Energía y petróleo en las primarias de EEUU

Dr. Kenneth Ramírez

El panorama energético ha cambiado desde que Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009. La lenta recuperación económica tras la recesión de 2008 y el auge de la producción de esquistos, han redundado en una reducción de las importaciones energéticas –en su nivel más bajo en 30 años-, en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero –en su nivel más bajo en 27 años- y en una presión a la baja a los precios del petróleo –que ha beneficiado al consumidor estadounidense. En el caso concreto del petróleo, el porcentaje de las importaciones en el consumo total, pasó desde 50% en 2009 hasta 24,2% en 2015. Es decir, hoy por hoy, EEUU es más independiente energéticamente. No obstante, estos desarrollos están más asociados a las empresas petroleras estadounidenses, que a una política energética de Obama más orientada a fomentar las renovables y la eficiencia energética, la cual hasta ahora ha tenido un impacto mucho menor. El Presidente Obama sólo ayudó a los productores de esquistos levantando la prohibición a las exportaciones petroleras en 2015 -vigente durante 40 años- frente a la caída de precios provocada por la estrategia saudita destinada a defender su cuota de mercado. Sin embargo, los moderados precios actuales han impactando a estos productores, y por ello se estima que la producción de EEUU descenderá por primera vez en los últimos 8 años, desde 9,4 millones de barriles diarios (MMBD) en 2015 hasta 8,4 MMBD en 2016.

Por otra parte, cuando oteamos la situación actual de las primarias de EEUU, tenemos dos candidatos ya claramente ganadores: la experimentada Hillary Clinton, y el polémico Donald Trump. Clinton ha liderado las primarias demócratas desde el principio frente a la simbólica candidatura de Bernie Sanders. Por su parte, Trump apalancado en una retórica populista muy fuera de tono y en su manejo de los medios de comunicación, logró hacer lo impensable, batir a todos los candidatos y forzar a la élite del Partido Republicano a buscar un compromiso. En consecuencia, ya es hora de empezar a analizar sus propuestas energéticas.

Hillary Clinton tiene una dilatada trayectoria pública que le ha llevado a tratar ampliamente este tema. Clinton apoya el Plan de Energía Limpia delineado por el Presidente Obama en 2012 para reducir en 32% las emisiones de las centrales termoeléctricas para 2030 respecto a 2005 -mediante regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para evitar al Congreso-, el cual está asociado a un sistema de comercio de emisiones y a un plan para aumentar las energías renovables desde 13% en el mix de generación eléctrica en 2015 hasta el 28% en 2030. Esto le permitió a EEUU participar en las negociaciones multilaterales que hicieron posible el Acuerdo de Paris contra el cambio climático, que ha sido señalado por el Presidente Obama como “la mayor amenaza para nuestro futuro”. Empero, la Corte Suprema de Justicia a principios de este año, decidió suspender cautelarmente este plan, mientras se resuelven una serie de juicios interpuestos.  

En consecuencia, Clinton seguiría la política de Obama, y ha manifestado que buscaría convertir a EEUU en una “superpotencia de energía limpia”. De hecho, ha propuesto que 33% del mix de generación eléctrica provenga de renovables en 2027, apostando por la instalación de 500 millones de paneles solares en 2020 y por hacer permanentes las exenciones fiscales para las renovables. Desea prohibir la perforación petrolera en áreas costa afuera y en el Ártico, implementar un impuesto a las ganancias súbitas a las petroleras, fortalecer las regulaciones para los oleoductos y gasoductos, invertir para hacer más eficientes las infraestructuras energéticas, y se ha opuesto al controversial proyecto de oleoducto Keystone XL que podría transportar 0,83 MMBD –monto superior a lo importado desde Venezuela- desde las arenas bituminosas de Canadá debido a la posible afectación de ecosistemas sensibles. Clinton ha propuesto un plan de 30 millardos de dólares para ayudar a la transición de las comunidades locales que dependan del carbón. Además, apoya la energía nuclear, afirmando que “un rápido cierre de las centrales nucleares de EEUU, antepone la ideología a la ciencia y los intereses nacionales”, en alusión a Sanders. Finalmente, considera que la fracturación hidráulica (fracking) ha sido un éxito, siendo más rentable que las renovables en el mediano plazo y menos contaminante que el carbón. No obstante, propone fortalecer las regulaciones ambientales para este sector.

Como en muchos otros temas, Donald Trump es el candidato cuyo programa energético resulta más desconocido. Ha causado revuelo por señalar que apoyaría el carbón y la energía nuclear, ya que generan empleo y fortalecen la seguridad energética. Está a favor de apoyar la producción petrolera doméstica –su principal asesor es Kevin Cramer, Representante por Dakota del Norte, estado líder en la producción de petróleo de esquistos. Se ha burlado de los que “creen” en el cambio climático y las energía renovables. Está a favor de la construcción del oleoducto Keystone XL. Considera que las regulaciones de la EPA son “una desgracia”, y ha señalado que eliminaría esta agencia creada por Nixon en 1971. A nivel internacional, ha señalado que revisaría la participación de EEUU en el Acuerdo de Paris, que dejaría de comprar petróleo a Arabia Saudita si no apoya más activamente la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria –por sus siglas en inglés, ISIS-, y que “tomaría” el petróleo de Irak y Libia si debe impulsar intervenciones para luchar contra el terrorismo y estabilizarlos. Su ignorancia sobre las consecuencias de sus propuestas en materia energética, como en muchos otros temas, resulta escandalosa. En definitiva, tenemos a Hillary Clinton con una aproximación más pragmática, cooperativa y cosmopolita; y un Trump más “fosilizado”, agresivo y nacionalista. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

La OEA, el "síndrome del Estado Parte" y la fórmula Almagro

Carlos Pozzo

La Organización de los Estados Americanos (OEA), como toda institución internacional creada a semejanza de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), padece de lo que podría denominarse “Síndrome del Estado Parte”, condición que afecta o podría afectar el funcionamiento de los principales órganos de gobierno del cuerpo multilateral. El convenio constitutivo de la OEA, al igual que los de la mayoría de las organizaciones intergubernamentales, atribuye una importancia crucial al “Estado Parte” al convertirlo en el eje fundamental sobre el que giran las decisiones y las acciones de la institución multilateral en toda la dimensión interamericana.

El aspecto controversial de esa atribución es que el “Estado Parte” suele ser representado por un gobierno que, en determinadas circunstancias, asume intereses contrarios a los de la mayoría de sus gobernados, como quedó en evidencia con el caso de Venezuela y el ofrecimiento de la OEA para enviar una misión técnica de observación electoral en la víspera de los comicios parlamentarios realizados el pasado 6 de diciembre. Como se recordará, la reiterada exigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para que se aceptara el ofrecimiento de la OEA fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, actuando como apéndice del Poder Ejecutivo, se alineó con el sector oficialista y con la posición del gobierno que, en su condición de representante del “Estado Parte” y con base en una motivación más política que técnica, se opuso a la solicitud para que la OEA desplegara una misión de observación electoral como instrumento para generar confianza en los resultados de dichos comicios.  

Tomando en cuenta la incidencia jurídica y política del principio del “Estado Parte”, la postura asumida por el Secretario General de la OEA, antes y después de ese memorable suceso, reviste una incuestionable importancia. Almagro ha dedicado horas extras de trabajo al caso de Venezuela, en vista del empeño del gobierno de Maduro en desconocer la autoridad constitucional del Poder Legislativo derivada de la masiva voluntad popular que se expresó en diciembre. La constante violación del orden democrático venezolano por el Poder Ejecutivo obligó a Almagro a resolver el dilema que impidió a sus antecesores desempeñarse con el coraje que reclama la solución de una crisis política. Es decir, dilucidó el dilema que le impedía al funcionario internacional trabajar en consonancia con las decisiones y orientaciones de los “Estados Partes”, que a la postre son sus mandantes por haberlo elegido como Secretario General, y al mismo tiempo, desempeñarse honrando el compromiso de defender y promover los principios y valores fundamentales que están consustanciados con la existencia misma de la organización, es decir, con la democracia y los derechos humanos.

El significativo impacto que en el ámbito nacional e internacional ha producido la resuelta actitud de Almagro ensu condición de Secretario General de la OEA le ha elevado el costo político al gobierno de Venezuela, mientras que ha colocado en una posición de fortaleza a la oposición democrática. Los múltiples llamados a la solución de la crisis venezolana por parte de gobiernos, instituciones y personalidades con reconocida influencia en la política internacional se produjeron con mayor intensidad a raíz de la última e inusual carta remitida directamente a Maduro. La misiva de Almagro  proporciona, por su crudeza y determinación, un importante camino que puede conducir hacia la justa valoración jurídica y política de los instrumentos interamericanos que han sido adoptados para promover y proteger a la democracia y sus valores fundamentales,de los excesos y abusos del poder en los que, de manera autocrática, suelen incurrir los gobernantes latinoamericanos.

La iniciativa del Secretario General de la OEA de invocar la Carta Democrática Interamericana para examinar el caso venezolano ha sido desafiada por el gobierno de Maduro con base en el argumento de que para ello se requiere la autorización del “Estado Parte”, es decir, del mismo gobierno nacional. Sin embargo, Almagro ha resuelto ir adelante con apego a lo dispuesto en el artículo 21 de la propia Carta y con fundamento en el informe que, sustanciado por la Asamblea Nacional de Venezuela, expone crudamente las flagrantes violaciones del orden constitucional en las que ha incurrido el Poder Ejecutivo, en colusión con Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral.

El Consejo Permanente de la OEA puede admitir o desestimar la propuesta del Secretario General de examinar con ojo crítico el caso venezolano, de manera que el éxito o fracaso de su iniciativa depende, paradójicamente, de los “Estados Partes”. No obstante ello, en caso de que el principal órgano de la OEA decida respaldar la propuesta de Almagro, tal como se vislumbra, el sistema interamericano estará frente a un caso inédito en el cual, más allá del infame Fujimorazo contra el desprestigiado Congreso peruano, el Secretario General de la OEA se moviliza para contener la arremetida institucional del Poder Ejecutivo de un “Estado Parte” que, coludido con otros poderes públicos y en clara alteración del orden constitucional, desconoce y asedia al Poder Legislativo recién electo por una abrumadora mayoría de sus conciudadanos. Al aprobarse el planteamiento de Almagro, la OEA habrá abonado el terreno para instituir una suerte de fórmula que se orienta más a proteger la voluntad popular personificada en los parlamentos nacionales, que a los poderes ejecutivos que son amenazados por las típicas asonadas militares.