Rossa Charum
Luego de tres siglos de un disperso, pero latente conflicto entre Reino
Unido y España por el pequeño territorio de Gibraltar, la tensión en las
relaciones hispano-británicas no para de crecer desde que a finales del mes
pasado el gobierno de Gibraltar decidió hacer uso de aguas territoriales, cuya
posesión aún disputa España, y de las cuales obtiene ganancias.
Gibraltar fue cedido por España, al Reino Unido, como lo estableció el
Tratado de Utrecht en 1713. Tiempo después, en 1969, Gibraltar pasó de ser una
colonia británica, para convertirse en un Territorio de Ultramar, donde el
gobierno de Reino Unido ejerce soberanía en materia de política exterior y
asuntos económicos. La autodeterminación del pueblo de Gibraltar no ha sido
oficialmente reconocida por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, sin embargo, a lo largo de la historia se han realizado varias
consultas referendarias a la población de Gibraltar sobre si desean continuar
bajo la soberanía británica -cuya respuesta siempre ha sido afirmativa.
España, históricamente, ha mantenido una política exterior de reclamo para
obtener la re-cesión de este territorio a su poder; y en este conflicto en
concreto, ha decidido radicalizar sus acciones en lo que se conoce como el
Istmo o Verja de Gibraltar (barrera que divide Gibraltar de España)
obstaculizando la actividad económica de los gibraltareños y generando retraso
y pérdida para los que por allí circulen, alegando la intención de prevenir el
contrabando en una zona de tanta importancia. Incluso, el Ministro de Asuntos Exteriores
de España, manifestó la convicción española de dirimir esta controversia, bien
en el Tribunal de la Haya o en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha
manifestado querer establecer una alianza con Argentina, quien será miembro
pro-témpore de dicho órgano, y que mantiene un conflicto similar con Reino
Unido por el territorio británico de ultramar conocido como islas Malvinas. Esta
última expectativa ha sido foco de críticas por parte de la oposición creciente
al gobierno español, quien califica de riesgoso establecer alianzas que podrían
resultar perjudiciales a largo plazo, refiriéndose específicamente al gobierno
argentino, y dejando claro, que a pesar de sus diferencias, España y Reino
Unido mantienen una relación muy estrecha como miembros de la Unión Europea.
Reino Unido, arguye que España sólo quiere desviar la atención, debido a
que ha sido uno de los más afectados por la crisis del Euro, y su situación
interna tanto política como económica, es dificultosamente sostenible. Su
alegato se resume a que la autodeterminación de Gibraltar es más importante que
la integridad territorial de España, y que las recientes acciones de la
primera, no afectan en lo absoluto a la segunda. Además, Londres ha calificado
de ilegal las acciones que ha llevado a cabo Madrid, pues serían violatorias del
marco normativo de quienes pertenecen a la Unión Europea, y ha manifestado la
voluntad de ejercer acciones “sin precedentes” contra España.
Empero, ni Reino Unido, ni Gibraltar forman parte del Acuerdo de Schengen,
que permite el libre tránsito de cualquier ciudadano en los países que forman
parte de dicho instrumento jurídico internacional, lo que es usado por España,
quien aún considera suyo parte del territorio de Gibraltar así como las aguas
que fueron usadas para la pesca, por esta última. Gibraltar ha calificado de
violentas, injustificadas y perjudiciales las acciones españolas, y apoya
contundentemente la posición británica, que vela por la economía y estabilidad
de las casi 35.000 personas que viven en este territorio.
Mientras España sugiere llevar esta controversia nuevamente a un plano
internacional, Reino Unido ha exigido una respuesta contundente e inmediata de
la Unión Europea como órgano de carácter regional. Esto ha resultado peculiar, ya
que es bien sabido que Reino Unido ha asomado recientemente la posibilidad de
abandonar la Unión Europea a largo plazo, además, su tradicional política
exterior los ha proyectado como un Estado euroescéptico, lo cual se ha puesto
aún más de manifiesto en el Parlamento británico con la grave crisis que
atraviesa Europa.
No hay duda, hoy se encuentra más vivo que nunca un juego de intereses por
uno de los territorios que controla la entrada y salida al Mar Mediterráneo, y por
tanto, al Océano Atlántico, y que es muy cercano al Continente Africano. Los
contrincantes, España y Reino Unido se encuentran en posiciones muy distintas,
considerando que Reino Unido ha sido durante este tiempo de crisis, un sostén
dentro la UE, mientras que España, una carga.
Se ha considerado como parte de una estrategia política de España el
reavivar este conflicto, para distraer la atención de la crisis económica en la
que se encuentra. Sin embargo, España ha decidido ir disminuyendo la
agresividad con la que en un principio se enfrentó a Reino Unido, pues conoce
las debilidades que tiene frente a este socio europeo, y ya hay voces que
señalan como daño colateral de este conflicto bilateral, la derrota sufrida una
vez más por la candidatura de Madrid –esta vez frente a Tokio- como sede de los
Juegos Olímpicos de 2020. Por su parte, Gibraltar seguirá prefiriendo que su
política exterior sea dirigida por Reino Unido mientras sus intereses
económicos se vean satisfechos, no está demás recordar que muchos le tipifican como
un paraíso fiscal. Es Reino Unido quien ha mantenido una posición tajante en
este conflicto, pues más allá de mantener sus posesiones territoriales, desea
seguirse proyectando como una potencia de alcance global, por más que sus años
dorados hayan pasado.
La solución de este conflicto histórico resulta sin duda muy compleja, y requiere
de una buena dosis de pragmatismo y creatividad. Quizás su europeización no sea una mala idea
después de todo.
