Dr. Kenneth Ramírez
El pasado 11 de mayo, se produjo un histórico cambio de gobierno en
Guyana. David Granger del partido Congreso Nacional del Pueblo, en alianza con
partidos minoritarios, ganó las elecciones por un estrecho margen de 1,3% de
los votos. Así se cerró un largo ciclo político en Georgetown, ya que el
Partido Progresista del Pueblo había gobernado desde 1992, y quedó fuera de
juego el Ex-Presidente Donald Ramotar, quien demostró con creces su animosidad
contra Venezuela. Lamentablemente, para evitar mostrar debilidad ante una
Asamblea Nacional donde apenas tiene un representante más que la oposición, el
Presidente Granger decidió ratificar la línea ofensiva de su antecesor contra
Venezuela, y confirmó las abusivas concesiones petroleras entregadas en aguas que
corresponden tanto al Esequibo como a nuestra Fachada Atlántica. Aquí destaca las
actividades exploratorias del buque DeepWater Champion en el bloque Stabroek –participado
al 45% por Exxon, 30% por Hess y 25% por la empresa china CNOOC-, donde fue
declarado un “significativo descubrimiento de petróleo” el pasado 7 de mayo.
Dado que el Servicio Geológico de EEUU señala que en toda la zona
marítima por delimitar entre Venezuela y Guyana pueden existir recursos
prospectivos entre 13,6 y 15,2 millardos de barriles de petróleo liviano
–similar en envergadura al descubrimiento de Brasil en áreas pre-sal desde
2007-, y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural, los políticos
guyaneses han empezado a hablar de su país en medios diplomáticos como la “Kuwait
de El Caribe”. En efecto, si estos recursos son certificados y se transforman
en reservas comercialmente explotables, Guyana podría producir en una década al
menos 1 millón de barriles diarios de petróleo, pasando a ser un exportador
petrolero neto.
Por ello, en los últimos años, Guyana ha pretendido hacer avanzar con
una serie de actos unilaterales hostiles su tesis marítima maximalista, ya no
sólo desconociendo nuestros derechos sobre las aguas del Esequibo que deben
negociase en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, sino incluso intentando
cerrarnos nuestra estratégica salida al Atlántico. Su propósito no es otro que
crear un conflicto y por esta vía forzarnos a ir a un arreglo judicial: Una
estratagema que le resultó con Surinam. Empero, Venezuela a diferencia de
Surinam no es signataria de la Convención del Derecho del Mar ni firmó el
Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia. Es decir, que cualquier vía judicial que se quiera explorar
requiere la aquiescencia venezolana. Por ello, Guyana también busca
victimizarse y promover la intervención de terceras potencias que forzarían eventualmente
a Venezuela a aceptar esta vía.
Ya que Georgetown parece haber entendido como debilidad la postura
venezolana de profundizar la cooperación bilateral más allá de nuestro legítimo
reclamo del Esequibo, y ha interpretado la muerte de Hugo Chávez y la crisis
económica como un momento propicio para pasar a la ofensiva, debemos mostrar firmeza
y unidad frente a sus pretensiones. En este sentido, el Decreto Presidencial
1787 del 27 de mayo, declarando una Zona Operativa de Defensa Integral Marítima
e Insular (ZODIMAIN) en toda la Fachada Atlántica y áreas marinas del Esequibo,
es un buen primer paso al enviar un mensaje contundente: Venezuela también tiene
una tesis marítima maximalista y puede jugar unilateralmente, de manera que,
resulta más conveniente retomar los buenos oficios en el marco del Acuerdo de
Ginebra.
Recientemente, el Canciller de Guyana, Carl Greenidge, señaló que
acudiría ante el Secretario General de la ONU invocando el Acuerdo de Ginebra
para “solicitar un arreglo judicial” sobre el “cuestionamiento” venezolano a la
“validez del Laudo Arbitral de 1899”. Esta posición guyanesa absurda –al retrotraerse
al Laudo Arbitral y dejar a un lado lo dispuesto en el propio Acuerdo de
Ginebra que invoca- e inamistosa –al no tomar la posición de Venezuela-, debe
ser enfrentada con decisión. El patrullaje de la Armada Nacional a lo largo de
la ZODIMAIN, y una evaluación del acuerdo de petróleo por arroz en el marco de
PETROCARIBE que genera tantos beneficios económicos a Guyana -Venezuela
suministra 5 mil barriles diarios, esto es, 50% de su consumo; y adquiere 50%
de sus exportaciones de arroz-, deberían catalizar una reunión de cancilleres.
No obstante, es crucial forjar una unidad nacional amplia, para lo cual
proponemos que el Presidente Maduro explore la creación de una Comisión
Presidencial para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, que reúna a
miembros de todas las fuerzas políticas, la Fuerza Armada y expertos en el tema,
con el propósito de consensuar una sólida posición venezolana frente a Guyana.
En este contexto, los partidos de oposición deben ofrecer apoyo –aunque sea
crítico- al gobierno. La defensa de la integridad territorial y recursos vitales
para futuras generaciones, no debe ser obstaculizada por diferencias
ideológicas ni mezquindades políticas. Venezuela dividida no puede prevalecer. Además,
debemos aprovechar el interés que por primera vez tiene Guyana en buscar una
solución.
Finalmente, resulta de capital importancia designar un negociador venezolano
a tiempo completo, el cual a su vez debe encabezar una campaña diplomática para
explicar nuestra posición y exigir al Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon, el nombramiento de un nuevo buen oficiante que no tenga pasaporte de
la CARICOM, dado los vínculos históricos que le harían proclive a la posición
guyanesa. Ya hemos tenido suficiente con Alister McIntyre (1989-1999) de
Grenada, Oliver Jackman (1999-2007) de Barbados, y Norman Girvan (2010-2014) de
Jamaica. Desde esta tribuna proponemos al Ex–Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, quien cuenta con una excepcional experiencia para propiciar una solución
para este histórico diferendo limítrofe. ¿Y usted qué opina?
Publicado
originalmente en El Mundo Economía y Negocios
@kenopina
