Richard Díaz
El pasado
18 de abril se celebró en Lima (Perú), la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de UNASUR y su Secretario General, Alí Rodríguez Araque, convocada
por su Presidente pro-témpore, Ollanta Humala, con el propósito de abordar la
crisis política en Venezuela abierta tras las elecciones presidenciales del 14
de abril, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como
ganador al candidato oficialista y Presidente Encargado Nicolás Maduro Moros con
el 50,75% de los votos, frente al 48,97% del abanderado de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) Henrique Capriles Radonski, quien desconoció estos resultados,
denunció el ventajismo oficial y pidió una auditoría ciudadana al CNE. A pocos
días de haberse celebrado dicha Cumbre de UNASUR, es notorio observar que dejó
más interrogantes que aportes a la solución de la crisis política venezolana.
Quedan
muchas dudas por despejarse con el desenlace de la reclamación de la MUD y de
su candidato Henrique Capriles Radonski ante el CNE, y de ser necesario, la
posible impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia y otras
instancias internacionales. Todo esto en virtud de una realidad innegable: al
menos más de siete millones de venezolanos cuestionan actualmente la elección y
legitimidad de Nicolás Maduro como Presidente, hasta tanto se demuestre que
hubo la debida transparencia en el proceso electoral, mediante una auditoría ciudadana
a fondo, y con el fin de que esclarecer la verdadera voluntad mayoritaria de los
15 millones de venezolanos que ejercieron su voto.
Si bien el
inicio de la Cumbre de UNASUR a sólo cuatro días del evento comicial, estuvo marcado
por la tensión que produjeron horas antes las denuncias de fraude y ventajismo de
Estado por parte del candidato Henrique Capriles Radonski luego del boletín del
CNE, es preocupante ver cómo se dio tan rápido la aprobación de la “Declaración
de Lima” que respaldó a Nicolás Maduro como Presidente Electo, la misma noche antes
del acto de juramentación. Y que vino además del respectivo acompañamiento y
legitimación que le brindaron sus colegas mandatarios al asistir al citado acto
en la Asamblea Nacional, ignorando así los reclamos de la otra mitad que se
manifestaba con cacerolazos en todas partes. Lo que demuestra una vez más que la
teoría realista sigue siendo válida para el estudio de las Relaciones Internacionales:
Los Estados actúan de acuerdo a intereses
en términos de poder y no en base a principios.
Esta
clásica premisa del realismo político, tan debatida por pesimista en el ámbito
académico, ayuda a comprender las siguientes interrogantes: ¿por qué UNASUR
actuó de forma tan apresurada en reconocer y legitimar a Maduro,? ¿Por qué no
medió ni ha mediado a estas alturas en el conflicto político abierto en
Venezuela? ¿Cuál o cuáles son los intereses que han prevalecido? ¿Por qué le ha
restado importancia a la crisis venezolana?
Para nadie
es un secreto a estas alturas que en el seno de UNASUR, al igual que en
MERCOSUR, ALBA y CELAC, existen intereses políticos y económicos directos con
el petróleo venezolano, principal promotor de esta nueva integración regional
basada en una afinidad política e ideológica, pero que busca con la compra de
lealtades entre gobiernos, y por encima de prioridades de orden social a lo
interno del país, una mayor participación como bloque en el orden internacional.
En la construcción de lo que la Cancillería venezolana denomina un Mundo multipolar, pluripolar y multicéntrico.
Como
sabemos, la actual crisis política venezolana es producto de la penosa confrontación
de larga data entre dos mitades claramente opuestas. Si ese reclamo legítimo de
Henrique Capriles Radonski llegase a prosperar en el mediano plazo, sin duda quedaría
en entredicho la legitimidad, la credibilidad y el futuro UNASUR por el escaso compromiso
asumido con la democracia regional en los momentos más decisivos. Esto puede
señalarse, porque de forma irresponsable y siendo la única organización internacional
que tuvo acceso al proceso electoral a través de la Misión de Acompañamiento
Electoral encabezada por Carlos “Chacho” Álvarez, no valoró el alcance del
reclamo realizado por la MUD en la “Declaración de Lima”, y en cambio discriminó
de oficio al momento de reconocer y legitimar a Maduro sin mayores preocupaciones.
Prueba de ello, es el punto 3 de la citada Declaración en respuesta al
pronunciamiento vago del CNE comprometiéndose a realizar la auditoría ciudadana:
UNASUR “toma nota positiva de la decisión
del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la
auditoría total de las mesas electorales”. Esta postura que no ofrece alternativa
alguna ni garantiza la paz ni el respeto a la voluntad soberana, deja sin
acompañamiento institucional a las partes en conflicto. Si la crisis se origina
por las pruebas de irregularidades y la cuestionada imparcialidad del CNE, no
se entiende cómo UNASUR “tomando nota positiva” delegue su confianza y garantía
en el agente cuestionado: todo un absurdo.
Lo
correcto era volver a enviar la Misión de Acompañamiento Electoral de UNASUR a
Venezuela, para supervisar todo lo necesario para que se diera cumplimiento a
las exigencias de la MUD al proceso de auditoría ciudadana, y develar lo que en
verdad ocurrió, con el fin de lograr una solución pacífica, democrática y
ajustada a derecho, situación trascendental para el futuro de los venezolanos,
y en un segundo plano, para la verdadera integración en América del Sur.
El
artículo 2 del Tratado Constitutivo es muy claro en los objetivos para alcanzar
la integración regional, ya que establece “construir,
de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad
al diálogo político”. Obviamente, ese diálogo político en la crisis
venezolana no se dio. No puede haber diálogo político para la paz y la estabilidad
regional mientras las discusiones en UNASUR se den a puerta cerrada entre Jefes
de Estado y sin la presencia de otros actores perjudicados, maxime cuando
también representan a los pueblos suramericanos. Incluso y sabiendo esto, el
candidato Henrique Capriles Radonski manejó la posibilidad de presentarse
voluntariamente en la Cumbre de UNASUR para llevar su reclamo, pero es comprensible
que no acudiera si ese “exclusivismo presidencialista” no le garantizaba su
participación. Por eso cabe la pregunta: ¿dónde estuvo la prioridad al diálogo
político?
Aunque es
debatible al momento de una toma de decisión -según sea el caso- determinar
hasta qué punto los intereses particulares de los grupos de poder como líderes
políticos, empresarios o funcionarios burocráticos, privan o no sobre los
principios generales de una nación, de una organización internacional o en este
caso de un bloque regional; lo que no se discute son las consecuencias que la
decisión acarrea en el tiempo. Es lamentable que los intereses económicos y
políticos de UNASUR sean tan determinantes y están por encima de sus mismos
principios de “soberanía,
autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia,
participación ciudadana y pluralismo” que pregonan el Tratado Constitutivo
y el Protocolo de Georgetown sobre Compromiso con la Democracia. Esta defensa
notoria y confesa de UNASUR al Poder Ejecutivo venezolano, al gobernante de
turno y de espaldas a la voluntad expresa de los ciudadanos, hace que añoremos
aquellas brillantes actuaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en defensa de la democracia, frente a la caída de los regímenes militares del
cono sur en los años 80, o más reciente el rol que desempeñó la misión
electoral en el 2000, frente a la controversia por la también dudosa tercera
reelección de Alberto Fujimori en Perú, entre otras tantas actuaciones en
defensa de la Democracia.
En
resumen, los gobiernos se deben a sus electores quienes ejercen su soberanía
mediante el voto. Si la región sudamericana se plantea con UNASUR “construir una identidad y ciudadanía
suramericanas”, la organización no puede ser un “club de presidentes” y
estar de espaldas a sus pueblos, quienes han exigido y segurián exigiendo
pacíficamente que se haga justicia y se respete su voluntad. Y si no, podemos
recordar el caso de Paraguay el pasado año donde el pueblo guaraní fue víctima
de la injusta exclusión del organismo por destituir al entonces Presidente Lugo
apegado a sus normas constitucionales. El caso de Venezuela le brinda una nueva
oportunidad a UNASUR para redimirse y comprometerse realmente con sus principios
y propósitos. Es momento de reflexionar: o
todos somos demócratas, o ninguno lo somos. No existen espacios para medias
verdades en un Mundo tan globalizado como el actual, incapaz de desconocer a
los actores no estatales que emergen con protestas a cualquier hora y
escenario.
Como
venezolano creyente en la democracia, sólo me toca preguntarle a UNASUR: ¿Por qué no te comprometes realmente con la
democracia?
