martes, 17 de septiembre de 2013

Gibraltar: estrecho de la discordia


 
Rossa Charum
Luego de tres siglos de un disperso, pero latente conflicto entre Reino Unido y España por el pequeño territorio de Gibraltar, la tensión en las relaciones hispano-británicas no para de crecer desde que a finales del mes pasado el gobierno de Gibraltar decidió hacer uso de aguas territoriales, cuya posesión aún disputa España, y de las cuales obtiene ganancias.
Gibraltar fue cedido por España, al Reino Unido, como lo estableció el Tratado de Utrecht en 1713. Tiempo después, en 1969, Gibraltar pasó de ser una colonia británica, para convertirse en un Territorio de Ultramar, donde el gobierno de Reino Unido ejerce soberanía en materia de política exterior y asuntos económicos. La autodeterminación del pueblo de Gibraltar no ha sido oficialmente reconocida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, a lo largo de la historia se han realizado varias consultas referendarias a la población de Gibraltar sobre si desean continuar bajo la soberanía británica -cuya respuesta siempre ha sido afirmativa.
España, históricamente, ha mantenido una política exterior de reclamo para obtener la re-cesión de este territorio a su poder; y en este conflicto en concreto, ha decidido radicalizar sus acciones en lo que se conoce como el Istmo o Verja de Gibraltar (barrera que divide Gibraltar de España) obstaculizando la actividad económica de los gibraltareños y generando retraso y pérdida para los que por allí circulen, alegando la intención de prevenir el contrabando en una zona de tanta importancia. Incluso, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, manifestó la convicción española de dirimir esta controversia, bien en el Tribunal de la Haya o en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha manifestado querer establecer una alianza con Argentina, quien será miembro pro-témpore de dicho órgano, y que mantiene un conflicto similar con Reino Unido por el territorio británico de ultramar conocido como islas Malvinas. Esta última expectativa ha sido foco de críticas por parte de la oposición creciente al gobierno español, quien califica de riesgoso establecer alianzas que podrían resultar perjudiciales a largo plazo, refiriéndose específicamente al gobierno argentino, y dejando claro, que a pesar de sus diferencias, España y Reino Unido mantienen una relación muy estrecha como miembros de la Unión Europea.
Reino Unido, arguye que España sólo quiere desviar la atención, debido a que ha sido uno de los más afectados por la crisis del Euro, y su situación interna tanto política como económica, es dificultosamente sostenible. Su alegato se resume a que la autodeterminación de Gibraltar es más importante que la integridad territorial de España, y que las recientes acciones de la primera, no afectan en lo absoluto a la segunda. Además, Londres ha calificado de ilegal las acciones que ha llevado a cabo Madrid, pues serían violatorias del marco normativo de quienes pertenecen a la Unión Europea, y ha manifestado la voluntad de ejercer acciones “sin precedentes” contra España.
Empero, ni Reino Unido, ni Gibraltar forman parte del Acuerdo de Schengen, que permite el libre tránsito de cualquier ciudadano en los países que forman parte de dicho instrumento jurídico internacional, lo que es usado por España, quien aún considera suyo parte del territorio de Gibraltar así como las aguas que fueron usadas para la pesca, por esta última. Gibraltar ha calificado de violentas, injustificadas y perjudiciales las acciones españolas, y apoya contundentemente la posición británica, que vela por la economía y estabilidad de las casi 35.000 personas que viven en este territorio.
Mientras España sugiere llevar esta controversia nuevamente a un plano internacional, Reino Unido ha exigido una respuesta contundente e inmediata de la Unión Europea como órgano de carácter regional. Esto ha resultado peculiar, ya que es bien sabido que Reino Unido ha asomado recientemente la posibilidad de abandonar la Unión Europea a largo plazo, además, su tradicional política exterior los ha proyectado como un Estado euroescéptico, lo cual se ha puesto aún más de manifiesto en el Parlamento británico con la grave crisis que atraviesa Europa.
No hay duda, hoy se encuentra más vivo que nunca un juego de intereses por uno de los territorios que controla la entrada y salida al Mar Mediterráneo, y por tanto, al Océano Atlántico, y que es muy cercano al Continente Africano. Los contrincantes, España y Reino Unido se encuentran en posiciones muy distintas, considerando que Reino Unido ha sido durante este tiempo de crisis, un sostén dentro la UE, mientras que España, una carga.
Se ha considerado como parte de una estrategia política de España el reavivar este conflicto, para distraer la atención de la crisis económica en la que se encuentra. Sin embargo, España ha decidido ir disminuyendo la agresividad con la que en un principio se enfrentó a Reino Unido, pues conoce las debilidades que tiene frente a este socio europeo, y ya hay voces que señalan como daño colateral de este conflicto bilateral, la derrota sufrida una vez más por la candidatura de Madrid –esta vez frente a Tokio- como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Por su parte, Gibraltar seguirá prefiriendo que su política exterior sea dirigida por Reino Unido mientras sus intereses económicos se vean satisfechos, no está demás recordar que muchos le tipifican como un paraíso fiscal. Es Reino Unido quien ha mantenido una posición tajante en este conflicto, pues más allá de mantener sus posesiones territoriales, desea seguirse proyectando como una potencia de alcance global, por más que sus años dorados hayan pasado.
La solución de este conflicto histórico resulta sin duda muy compleja, y requiere de una buena dosis de pragmatismo y creatividad. Quizás su europeización no sea una mala idea después de todo.

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