Prof. Giovanna De Michele
El secuestro del periodista francés Romeo Langlois en territorio colombiano, ha direccionado una vez más la atención internacional hacia América Latina de una manera absolutamente vergonzosa y humillante para la región.
Hasta hace pocos años atrás, Latinoamérica era objeto de estudios e investigaciones por la inmensa brecha entre ricos y pobres, reflejada en el mayor índice de Gini a nivel mundial; sin embargo, en la actualidad, se nos asocia también con otros indicadores como el de ser la región con mayor índice de secuestros a nivel mundial. De hecho, según un estudio presentado ante la VII Conferencia Subregional de Defensa en Chile, en agosto 2011, siete de cada diez secuestros que se producen en el mundo entero, tienen lugar en América Latina.
Para vergüenza de los latinoamericanos de bien y para orgullo de quienes han hecho del secuestro una industria; nuestra región se presenta internacionalmente como la cuna de lo que ha sido calificado como el “secuestro urbano”, el cual adquiere diversas denominaciones, según el país de que se trata. Por ejemplo: en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela y Argentina se le conoce como “secuestro express”; en Colombia, la misma modalidad lleva por nombre “paseo millonario”; en Perú, ha sido bautizado como “secuestro al paso” y en Brasil se le conoce como “secuestro relámpago”.
En todo caso, el “secuestro urbano” en cualquiera de sus acepciones, se refiere a la privación de la libertad de personas escogidas mayoritariamente al azar; siendo retenidos por períodos de tiempo que generalmente oscilan entre 2 horas y 2 días; tiempo éste que se utiliza para establecer contacto con los familiares o allegados de la víctima e iniciar un proceso de extorsión que puede resultar muy lucrativo para el (los) secuestrador(es).
No obstante, más allá de lo que el secuestro representa para la estabilidad emocional de una sociedad, sus efectos trascienden lo familiar y llegan a reflejarse inclusive en los indicadores socio-económicos de un país, afectando sus inversiones, el movimiento de capitales y los flujos migratorios entre otros renglones; pero también refleja la salud de su sistema judicial, la cohesión social, el respeto a la dignidad humana por parte del Estado y en muchos casos, la capacidad de gobernar de sus dirigentes.
Lamentablemente en América latina, a la modalidad del “secuestro urbano” en sus distintas manifestaciones se han sumado redes de delincuencia organizada y hampa común, por cuanto los costos y riesgos de esta práctica son sumamente bajos en comparación con su rentabilidad. La impunidad y hasta indiferencia frente al delito se evidencia en el carácter cotidiano que adquieren informaciones escalofriantes y aterradoras con las que se abren los noticieros en sus diferentes emisiones; a lo que hay que agregar la inexistencia de denuncia en muchos casos, como una de las características de la falta de credibilidad del ciudadano en sus órganos de seguridad y en la estructura del Estado.
Indiscutiblemente, tanto el “secuestro urbano” como el de larga duración constituyen violaciones a la dignidad humana, cuya recurrencia refleja una evidente limitación del Estado en el ejercicio de su soberanía en todo el territorio nacional. Un Estado soberano, no solo es aquel que tiene la potestad de organizarse política y administrativamente como mejor le convenga; o aquel que decide con quien y de que manera se relaciona a nivel internacional. Un Estado soberano, es básicamente aquel que es capaz de hacer cumplir las leyes de la República en todo su territorio nacional, garantizando a sus habitantes la seguridad y estabilidad necesarias para desarrollarse.
El nivel de crecimiento y desarrollo de un país es directamente proporcional al nivel de seguridad de sus habitantes. Refiriéndose el término seguridad tanto a la integridad física y mental, como a la seguridad jurídica de sus decisiones y emprendimientos. En la actualidad, la tríada democracia, seguridad y desarrollo, representa una realidad que trasciende fronteras, al tiempo consolidad Naciones y define posicionamientos estatales en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo.
