jueves, 7 de junio de 2012

La denuncia del TIAR y el Consejo de Defensa del ALBA

Prof. Angel Castillo Siri

Los países del ALBA (Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) han decidido denunciar conjuntamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por considerar, según dice la declaración conjunta, que ha perdido legitimidad y vigencia, debido que en ocasión del conflicto de las Malvinas “… un Estado parte del Tratado apoyó la agresión.”
 
La denuncia de los países del ALBA, efectiva dentro de 2 años según lo estipulado en el Art. 25 del Tratado, se suma a la denuncia de México efectuada en octubre de 2002. Los argumentos de México se concentraron más en una crítica a la falta de profundidad del TIAR en abordar otras dimensiones de la seguridad hemisférica, como la superación de la pobreza y la desigualdad, el narcotráfico y crimen organizado, salud pública y pandemias y el terrorismo, no solo la dimensión militar enfocada a las realidades de la Guerra Fría. Cuando Brasil propuso convocar el TIAR como respuesta hemisférica ante los atentados del 11-S, se evidenció que efectivamente el Tratado no respondía a amenazas de estos actores subnacionales que permean las fronteras. El otro argumento, de menor peso para la posición mexicana, era la falta de legitimidad que había marcado al TIAR debido al conflicto de las Malvinas.
 
El causal de denuncia de los países del ALBA es un hecho ocurrido hace 30 años, cuando en 1982 el gobierno argentino de la época, bajo la dictadura de Galtieri, decidió resolver su reclamo por las Islas Malvinas por la vía militar. Las fuerzas argentinas ocuparon militarmente las islas en momentos en que tambaleaba la credibilidad de la dictadura en medio de la creciente impopularidad, la recesión económica y la crisis financiera. Galtieri fue, además, el comandante de las unidades argentinas que cerraron la frontera con Chile en 1981 por otro conflicto fronterizo respecto al Canal del Beagle. El análisis del Alto Mando argentino preveía que Gran Bretaña no reaccionaría por los recortes presupuestarios que estaba sufriendo su economía en recesión y que la movilización británica, de producirse, tardaría meses en concretarse. Fue una jugada arriesgada que resultó muy mal.
 
No cuestionamos la legitimidad del reclamo argentino, sino la estrategia adoptada por el gobierno de Galtieri, sobre todo comparando con los avances logrados en su momento por la diplomacia venezolana en su reclamo por los territorios del Esequibo. La placabilidad del TIAR en casos semejantes genera las siguientes preguntas: ¿obligaba el TIAR a cerrar filas en un conflicto cuando el primer movimiento de tropas, la Operación Rosario, fue iniciada por Argentina? ¿Significa esto que un gobierno puede iniciar acciones militares sobre cualquier área en reclamación o disputa y esperar el apoyo regional basado en el Tratado? ¿Se sienten obligados los demás gobiernos a prestar apoyo militar o más bien es un riesgo asumir un apoyo irrestricto a las estrategias de otros gobiernos que pueden ser altamente costosas, aplicando una solidaridad mal entendida?
 
Defender este enfoque de seguridad regional es retomar una visión tradicional eminentemente militar, vinculada al concepto de defensa, en donde se privilegia la noción de alianzas de activación automática, en vez de un enfoque multidimensional en donde las amenazas no surgen fundamentalmente de la acción deliberada de otro estado y que se basa en la cooperación en áreas específicas, pero que mantiene la autonomía de cada país en cuanto a su doctrina militar e hipótesis de conflictos.
 
El enfoque tradicional se refleja, aunque en una versión aligerada, en el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), uno de los órganos de la UNASUR. Allí vemos contemplada la cooperación en el área de defensa, intercambio de información y propuesta de una visión conjunta pero no existe nada parecido al Art. 3 del TIAR que “regionalice” las agresiones armadas contra algún país miembro. Tampoco incorpora disposiciones como las establecidas en los Art. 7 y 8 respecto a conflictos entre países americanos, en donde se asigna un rol al Órgano de Consulta, la determinación del agresor y las medidas a tomar, sino que solamente enuncia la promoción de la solución pacífica de conflictos.
 
Sin embargo, la propuesta de creación de una Consejo de Defensa del ALBA si pudiese generar un acuerdo en la región más parecido a una alianza defensiva similar al TIAR, sobre todo por la afinidad ideológica de sus integrantes y sus hipótesis de conflicto frente a los Estados Unidos. Debe considerarse con mucho cuidado si se promoverá esta alianza defensiva dentro del ALBA y contemplar cómo ese vinculará con el resto de la región y los costos que puede acarrear para nuestro país asumir compromisos de esta naturaleza cuando Nicaragua tiene problemas fronterizos con Colombia y Costa Rica, Bolivia reclama permanentemente su salida al mar y Cuba teme constantemente una agresión de Estados Unidos.