De diálogos, maniobras y realidades

Dr. Kenneth Ramírez

Desde hace mes y medio, hemos visto un creciente interés de la Comunidad Internacional por la crisis de Venezuela. Más allá de lo declarativo, se han puesto en marcha iniciativas de diplomacia preventiva, cuyo clímax observaremos esta semana. Existe mucha preocupación por el deterioro de la situación venezolana que puede llevar a escenarios de explosión social, violencia e inestabilidad política con consecuencias para todo el vecindario. Desde el gobierno venezolano se cree utópicamente en la posibilidad de cambiar esta realidad con maniobras diplomáticas. Lo cierto, es que si la crisis sólo fuera política, quizás podría hacerlo. Empero, el agotamiento del modelo económico agravado con la caída del petróleo, ha llevado a una severa contracción del PIB en -5,7% en 2015, y los pronósticos del FMI apuntan a que lo hará en -8% en 2016 y -4,5% en 2017. Además, todas las agencias señalan que los precios del petróleo se mantendrán entre 40 y 50 $/Bl en lo que resta de 2016 y apenas repuntarán un poco más en 2017, sobre todo una vez que han constatado que la OPEP no tomará decisión alguna en el corto plazo. Todo esto, a su vez, ha generado una crisis humanitaria debido a la escasez de alimentos y medicinas, el aumento del desempleo y la delincuencia. La CEPAL señala que niveles de pobreza han aumentado hasta alrededor de 40%.

En este contexto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe contundente el pasado 30 de mayo, el cual concluye que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, de acuerdo al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Lejos de una suspensión de Venezuela de la OEA para lo cual no existe interés en este momento, de activarse la Carta -se requieren 18 votos- se desplegarían gestiones diplomáticas para destrabar la celebración de un Referéndum Revocatorio este año, liberar los presos políticos, abrir un canal humanitario y resolver el conflicto existente entre los poderes públicos. Este jueves 23 de junio, se ha convocado un Consejo Permanente de la OEA para realizar una apreciación colectiva de la situación venezolana a partir del informe Almagro y tomar una decisión.

Por otra parte, tenemos las gestiones de los Ex–Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, para propiciar un diálogo político en Venezuela y hacer recomendaciones para atender la crisis económica. Esto nació de una iniciativa del Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper, quien ha tenido un manejo parcializado de la situación venezolana a lo largo de su desempeño, por lo cual estos facilitadores no han sido bien recibidos por toda la oposición venezolana. Incluso, Samper ha sido criticado por Paraguay por no consultar con los países miembros. En consecuencia, estas gestiones no han podido fructificar, aunque fueron avaladas el pasado 1 de junio en una resolución aprobada en un Consejo Permanente de la OEA convocado por Argentina –que busca impulsar a su Canciller a la Secretaría General de la ONU-, donde los países miembros dieron su apoyo a las “iniciativas de diálogo” para la “consolidación de la democracia representativa” y también a los “procedimientos constitucionales” -léase, celebrar un Referéndum Revocatorio. Resultó llamativo que la diplomacia venezolana no pudo suspender esta reunión como quería, ni aprobar una resolución de su autoría, ni modificar la resolución aprobada que contiene un concepto de democracia que ha objetado por años. Atrás quedaron los tiempos donde Venezuela utilizaba PETROCARIBE como minoría de bloqueo. Este martes 21 de junio, se efectuará un Consejo Permanente de la OEA para escuchar a los Ex-Presidentes; y Samper convocó una Reunión Extraordinaria de Cancilleres UNASUR para los mismos fines este jueves 23 de junio –Paraguay ya objetó esta convocatoria por coincidir con el Consejo Permanente de la OEA donde se discutirá el informe Almagro.

No se extrañe usted, amigo lector, estas reuniones yuxtapuestas son producto de las maniobras de la diplomacia venezolana para impulsar la facilitación de los Ex-Presidentes en el marco de UNASUR, debilitar la discusión del informe Almagro y bloquear la activación de la Carta Democrática Interamericana, mientras gana tiempo para evitar como sea un Referéndum Revocatorio este año. Sin embargo, la geopolítica en UNASUR ha cambiado: Caracas sólo cuenta con Ecuador, Bolivia y Surinam tras la victoria de Macri y el impeachment a Dilma, junto a las ventajas de tener como aliado a Samper y detentar la Presidencia pro-témpore de una organización que ya no ofrece el refugio eficaz de otrora.

Asimismo, en la 46° Asamblea General de la OEA aunque el tema venezolano no estaba en agenda, la Canciller Delcy Rodríguez atacó a Almagro para disminuir su prestigio, evadir la discusión de argumentos y huir hacia adelante; presentando incluso una resolución en su contra: sólo fue aprobado permitir que Venezuela vuelva a presentarla en un Consejo Permanente sin fecha exacta, aunque se cantó “victoria”. Paralelamente, 15 países miembros de la OEA –incluyendo los de mayor peso geopolítico y una mayoría clara de países UNASUR- firmaron un Comunicado en Santo Domingo pidiendo que las gestiones de los Ex-Presidentes tengan “resultados positivos en un tiempo razonable” y una “aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales” –léase, otra vez, celebrar un Referéndum Revocatorio.

No puede pasarse por alto, la reunión entre la Canciller Rodríguez y el Secretario Kerry, donde acordaron reactivar el canal de diálogo bilateral con Thomas Shannon a la cabeza. Este diálogo no es, como se ha dicho, para mejorar relaciones e intercambiar Embajadores –no hay desde 2010. A Obama le restan 6 meses en la Casa Blanca y no tiene el apoyo del Congreso para esto. EEUU sólo continúa con su estrategia de propiciar un “aterrizaje suave” (soft landing) de Venezuela, evitando un peligroso colapso con posible desbordamiento regional. Shannon viene a negociar fecha y condiciones para un Referéndum Revocatorio, teniendo como bazas la Orden Ejecutiva N° 13692 prorrogada el 3 de marzo y la eventual activación de la Carta Democrática Interamericana.

Finalmente, en una artimaña de último minuto que revela desesperación, el Embajador venezolano en la OEA, Bernardo Álvarez, envió una misiva el pasado lunes 20 de junio pidiendo desconvocar el Consejo Permanente de la OEA de este jueves 23 de junio, ya que a su juicio el tema venezolano ya había sido suficientemente analizado en el citado Consejo Permanente del 1 de junio; además de intentar descalificar una vez más al Secretario General Almagro por su supuesta ojeriza hacia el gobierno de Venezuela y su supuesta usurpación de competencias al invocar la Carta Democrática Interamericana -en un análisis jurídico muy endeble que revela las carencias de la actual Cancillería venezolana.

De manera que, sea cual sea la fórmula que sea acordada esta semana en las reuniones citadas, toda maniobra de la diplomacia venezolana está destinada a fracasar. Se ha constituido un amplio consenso hemisférico sobre la necesidad de un Referéndum Revocatorio este año como paso inicial para resolver la crisis venezolana en clave de seguridad regional. De mantener su inmovilismo acompañado de represión, el gobierno venezolano encarará ostracismo y sanciones. La realidad geopolítica está en contra del Presidente Maduro, el cual se encuentra en zugzwang en términos de ajedrez. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

La OEA en la encrucijada

Embajador (r) Milos Alcalay

La OEA conmemorará pronto 70 años de existencia. La máxima institución hemisférica  ha vivido varias encrucijadas desde la reunión del Congreso de Panamá convocada por el Libertador en 1826; luego con la Conferencia Panamericana de Washington en 1889 y finalmente en la actual etapa que nace en Bogotá en 1948. La adopción por unanimidad en 2001 de la Carta Democrática Interamericana, incorpora al sistema interamericano los principios y valores de la Democracia Representativa.

Esta semana, los días 21 y 23 de junio, los países miembros han sido llamados a pronunciarse en relación a Venezuela y su decisión marcará los pasos futuros de la institución. Siempre ha animado a los gobiernos procurar la solución de conflictos a través de medios pacíficos como los buenos oficios, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Lo cierto es que se evidencia que la “solidaridad  automática” de respaldo incondicional que se produjo a inicios del Siglo XXI con los gobiernos de la ALBA en general y con el gobierno de Venezuela en particular, ya no parece estar vigente, ya que la crisis política, económica e institucional es conocida y reconocida por todos los países miembros del máximo organismo hemisférico. La posición de la OEA no es la única, ya que repite las mismas preocupaciones de otros organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, el G-7, MERCOSUR, además de las Declaraciones de las  Internacionales Políticas de los más variados signos políticos e ideológicos. Es decir, el actual gobierno venezolano -que estará en el “banquillo de los acusados”- se encuentra cada vez más aislado, y deberá responder sobre los compromisos democráticos asumidos e incumplidos.

La encrucijada en la que se encuentra la OEA esta semana, tiene dos fechas: el 21 y el 23 de junio: El 21 de junio el Consejo Permanente de la OEA se pronunciará sobre el “diálogo” en Venezuela  a instancia del gobierno de Maduro quien solicitó se escuchara a los Ex-Presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Torrijos. Si bien se trata de personalidades destacadas, lo procedente sería aceptar que la oposición propusiera una lista adicional de otros Ex-Presidentes de UNASUR para que de esa manera se constituya un grupo más equilibrado. Esta semana, 30 ex-mandatarios iberoamericanos le dirigieron una comunicación de respaldo a Almagro, de los cuales la OEA debería aceptar algunos para incorporarlos ya que no puede existir una mediación creíble propuesta sólo por una  de las partes en conflicto tal como ha afirmado acertadamente el ex-candidato presidencial Henrique Capriles y otros destacados dirigentes de la oposición venezolana.

El 23 de junio el Consejo Permanente se reunirá nuevamente, esta vez a instancia del Secretario General  de la OEA, Luis Almagro, haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Carta Democrática Interamericana en el artículo 20. El otrora Canciller de Uruguay ha asumido su responsabilidad con mucha dignidad y valentía a pesar de los insultos, amenazas y chantajes recibidos por parte del gobierno venezolano en su desesperado intento de evitar que se evalúe el incumplimiento con ese compromiso internacional. Hubiera sido más fácil para el Secretario General de la OEA no enfrentarse a una “diplomacia de carritos chocones”, pero prefirió asumir riesgos defendiendo los principios y valores democráticos de la OEA.

Ahora le corresponde a los gobiernos del Hemisferio pronunciarse. Uno de los errores de la “diplomacia bolivariana”, ha sido creer que con atropellos y amenazas logrará hacer cambiar las posiciones de los gobiernos. Y por más que convoque múltiples  reuniones del Consejo Permanente, estamos esperanzados de que los gobiernos sigan siendo fieles a la posición interamericana que fomenta la prevención de conflictos, apoyo a un diálogo veraz, contribuir a que se dé una solución pacífica a la controversia, y exija a ambas partes el cumplimiento de la Constitución y de los acuerdos internacionales. En todo caso, el 23 de junio con la presentación del Informe Almagro de 123 páginas -que es una fotografía de la triste realidad venezolana-, será un documento oficial de la OEA. Los gobiernos tienen la palabra para definirse en esta nueva encrucijada.

@milosalcalay

Venezuela y las cláusulas democráticas de la región

Embajador (r) J. Gerson Revanales

Posiblemente la propuesta del recién electo Presidente de Argentina, a pesar del ventajismo kirchnerista, de invocar la Cláusula Democrática de MERCOSUR, por ahora no prospere debido a que las decisiones en este se toman por consenso –y Brasil no está de acuerdo por ahora. Sin embargo, es la primera piedra junto con la solicitud de la Corte Suprema de Chile para restituir el sistema democrático en Venezuela; sin olvidar la posición de Luis Almagro en la OEA y el impase con Brasil en UNASUR, que deja clara la preocupación que hay en la región por el peligro que corre la democracia en Venezuela.

Al contrario de las retorcidas interpretaciones que hacen los voceros del gobierno; tanto la preocupación del Presidente Macri como la decisión del Corte chilena se ajustan a derecho, en ningún momento son injerencistas y sólo exigen al gobierno cumplir con su Constitución y respetar los compromisos internacionales bajo el principio de corresponsabilidad.

Nos explicamos: los compromisos internacionales son en ambas vías, crean y generan obligaciones y derechos. Las partes firmantes se obligan a cumplir los términos del Acuerdo pero también están en la obligación de exigir a las contrapartes el cumplimiento de esos compromisos; más aún cuando en el artículo 23 de la Constitución Bolivariana queda establecido que los Acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos prevalecen en el orden interno, son de aplicación inmediata y directa por el Poder Público.

Todos los mecanismos regionales cuentan con su Cláusula Democrática: el Mercado Común Centro Americano, el Tratado Marco de Seguridad Democrática 1995; el Protocolo de Ushuaia del MERCOSUR (1998); la CAN el "Compromiso por la Democracia" (2000) y la OEA subsumió los anteriores compromisos en la Carta Democrática Interamericana (2001); y recientemente UNASUR acordó su Clausula Democrática en el 2010. Donde todos tienen en común, defender “La plena vigencia de las instituciones democráticas, condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración”.

 En caso de desacato, las cláusulas tienen la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático.

La decisión de la CSJ chilena de solicitar a su gobierno de acudir a la CIDH/OEA a fin de que se constituya en los penales en que se encuentran Leopoldo López y Ceballos, de ningún modo es injerencista; sólo que le ordena al gobierno de Bachelet exigirle a Maduro cumplir con sus compromisos internacionales.

@grevanales