de EEUU en 2008-, el Parlamento japonés se ha visto sumergido en interminables disputas entre las coaliciones dirigidas por los partidos Democrático Liberal (PDL) y Democrático de Japón (PDJ). Desde entonces, la Dieta no se había podido poner de acuerdo en reformas económicas de gran envergadura, debido al peso de cada uno de los partidos, y a los intereses que representan.

El gobierno de Shinzo Abe, bien consciente de estos flagelos, se ha dedicado a poner en práctica programas de estímulo agresivos -como nunca antes se habían visto en Japón- para apalear estos elementos de desconfianza. Desde su victoria de diciembre de 2012, potenciada por el nacionalismo resultante de las disputas territoriales con China y el arrastre popular conseguido con las promesas de cambios reales en las políticas económicas, la Administración Abe alcanzó un desenlace a la conocida como “Política torcida” que se había visto desde la Administración Koizumi. Esta dinámica no permitía la aprobación de leyes de endeudamiento, presupuesto o gasto público para trazar un plan de acción efectivo, y fue lograda conquistando 135 de los 242 curules de la Cámara Alta, lo que significa un 52%, más que suficiente para dar luz verde a la mayoría de los ambiciosos proyectos.

La victoria política de Abe le permitió la implementación de leyes de endeudamiento abocadas a implementar paquetes de estímulo a gran escala que potenciarán el consumo interno, la inversión extranjera y conseguirán la progresiva derrota de la deflación que necesita la economía. A pesar de que estos planes fueron anunciados desde hace más de diez años, no se habían podido cumplir debido a la inestabilidad política y conservadurismo empresarial. La venta de bonos y la monetización de la deuda han mantenido a flote la confianza en la bolsa japonesa, que si bien muestra tímidos números de crecimiento, marca importantes cambios en las tendencias demostradas en años anteriores.

Una vez resuelto el problema político, Abe ahora se enfrenta con el problema de los mercados de demanda. En caso de decidirse por estimular la demanda local, hay dos formas de lograrlo. La primera, que arrojaría resultados a muy largo plazo, es el estímulo de las tasas de natalidad a través del potenciamiento de programas de planificación familiar. La segunda es la liberalización de las leyes de inmigración, lo que aumentaría de forma rápida el mercado de consumo y expandiría la producción empresarial. Por otra parte, en caso de decidirse por el crecimiento de la demanda extranjera, sería necesario expandir los canales comerciales entre Japón y sus socios en ultramar, y liberar los controles existentes sobre los sectores no tradicionales.

Al respecto, Abe parece haberse decidido por el incentivo a los mercados internacionales basado en lo que ha llamado “diamante estratégico”: EEUU – India – Australia – Japón, y en concreto, con la inminente adhesión japonesa a la Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (por sus siglas en inglés, TPP) -el primer acuerdo de libre comercio tri-continental. Asimismo, Abe ha incrementado el gasto en materia militar, lo cual se traduce en inversión en industrias pesadas.

La “Abenomics” ya ha dado algunas alegrías: el Ministerio de Finanzas ha señalado que ha sido superada la recesión, aunque sólo con un crecimiento del PIB de 2,6% según tasa anualizada –por debajo del 3% esperado-; el índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha crecido 30% desde que Abe asumió el cargo; y el valor del yen ha caído 16% frente al dólar y 28% frente al euro. Esto ha sido suficiente para recuperar competitividad de las empresas locales y para que las exportaciones –que representan 35% del PIB- hayan vuelto a crecer -3% el primer trimestre de 2013. Por su parte, el consumo interno también se ha reactivado, apuntando a 1,9% de crecimiento según tasa anualizada.

Pese a estas mejoras, falta ver el resultado de estas políticas a largo plazo sobre los propios consumidores japoneses y el desarrollo de problemas sin resolver, como las disputas territoriales, los programas de reconstrucción de desastres aún en marcha y el aumento del endeudamiento sin precedentes. Sin embargo, el claro cambio de tendencia en el desarrollo de la política económica, y más importante aún, la respuesta positiva de los actores, nos hacen vislumbrar un futuro prometedor para Japón bajo la “Abenomics”.

sábado, 17 de agosto de 2013

La tormenta egipcia



Dr. Kenneth Ramírez
La “Primavera Árabe” en 2011, que abrió tantas esperanzas con la caída del rais Hosni Mubarak, ha dado paso a una tormenta de arena en Egipto. El 3 de julio de 2013, con la deposición del primer mandatario escogido en elecciones democráticas, Mohamed Morsi, a manos del Ejército y con el respaldo de parte de la población, ha abierto un escenario de gran incertidumbre y violencia. El gobierno interino encabezado por el juez Adly Mansour y respaldado por el Ejército no ha iniciado un nuevo proceso de transición inclusivo, sino que ha intentado imponerse por la fuerza, tal como demuestra la escalada de víctimas en las protestas: 36 muertos el 5 de julio, 50 muertos el 8 de julio, 80 muertos el 27 de julio, y finalmente, la masacre de más de 600 muertos el pasado 14 de agosto.

En respuesta, el Presidente Obama canceló un ejercicio militar conjunto con el Ejército egipcio, previsto para el próximo mes, y ha asomado como amenaza tácita que la ayuda militar estadounidense -1,3 millardos de dólares- podría ser congelada. Esto constituye una dura amenaza a los líderes de Egipto, en particular para el poderoso Ejército y su Comandante, el General Abdel Fatah al-Sissi, que arriesgan un importante aliado que le proporciona entrenamiento y fondos.
Empero, la situación sigue siendo un problema difícil para EEUU, que quiere seguir teniendo en Egipto un aliado, ya que es el país más poblado del Mundo árabe, y resulta clave para garantizar la seguridad de Israel y tener acceso al Canal de Suez –que junto al oleoducto SUMED, facilitaron el tránsito de 3 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados en 2012. La Administración Obama aceptó, pero nunca se hizo grandes ilusiones, con el depuesto Presidente Morsi debido a su islamismo político. Cuando los militares derrocaron a Morsi, EEUU se abstuvo de calificarlo como “un golpe de Estado”, para evitar un congelamiento automático de la ayuda bilateral y tener margen para influir en los acontecimientos. Recientemente, EEUU ha señalado que si bien Morsi fue elegido democráticamente, su gobierno no era incluyente y no respetaba las opiniones de todos los egipcios. Es decir, tenía legitimidad democrática de origen pero había perdido legitimidad democrática de ejercicio, un tema sumamente complicado que está demostrando cada vez más que requiere reflexión y desarrollo en los organismos internacionales. Sin embargo, la Administración Obama tomando en cuenta la gran penetración social y representatividad política de los Hermanos Musulmanes, instó al gobierno interino y al Ejército a llamar a la reconciliación nacional, pero éste último ha lanzado en lugar de ello, una ofensiva para afirmarse en el poder, hasta el punto de tener que volver a imponer el estado de emergencia por un mes, el cual recuerda a los egipcios los días de la dictadura de Mubarak.
La UE ha condenado la violencia y ha llamado a la moderación. Pero los aliados internacionales de los Hermanos Musulmanes, y sobre todo, el Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido más estridente al señalar que EEUU y la Unión Europea están “a punto de fallar la prueba de la democracia” en el Medio Oriente, y ha llamado a su Embajador a consultas. Además, a instancias de Erdogan se ha efectuado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la Presidencia pro témpore argentina ha llamado a poner fin a la violencia y ejercer la máxima moderación.
Venezuela ha retirado su Embajador en Egipto, Victor Carazo, este 16 de agosto y ha abogado por el regreso de Morsi al poder. Esto además de irrelevante y utópico a estas alturas, nos hace tomar partido innecesariamente y nos coloca una vez más en la otra acera de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes –porque seguimos respaldando a Assad en Siria. Esto ya ha generado una reducción de nuestro margen de maniobra en la OPEP, cuando justamente nuestra posición geográfica nos invita a mediar al surgir conflictos entre nuestros socios petroleros que puedan menoscabar la cohesión política de la Organización. Lo idóneo es respaldar desde la ONU, los esfuerzos de la Comunidad Internacional para buscar el cese de la violencia, la reconciliación y una transición política pacífica en Egipto.
De hecho, EEUU, la Unión Europea, Emiratos Árabes y Qatar han realizado gestiones diplomáticas para alcanzar un compromiso entre el gobierno interino y los Hermanos Musulmanes desde la salida de Morsi, pero han sido hasta ahora en vano.
En todo el Mundo, desde China hasta España, han llamado al diálogo. Alemania y Francia han anunciado que revisarán sus relaciones con El Cairo. Pero la presión internacional se ha mostrado hasta ahora insuficiente. El Ejército egipcio ha cruzado la línea de lo tolerable con el propósito de mantener sus privilegios como “Estado profundo”: a fin de cuentas ellos han gobernado el país del Nilo desde el derrocamiento del Rey Faruk en 1952. El gobierno interino ha insistido en que tiene una hoja de ruta para el retorno de Egipto a la democracia a través de elecciones dentro de seis meses, aunque muchos, y en especial los Hermanos Musulmanes después de la masacre, dudan de que esto se cumpla realmente.
La figura clave es el General al-Sissi, quien con la popularidad que le dio la deposición de Morsi y la fuerza de las armas, es el actual hombre fuerte de Egipto. No obstante, justo por esto, quizás el General al-Sissi ya esté pensando en permanecer en el poder. Bien sabe que EEUU le necesita y Arabia Saudita –incómoda con los ensayos democráticos tras la “Primavera Árabe”- puede ofrecerle ayuda financiera al menos temporalmente. Además, la historia reciente de Egipto le puede estar tentando a creerse el siguiente en la línea de los rais militares después de Nasser, Sadat y Mubarak. Sin embargo, las numerosas víctimas deberían prevenirle contra cualquier ilusión de regresión autoritaria.
A menos que Turquía y Qatar como aliados de los Hermanos Musulmanes, y Arabia Saudita, Emiratos Árabes y EEUU como aliados del Ejército, junto a la Unión Europea, presionen con contundencia hacia un compromiso político efectivo en torno al cese la violencia, la adopción de una constitución inclusiva y la celebración de elecciones libres y justas en el primer trimestre de 2014, Egipto puede descarrilarse irremediablemente. La tormenta de arena abriría así paso al peor escenario: un caluroso verano marcado por la guerra civil, cuyas consecuencias se sentirán en todo el Medio Oriente y el Mundo.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Japón vs. China: Redefiniendo el equilibrio político en Asia


 
Victor Hugo Matos
El sureste asiático siempre ha sido un escenario constante de conflictos políticos y militares, que se remontan a las luchas entre la antigua China imperial y Corea, los intentos del Japón feudal de expandirse más allá de las islas o las guerras al sur de Asia. De estos constantes  terminaron por surgir dos actores importantes en la región como son China y Japón, cuya rivalidad influyó en la estructuración del escenario geopolítico actual de la zona, dado el empuje de sus intereses y liderazgos.
 
La rivalidad sino-japonesa se ha caracterizado por una fuerte competencia entre ambos Estados que además de las usuales diferencias en los aspectos comerciales o políticos, se exacerba debido a las disputas territoriales como las de las islas Sensaku / Diaoyu, que abren viejas heridas históricas entre ambos países, que se remontan a la participación del imperio japonés en la rebelión de los Bóxers en China y a las dos guerras sino-japonesas. Esta rivalidad, que había estado latente pero era controlada por la interdependencia económica que existía entre ambos países, empezó a tomar fuerza durante la Administración de Juinichiro Koizumi cuya posición abiertamente nacionalista y su revisionismo sobre el estatus de las autodefensas japonesas generó fricciones con el gigante asiático, situación que  parece  repetirse de forma más pronunciada con el sucesor de Koizumi al frente del Partido Democrático Liberal, Shinzo Abe.
 
No obstante, a primera vista esta no parece ser razón suficiente para que los gobiernos de ambos países permitan o hasta favorezcan la aparición de una retorica agresiva con visos nacionalistas, muy propios del siglo XIX; lo cual, lleva a pensar que la verdadera causa de esta conflictividad se encuentra en un choque entre las visión de Japón y China respecto al futuro del sureste asiático y del continente en general.
 
Vemos de un lado que la imagen de “ascenso pacífico” que siempre intentó vender China al resto del Mundo resulta cada vez más difícil de mantener, sobre todo cuando el gigante asiático asume actitudes agresivas a la hora de lidiar con problemas territoriales con vecinos grandes y pequeños, a la vez que la presencia de EEUU y su nueva visión estratégica del “pivote al Pacífico”, la cual se apoya en su relación con varios países de la región como Japón, genera mucha suspicacia en Beijing, cuyas autoridades consideran cada vez más importante el poder duro como herramienta para lidiar con amenazas y para imponer intereses en la zona, aún a costa de aumentar su percepción como amenaza para el resto de los países de la región.
 
Del otro lado, la Administración Abe en Japón está liderando un cambio en la visión estratégica sobre el papel de Japón para la región,  permitiendo así romper el letargo en el que había estado sumido este país desde la década perdida de los años 80 y que sólo Koizumi pudo quebrar brevemente. Esta nueva visión, pasa por un renovado esfuerzo de Tokio por redefinir el papel de las autodefensas japonesas para ampliar su margen de acción frente a cualquier posible conflicto y permitir un apoyo más efectivo a cualquier operación que realicen los EEUU en la zona; lo cual coincidiría, con el hecho de que en mayor o menor medida Japón ha intentado mejorar sus relaciones y resolver sus diferencias con algunos Estados en la región, que también se sienten amenazados por las intenciones del gigante asiático, como la India, Vietnam o las Filipinas.
 
En conclusión, nos encontramos con que se están produciendo cambios geopolíticos interesantes en el sureste asiático, impulsados en gran medida por esta competencia entre China y Japón, la cual va redefiniendo poco a poco el equilibrio político en la región, obligando a los países a alinearse, muchas veces y de forma muy sutil, en contra de China.

martes, 13 de agosto de 2013

La reforma de PEMEX: implicaciones para Venezuela



Dr. Kenneth Ramírez

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso su proyecto de “Reforma Energética” este 12 de agosto. Así, nuevamente la reforma de PEMEX vuelve a ocupar el centro del debate político mexicano. Desde 2004, la empresa petrolera nacional ha mostrado una disminución del 31% de sus reservas que pasaron desde 20,08 millardos de barriles de petróleo equivalente (MMMBPE) hasta 13,81 MMMBPE en la actualidad; y una declinación de su producción petrolera en 26%, desde 3,4 millones de barriles diarios de petróleo (MMBD) hasta 2,5 MMBD en la actualidad. Aunque PEMEX sigue siendo una empresa rentable –sobre todo a 100 $/Bl-, sus problemas de productividad, la falta de autonomía  operacional y presupuestaria, las exigencias fiscales del Estado mexicano y el poderoso sindicato petrolero mexicano han mermado su capacidad de crecimiento y amenazan la seguridad energética de México. Además, los cambios regulatorios introducidos en 2008, no lograron reactivar la producción, ni atraer tecnología para la exploración y producción de sus prometedores recursos petroleros no convencionales: en aguas profundas se estima la existencia de 29,5 MMMBPE; además los estudios apuntan a un alto potencial en petróleo y gas de esquistos con 13 millardos de barriles y 545 billones de pies cúbicos.
La Administración Peña Nieto ha tomado como fuentes de su Reforma Energética su propia historia y el modelo petrolero brasileño. En primer lugar, ha señalado que el Presidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó PEMEX en 1938, contemplaba la rectoría del Estado de la explotación de los recursos petroleros y una empresa petrolera nacional, pero permitía la celebración de contratos con terceros con compensaciones para realizar estas actividades. Fueron posteriores reformas, y en especial con el Presidente Adolfo  Ruiz Cortines en 1958, las que cerraron la participación privada en el sector petrolero. En segundo lugar, el Presidente Peña Nieto ha señalado que su reforma contempla la adopción de contratos de utilidad compartida sin que ello implique privatizar PEMEX, y mayores márgenes de autonomía y flexibilidad fiscal, siguiendo el ejemplo de PETROBRAS como empresa petrolera nacional exitosa. Los grandes objetivos propuestos son elevar la producción hasta 3 MMBD en 2018 y 3,5 MMBD en 2025, lo cual generaría 500 mil empleos en 2018 y 2 millones en 2025, y dispararía la inversión en otras áreas conexas, elevando el PIB mexicano en 1% en 2018 y 2% en 2025, permitiendo a México relanzarse como potencia emergente.
El Presidente Peña Nieto cuenta con los votos de su partido PRI, a los que podrían sumarse los del PAN que intentó infructuosamente reformar PEMEX en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón –aunque con otra filosofía. Por ello, luce probable que sea aprobada la “Reforma Energética”, siendo su principal escollo la oposición del izquierdista López Obrador quien busca un nuevo aliento.
Si Peña Nieto alcanza sus objetivos, consolidará el cambio en la situación energética de América del Norte hacia una mayor autosuficiencia en las próximas décadas, gracias a las arenas bituminosas de Canadá, el petróleo y gas de esquistos de EEUU, y una mayor producción en México. Esto empujará los precios del petróleo a niveles de 85-90 $/Bl en la presente década e intensificará la competencia para abastecer los mercados asiáticos, incluso entre socios OPEP que están siendo desplazados de América del Norte como Nigeria y Angola.
Todo esto deja a Venezuela frente a una serie de lecciones y retos. En primer lugar, las empresas petroleras nacionales realmente eficientes, son aquellas que se centran en sus actividades medulares, maximizan los ingresos a sus ciudadanos y evitan la politización, como Statoil y PETROBRAS. En este sentido, PDVSA debe regresar a sus tareas petroleras, reducir su implicación en la política partidista y los cargos de Ministro de Energía –agente regulador- y Presidente de PDVSA –operador- deben ser ejercidos por personas diferentes para reducir la discrecionalidad, lo que lleva a la ineficiencia, la mala gestión y la corrupción.
En segundo lugar, nuestro modelo de empresa mixta es demasiado rígido -en comparación con PETROBRAS y ahora PEMEX-, reduciendo al socio a un mero inversionista financiero minoritario sin mayor implicación en las decisiones. Aunque esto da en el papel mayor margen de maniobra a PDVSA, en la práctica al no tener suficiente capital, ha retrasado los proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO); ya que PDVSA no sólo espera que el socio coloque su parte, sino que aspira también le preste el monto que le corresponde invertir.
En tercer lugar, nos deja ante el reto de aumentar nuestra producción sin lesionar la cohesión de la OPEP y con una diversificación de mercados pragmática y no ideologizada. Las necesidades del pueblo venezolano han aumentado y la economía necesita empuje; ya no son suficientes los ingresos que genera una producción estancada en los últimos años, la cual se ubicó en 2,75 MMBD en el primer semestre de 2013 –por debajo de la cuota OPEP. Resulta necesario empezar a construir cuanto antes un mejorador en la FPO para no perder la competencia, lo cual supone agregar al menos +0,4 MMBD en esta década. Al respecto, el Presidente Maduro debería considerar la salida del Ministro Rafael Ramírez, quien ha fracasado reiteradamente en el cumplimiento del Plan Siembra Petrolera. Una vez que la producción aumente, podemos considerar colocar producción en diferentes mercados, lo cual si bien es sano para nuestra seguridad energética, no está reñido con mantener una sólida posición en EEUU y Europa, ya que la competencia en Asia aumentará y los niveles de precios serán menores.