Victor Hugo Matos
El
caso de Edward Snowden ha tenido amplia repercusión internacional, en la medida
en que sus “revelaciones” han demostrado la existencia de una red estadounidense de espionaje de
alcance internacional, la cual se enfoca en el uso de la Meta-data (grandes
cantidades de información) y la vigilancia de equipos electrónicos por parte de
la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (por sus siglas en inglés, NSA) mediante el programa PRISM, lo cual a pesar de sonar bastante novedoso
resulta ser una extensión de programas como “Echelon” o “Carnivore”
cuyas características son de dominio público.
No obstante, a pesar de que en muchos países de la región se ha criticado la existencia de esta red estadounidense de espionaje, considerándola como una situación “grave” y “asombrosa”, en los últimos años se han producido diversos casos donde se han producido verdaderas escuchas ilegales sobre ciudadanos y políticos, lo cual revela como es el comportamiento de la Comunidad de Inteligencia en Suramérica y como se tiende a mirar a otro lado cuando el espionaje “ilegal” lo realizan los Estados de la región.
En primer lugar, toca hacer mención de un caso muy sonado en Argentina, donde se develó una trama de escuchas ilegales realizados por la Gendarmeria Nacional conocida como “Proyecto X”, las cuales se integraban a un programa que, según se descubrió, generaba informes de personas, donde se describían sus actividades políticas, su poder de convocatoria, y sus filiaciones partidarias. A esto se le añade el establecimiento de un sistema de registro biométrico de información, cuyos efectos sobre la información privada generan tanta suspicacia que hasta el propio Julian Assange ha llegado a criticar a Argentina por su sistema de vigilancia rígido e “invasivo”.
Otro caso donde las escuchas ilegales también generó un fuerte impacto mediático, al menos a nivel nacional, fue el caso de la vigilancia ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a políticos brasileños como Gilmer Mendes, quien es ministro del Tribunal Supremo Federal de Brasil y que implicó la participación de 56 agentes de dicha agencia, que supuestamente estaban participando en la “Operación Santiagraha” de anticorrupción, sobre los cuales recayó la acusación de colocar micrófonos de forma ilegal.
A estos ejemplos de espionaje en la región hemos de sumarles otros casos como el de el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, donde se vigiló a diversos elementos dentro de la sociedad civil mediante grabaciones ilegales durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos o las grabaciones que se sacan a la luz en Venezuela de forma recurrente, por parte de ambos sectores del espectro político y cuya facturación reúne todas las características de una grabación ilegal.
Es visible entonces, que si tuviera que definirse cuáles son las características de la Comunidad de Inteligencia en Suramérica, nos encontraríamos con una serie de organismos que actúan de forma desproporcionada, muchas veces sin una ley que limite su funcionamiento y, sobre todo, sin una correcta supervisión parlamentaria, algo que es esencial si se quiere insertar eficazmente las labores de inteligencia dentro del sistema democrático -lo que, en mayor o menor medida se realiza en EEUU.
Resulta paradójico entonces que algunos países de Suramérica se hayan mostrado asombrados por las acciones de espionaje realizado en sus países por EEUU y le hayan abierto las puertas a Edward Snowden, declarándose a sí mismos adalides del derecho a la privacidad, cuando en casa se permite la vigilancia a partir de escuchas ilegales a políticos de oposición, periodistas y magistrados, lo cual irónicamente va mas allá del alcance actual sobre el cual puede actuar la NSA mediante el PRISM.
Tampoco luce muy ética -a la luz de todo lo expuesto-, la Declaración emitida por la XLV Cumbre de Jefes de Estado de MERCOSUR expresando su solidaridad con los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela por el ofrecimiento de asilo en beneficio del ex-agente Snowden y rechazando las presuntas acciones de espionaje de EEUU contra la región.
Cuando la moral no nos asiste completamente, y tampoco existen intereses vitales directamente involucrados en un asunto, quizás sea mejor guardar un discreto silencio. De lo contrario, caemos en un torneo de retórica llena de sofismas y corremos el riesgo de tomar acciones imprudentes.
No obstante, a pesar de que en muchos países de la región se ha criticado la existencia de esta red estadounidense de espionaje, considerándola como una situación “grave” y “asombrosa”, en los últimos años se han producido diversos casos donde se han producido verdaderas escuchas ilegales sobre ciudadanos y políticos, lo cual revela como es el comportamiento de la Comunidad de Inteligencia en Suramérica y como se tiende a mirar a otro lado cuando el espionaje “ilegal” lo realizan los Estados de la región.
En primer lugar, toca hacer mención de un caso muy sonado en Argentina, donde se develó una trama de escuchas ilegales realizados por la Gendarmeria Nacional conocida como “Proyecto X”, las cuales se integraban a un programa que, según se descubrió, generaba informes de personas, donde se describían sus actividades políticas, su poder de convocatoria, y sus filiaciones partidarias. A esto se le añade el establecimiento de un sistema de registro biométrico de información, cuyos efectos sobre la información privada generan tanta suspicacia que hasta el propio Julian Assange ha llegado a criticar a Argentina por su sistema de vigilancia rígido e “invasivo”.
Otro caso donde las escuchas ilegales también generó un fuerte impacto mediático, al menos a nivel nacional, fue el caso de la vigilancia ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a políticos brasileños como Gilmer Mendes, quien es ministro del Tribunal Supremo Federal de Brasil y que implicó la participación de 56 agentes de dicha agencia, que supuestamente estaban participando en la “Operación Santiagraha” de anticorrupción, sobre los cuales recayó la acusación de colocar micrófonos de forma ilegal.
A estos ejemplos de espionaje en la región hemos de sumarles otros casos como el de el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, donde se vigiló a diversos elementos dentro de la sociedad civil mediante grabaciones ilegales durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos o las grabaciones que se sacan a la luz en Venezuela de forma recurrente, por parte de ambos sectores del espectro político y cuya facturación reúne todas las características de una grabación ilegal.
Es visible entonces, que si tuviera que definirse cuáles son las características de la Comunidad de Inteligencia en Suramérica, nos encontraríamos con una serie de organismos que actúan de forma desproporcionada, muchas veces sin una ley que limite su funcionamiento y, sobre todo, sin una correcta supervisión parlamentaria, algo que es esencial si se quiere insertar eficazmente las labores de inteligencia dentro del sistema democrático -lo que, en mayor o menor medida se realiza en EEUU.
Resulta paradójico entonces que algunos países de Suramérica se hayan mostrado asombrados por las acciones de espionaje realizado en sus países por EEUU y le hayan abierto las puertas a Edward Snowden, declarándose a sí mismos adalides del derecho a la privacidad, cuando en casa se permite la vigilancia a partir de escuchas ilegales a políticos de oposición, periodistas y magistrados, lo cual irónicamente va mas allá del alcance actual sobre el cual puede actuar la NSA mediante el PRISM.
Tampoco luce muy ética -a la luz de todo lo expuesto-, la Declaración emitida por la XLV Cumbre de Jefes de Estado de MERCOSUR expresando su solidaridad con los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela por el ofrecimiento de asilo en beneficio del ex-agente Snowden y rechazando las presuntas acciones de espionaje de EEUU contra la región.
Cuando la moral no nos asiste completamente, y tampoco existen intereses vitales directamente involucrados en un asunto, quizás sea mejor guardar un discreto silencio. De lo contrario, caemos en un torneo de retórica llena de sofismas y corremos el riesgo de tomar acciones imprudentes.
