Dr. Kenneth
Ramírez
El Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, envió al Congreso su proyecto de “Reforma Energética” este
12 de agosto. Así, nuevamente la reforma de PEMEX vuelve a ocupar el centro del
debate político mexicano. Desde 2004, la empresa petrolera nacional ha mostrado
una disminución del 31% de sus reservas que pasaron desde 20,08 millardos de
barriles de petróleo equivalente (MMMBPE) hasta 13,81 MMMBPE en la actualidad;
y una declinación de su producción petrolera en 26%, desde 3,4 millones de
barriles diarios de petróleo (MMBD) hasta 2,5 MMBD en la actualidad. Aunque PEMEX
sigue siendo una empresa rentable –sobre todo a 100 $/Bl-, sus problemas de
productividad, la falta de autonomía operacional
y presupuestaria, las exigencias fiscales del Estado mexicano y el poderoso
sindicato petrolero mexicano han mermado su capacidad de crecimiento y amenazan
la seguridad energética de México. Además, los cambios regulatorios introducidos
en 2008, no lograron reactivar la producción, ni atraer tecnología para la
exploración y producción de sus prometedores recursos petroleros no
convencionales: en aguas profundas se estima la existencia de 29,5 MMMBPE;
además los estudios apuntan a un alto potencial en petróleo y gas de esquistos con
13 millardos de barriles y 545 billones de pies cúbicos.
La Administración Peña Nieto
ha tomado como fuentes de su Reforma Energética su propia historia y el modelo
petrolero brasileño. En primer lugar, ha señalado que el Presidente Lázaro
Cárdenas, quien nacionalizó PEMEX en 1938, contemplaba la rectoría del Estado
de la explotación de los recursos petroleros y una empresa petrolera nacional,
pero permitía la celebración de contratos con terceros con compensaciones para
realizar estas actividades. Fueron posteriores reformas, y en especial con el
Presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1958,
las que cerraron la participación privada en el sector petrolero. En segundo
lugar, el Presidente Peña Nieto ha señalado que su reforma contempla la
adopción de contratos de utilidad compartida sin que ello implique privatizar
PEMEX, y mayores márgenes de autonomía y flexibilidad fiscal, siguiendo el
ejemplo de PETROBRAS como empresa petrolera nacional exitosa. Los grandes objetivos
propuestos son elevar la producción hasta 3 MMBD en 2018 y 3,5 MMBD en 2025, lo
cual generaría 500 mil empleos en 2018 y 2 millones en 2025, y dispararía la
inversión en otras áreas conexas, elevando el PIB mexicano en 1% en 2018 y 2%
en 2025, permitiendo a México relanzarse como potencia emergente.
El Presidente Peña Nieto
cuenta con los votos de su partido PRI, a los que podrían sumarse los del PAN
que intentó infructuosamente reformar PEMEX en los sexenios de Vicente Fox y
Felipe Calderón –aunque con otra filosofía. Por ello, luce probable que sea
aprobada la “Reforma Energética”, siendo su principal escollo la oposición del
izquierdista López Obrador quien busca un nuevo aliento.
Si Peña Nieto alcanza sus
objetivos, consolidará el cambio en la situación energética de América del
Norte hacia una mayor autosuficiencia en las próximas décadas, gracias a las
arenas bituminosas de Canadá, el petróleo y gas de esquistos de EEUU, y una
mayor producción en México. Esto empujará los precios del petróleo a niveles de
85-90 $/Bl en la presente década e intensificará la competencia para abastecer
los mercados asiáticos, incluso entre socios OPEP que están siendo desplazados
de América del Norte como Nigeria y Angola.
Todo esto deja a Venezuela
frente a una serie de lecciones y retos. En primer lugar, las empresas
petroleras nacionales realmente eficientes, son aquellas que se centran en sus
actividades medulares, maximizan los ingresos a sus ciudadanos y evitan la
politización, como Statoil y PETROBRAS. En este sentido, PDVSA debe regresar a
sus tareas petroleras, reducir su implicación en la política partidista y los
cargos de Ministro de Energía –agente regulador- y Presidente de PDVSA
–operador- deben ser ejercidos por personas diferentes para reducir la
discrecionalidad, lo que lleva a la ineficiencia, la mala gestión y la
corrupción.
En segundo lugar, nuestro
modelo de empresa mixta es demasiado rígido -en comparación con PETROBRAS y ahora
PEMEX-, reduciendo al socio a un mero inversionista financiero minoritario sin
mayor implicación en las decisiones. Aunque esto da en el papel mayor margen de
maniobra a PDVSA, en la práctica al no tener suficiente capital, ha retrasado
los proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO); ya que PDVSA no sólo
espera que el socio coloque su parte, sino que aspira también le preste el
monto que le corresponde invertir.
En tercer lugar, nos deja
ante el reto de aumentar nuestra producción sin lesionar la cohesión de la OPEP
y con una diversificación de mercados pragmática y no ideologizada. Las necesidades
del pueblo venezolano han aumentado y la economía necesita empuje; ya no son
suficientes los ingresos que genera una producción estancada en los últimos
años, la cual se ubicó en 2,75 MMBD en el primer semestre de 2013 –por debajo
de la cuota OPEP. Resulta necesario empezar a construir cuanto antes un mejorador
en la FPO para no perder la competencia, lo cual supone agregar al menos +0,4
MMBD en esta década. Al respecto, el Presidente Maduro debería considerar la
salida del Ministro Rafael Ramírez, quien ha fracasado reiteradamente en el
cumplimiento del Plan Siembra Petrolera. Una vez que la producción aumente,
podemos considerar colocar producción en diferentes mercados, lo cual si bien es
sano para nuestra seguridad energética, no está reñido con mantener una sólida
posición en EEUU y Europa, ya que la competencia en Asia aumentará y los
niveles de precios serán menores.
