ONU: 70 años

Dr. Jesús E. Mazzei Alfonzo

En menos de un mes, se celebrará el 70 Aniversario de las Naciones Unidas. La función primordial de esta organización multilateral ha sido la de preservar la paz, lo cual por lo demás ha sido arduo y difícil. Las grandes guerras han sido seguidas por conflictos de carácter local, que por razones étnicas, culturales, tribales, religiosas, o ambiciones políticas  grupales, se convierten en conflictos geopolíticos y guerras fratricidas como vemos actualmente en los conflictos de Siria, ocasionados por un adversario novedoso y de rápida expansión: ISIS. Está también, las secuelas de las guerras de Irak y Afganistán, con todas sus implicaciones. En síntesis el análisis de la actual estructura internacional apunta hacia cinco procesos o tendencias en desarrollo,  a saber: despolarización, disociación hegemónica, transnacionalización, descontención y nueva vulnerabilidad del Estado.

Hoy el desafío de las Naciones Unidas es aún mayor, porque estamos en presencia de veloces cambios en las relaciones políticas, económicas, culturales, sociales, medioambientales de las naciones, animados por procesos dinámicos inacabados y asentados sobre los cimientos todavía no completamente sólidos de los que podría llegar a ser un Nuevo Orden Internacional Pos-Guerra Fría.

Debe señalarse asimismo, que esto nos dibuja una estructura internacional en transición, compleja y si se quiere, en construcción en la redes de relaciones y reacomodos que se dan, lo cual no nos permite efectuar un análisis simplista de la realidad contemporánea. De allí que debemos tratar de comprender y entender, qué está aconteciendo en las relaciones internacionales de hoy. Estamos ante una estructura internacional apolar y carente de una estabilidad hegemónica real.

En su interior la organización confronta asuntos muy delicados y complejos que definirán su porvenir, para garantizar su estabilidad y fortaleza para cumplir eficazmente sus funciones. Así, temas como la incorporación de nuevos miembros en el Consejo de Seguridad tendrán que definirse  en un plazo prudencial, aunque lleva consigo delicadas negociaciones. Tal como expresa el destacado académico Jeffrey Sachs: “...afecta a la misma gobernanza de la ONU, empezando por el Consejo de Seguridad, cuya composición ya no refleja las realidades geopolíticas mundiales. La insuficiente representación de Asia plantea una grave amenaza para la legitimidad de la ONU, que no hará sino aumentar al cobrar la región más populosa y dinámica del Mundo un papel cada vez más importante. Una posible forma de resolver ese problema sería la de añadir al menos cuatro puestos asiáticos...”; a lo cual agregaría de otros continentes que deben ser representados, como América Latina y África. Otro tema crucial es el compromiso financiero de los países miembros, incluyendo el pago oportuno de cuotas.

La ONU debe reforzar su pericia en asuntos como los océanos, las energías renovables, la planificación urbana, la lucha contra las enfermedades, la innovación tecnológica, las asociaciones público-privadas y la cooperación cultural pacífica.

Aunque cuesta asimilarlo, la ONU ha tenido importantes éxitos que deberán con negociaciones y seguimiento adecuado, garantizar su cumplimiento para evitar funestas consecuencias, como por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán y los Objetivos del Desarrollo del Milenio -que ha logrado importantes avances en la lucha contra la erradicación de la pobreza, aunque falta mucho por hacer. El otro gran reto tiene que ver con la conclusión de un nuevo acuerdo de limitación de gases de efecto invernadero que recoja el testigo del Protocolo de Kioto, para lo cual resulta la Cumbre de Cambio Climático en París en diciembre próximo.

Por ello, a pesar de los grandes servicios que ha prestado a lo largo de los años, es fundamental que la ONU sea reformada, siendo crítico no sólo la modificación de su estructura para tornar, por ejemplo, al Consejo de Seguridad en un órgano más democrático, representativo, legítimo, y por eso más eficaz en el logro de sus objetivos. Por lo tanto, es indispensable esa actualización institucional que lo haga acompañar de una mudanza de visión de sus Estados miembros.

Además, es importante fortalecer la diplomacia preventiva, que articule a los actores y sujetos del acontecer internacional en un ámbito de y para la paz. Siempre he augurado a las Naciones Unidas, un sitio preponderante en la política internacional, como lo aspiraron sus fundadores, quienes no veían sus funciones sólo en el ámbito de una organización en el marco de una estructura de poder bipolar, tripolar o como aparente el Mundo va a un mundo multipolar o apolar entre las naciones.

Deseo finalmente, homenajear a cuatro ilustres venezolanos que coparon con su lucidez, prestigio intelectual  y esfuerzos por construir un Mundo mejor en todos los órdenes de la vida de la Comunidad Internacional como lo fueron, el Canciller para la época y fundador de la ONU, Caracciolo Parra-Pérez, así como eminentes diplomáticos como Manuel Pérez Guerrero, José Antonio Mayobre y Andrés Aguilar.

La denuncia del Pacto de San José: paradojas y alternativa

Dr. Kenneth Ramírez

Una falta no se convierte en un error hasta que te niegas a enmendarlo. Empero, el gobierno venezolano -a pesar de todas las críticas- decidió seguir adelante con la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, hasta hacerla efectiva. Esto plantea varias paradojas e invita a pensar en alternativas.

Una primera paradoja ha sido señalada por el Ex–Procurador y Ex-Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, quien recordó que el decreto que llamó a referéndum en 1999 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente se realizó con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocía la participación política como derecho fundamental, habida cuenta que esto no estaba contemplado en la Constitución de 1961.

Una segunda paradoja es que la Constitución de 1999 otorga jerarquía constitucional en su artículo 23 a los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos. En consecuencia, el acto de denuncia del Ejecutivo ha violado el espíritu del constituyente, además de ser inconstitucional en tanto que no se ha activado ninguno de los mecanismos de reforma previstos en el artículo 341. Es decir, no se ha recurrido a la aprobación de la medida por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o a un referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el gobierno venezolano ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto.

Una tercera paradoja es que la denuncia de la Convención se hizo buscando supuestamente una retirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha sido atacada con ímpetu por Venezuela por su supuesto aval al golpe de Estado de 2002. De hecho, el 30 de abril de 2012, el Ex-Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcionara los argumentos –nunca conocidos- que avalaran la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre CIDH (…) un mecanismo que usa EEUU contra el país”. El Presidente Maduro ratificó estos argumentos el pasado 9 de septiembre, agregando que la CIDH y la Corte “se creen un poder supranacional por encima de gobiernos legítimos  del continente”, y las acusó de querer respaldar la denuncia de fraude de la oposición en las elecciones del 14-A.

Sin embargo, la CIDH -creada en 1959- es parte tanto del Derecho Internacional Americano como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada tanto en la Carta de la OEA firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, como en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. En consecuencia, la denuncia de la Convención, sólo tiene el efecto de retirarnos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –y su ente jurisdiccional que es la Corte- pero no de la CIDH. Ya que la Carta de la OEA no admite divisibilidad de sus disposiciones, la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de la organización. Lo que ha hecho Venezuela es unirse a algunas islas de El Caribe y sorprendentemente a EEUU, que forman parte de la OEA pero no de la Convención. En este sentido, la CIDH seguirá vigilando e impulsando el cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; y sus medidas y recomendaciones aunque no serán vinculantes, constituirán un factor de ilegitimidad de no ser acatadas.

Una cuarta paradoja es que nos hemos retirado de la Convención sin haber participado activamente en el debate que se ha producido sobre su reforma, y sin haber podido crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa. Recordemos que una propuesta impulsada por Ecuador y Venezuela para crear un Consejo de Derechos Humanos en UNASUR fue derrotada en 2012, y por consiguiente, hacerlo en la CELAC será aún más cuesta arriba, ya que el resto de la región entiende que su propósito es debilitar el sistema interamericano. Esto demuestra además que la decisión no fue calculada suficientemente.

Una quinta paradoja es que la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual nos estamos retirando, es base jurídica del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR de 2005, esquema de integración regional al cual estamos ingresando. En consecuencia, nuestra acción proporciona más argumentos a quienes califican la adhesión de Venezuela al MERCOSUR como problemática.

Mientras reflexionamos como país, y encontramos una solución que refleje un consenso nacional al respecto, existe –más allá del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU- una alternativa clara: el propio MERCOSUR. En este sentido, todos los actores políticos y sociales deben empezar a suscribir –con todo lo que haya que cambiar- el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y ocupar sus espacios, ya que posee valiosas instancias para promover y proteger los Derechos Humanos: la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH) -órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común-, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Asimismo, debe exigirse al gobierno venezolano que utilice la Presidencia pro témpore del MERCOSUR para fortalecer estas instancias e impulsar la transformación de la RAADH en un Consejo de Derechos Humanos del MERCOSUR que sea efectivo y creíble.

Siria y la primacía de la Realpolitik

 

Victor Hugo Matos

En los últimos días el gobierno de EEUU, junto a otros países como Turquía o Francia, anunció que estaba preparándose ante la posibilidad de realizar un ataque limitado a estructuras del gobierno sirio como respuesta al supuesto uso de Gas Sarín contra población civil, cuya autoría aún es punto de discordia entre los actores interesados dentro del conflicto. En respuesta a esto, varios miembros de esa estructura abstracta que se hace llamar “Opinión Pública Internacional”, que clamaban anteriormente porque se hiciera algo con el caso de Siria, habiendo sido etiquetada esta como una grave crisis humanitaria, ahora rechazan cualquier tipo de intervención en contra de Al-Assad; para lo cual, se han usado argumentos respecto a la primacía del Derecho Internacional como sustento para criticar cualquier intervención, a pesar de que este es un concepto tan abstracto como difícil de aplicar efectivamente en el Mundo real, compuesto por un conjunto de países con una visión de la legalidad tan antagónica y con intereses tan disímiles que difícilmente puede hablarse de la existencia de una “Comunidad Internacional”.

Además, esta misma estructura, en conjunto con algunos actores interesados dentro del conflicto sirio como Rusia o China, ha pedido que haya una salida negociada, a pesar de que el ambiente actual parece haber destruido cualquier posibilidad de alcanzarla.

Esta situación es un reflejo de cómo se ha condicionado el sistema internacional después del 11-S y la Guerra de Irak, donde los gobiernos a pesar de criticar problemáticas internacionales por sus consecuencias humanitarias, recurren a acciones indirectas para lidiar con las mismas,  siendo el caso más claro el de la Unión Europea,  y donde hasta en EEUU, la idea de intervenir directamente  en cualquier tipo de conflicto trae consigo a los fantasmas de la Administración Bush, inmovilizando cualquier toma de decisiones  eficaz al respecto.

Otro punto interesante en este sentido es la situación de la ONU, cuyo papel como organización por excelencia para dirimir controversias y generar salidas pacificas se ha venido diluyendo durante los últimos tiempos, que ha pasado a ser poco más que un foro político.

Estas tendencias en su conjunto reflejan el cumplimiento de la predicción que hizo Ian Bremmer sobre el ingreso en un Mundo G-0, donde nadie estuviera dispuesto a asumir las responsabilidades y cargar con el peso del liderazgo, en un momento donde las crisis económicas, los problemas internos y las políticas nacionales, reduce la predisposición de los Estados a prevenir o detener conflictos de este tipo.

Este es el nuevo sistema internacional, no uno basado en estructuras internacionales donde los Estados dirimen sus problemáticas en grandes foros y las guerras son evitadas o limitadas por la capacidad de organizaciones y foros como la ONU o el G-20 de sumar voluntades de los Estados más capaces para lidiar con problemáticas internacionales como pretendían algunos estudiosos que sería el Mundo después de la caída de la URSS.

Estamos en un Mundo donde las crisis humanitarias o los conflictos, por más terribles que sean, no impulsarán actos altruistas por parte de grandes coaliciones, sino más bien participaciones puntuales motivadas por intereses nacionales. Un Mundo donde la Realpolitik se impone sobre cualquier otro planteamiento como se ha visto en el conflicto sirio, a pesar de que en los discursos ante la ONU se hable de “interés general” y “primacía del Derecho Internacional”. Bienvenidos al G-0. Venezuela debe tomar nota.

Rol de las Contratistas en la Seguridad Internacional actual

Victor Hugo Matos

Personas armadas con equipamiento militar de primera, que funcionan bajo una estructura jerárquica cuasi-militar pero cuyas actuaciones responden a los intereses de cierto mercado, donde los clientes van desde empresas transnacionales hasta coaliciones de gobiernos. Tal descripción, que  se asemeja mucho a la forma en la que podría ser definido un "Mercenario", es el reflejo de lo que implica por estos días el negocio de ser un contratista de seguridad.

Si bien la idea de que exista un proceso de privatización del conflicto y el uso de la fuerza es considerado una problemática  del mundo internacional moderno por los grupos pacifistas y las ONG’s, resulta que no es la primera vez en la historia de la humanidad que están en auge los servicios de estos "profesionales"; sobre todo, si recordarnos que fueron esenciales durante la Edad Media y el Renacimiento como grueso de los ejércitos, además de su participación en los conflictos coloniales e internacionales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  A sabiendas de que esto no es un fenómeno novedoso en el mundo internacional, toca determinar que implicaciones trae para el escenario actual de la seguridad internacional.

En un primer aspecto, que podría catalogarse de "positivo" desde la perspectiva gubernamental; este tipo de empresas puede permitirles a los países con presupuestos  militares ajustados por el efecto de los recortes fiscales, mantener la eficacia de sus operaciones y evitar así que haya un aumento significativo en los riesgos de seguridad que deben enfrentar. No obstante, las implicaciones negativas de esto van, desde la participación de las contratistas en operaciones militares de dudosa legalidad y a veces de carácter completamente ilícito, hasta una situación en donde la capacidad operativa de las contratistas podría incluso superar la del mismo ejército; lo cual en conjunto, implica que los mecanismos de autorregulación de esta industria se hacen menos transparentes y las reglas tacitas del mundo de los contratistas se hacen menos claras.

Lo que parece obvio en todo esto, es que dada la situación del sistema internacional en constante transformación y que actualmente se encuentra sumido en una gran inestabilidad, la existencia de contratistas de seguridad e inteligencia es entendible dado que los cuerpos de seguridad civil y hasta militar no pueden o no quieren asumir su rol efectivo dentro del mundo internacional, lo que genera la necesidad de llenar ese vacío que estas estructuras “publicas” han dejado y que ahora empiezan a llenar las contratistas privadas.

Finalmente, es necesario destacar que, en última instancia, el mercado de este tipo de servicios no está limitado únicamente a proveedores estadounidenses o europeos sino que se está volviendo una tendencia global, ejemplificándose perfectamente esto en el caso de Sudáfrica. Por ello, es importante preguntarse cuanto tardará en llegar esta tendencia a América Latina, que si bien hoy por hoy es políticamente estable, ha tenido que lidiar con la amenaza que representa el crimen organizado transnacional y las actividades subversivas.

Norma y Poder en Relaciones Internacionales: A una década de Irak

M. Sc. Giovanna De Michele

Uno de los debates más interesantes en las Relaciones Internacionales es el que tiene que ver con la puja constante entre la norma y el poder, particularmente si recordamos que a nivel internacional, la norma nació precisamente como un mecanismo orientado a generar el mayor grado posible de certidumbre en las Relaciones Internacionales; y conducente a regular las acciones de fuerza y el ejercicio de poder de los Estados más fuertes frente a los menos favorecidos. Sin embargo, la práctica y la historia nos demuestran que tal certidumbre sigue siendo una gran deuda del propio Derecho Internacional o de quienes deben velar por su aplicación.

 

Lo cierto, es que hoy más que nunca una buena parte de la Humanidad cuestiona la efectividad e inclusive la existencia misma de un ordenamiento jurídico internacional; de hecho pareciera cada vez más fuerte y consolidada la corriente de los negadores del Derecho Internacional; quienes, en algunos casos, conciben ese conjunto de normas como la herramienta que justifica los excesos en el ejercicio de poder. 

 

Por ejemplo, cuando hace una década -en marzo del 2003-, una coalición de Estados invadió Irak bajo el argumento de que el régimen del otrora Presidente Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva que estarían a disposición de grupos terroristas; se ignoró el trabajo que precisamente en ese momento estaba haciendo el Consejo de Seguridad de la ONU y más específicamente la Agencia Internacional de Energía Atómica. De hecho, la “Coalición de la Voluntad”, cabalgó la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad que excluía de manera taxativa la posibilidad del uso de la fuerza.

 

Lamentablemente, en este caso como en otros anteriores y posteriores, la aplicación de alguna sanción a quienes transgredieron el orden internacional debía ser impuesta por los propios transgresores desde el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya conformación es la mayor evidencia de la supremacía del poder sobre la norma en el ámbito internacional.

 

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, tiene como propósito el mantenimiento de la paz y el orden público internacional y es la única instancia de esa organización mundial con facultad para generar resoluciones de obligatorio cumplimiento para los Estados; no obstante sus decisiones deben ser aprobadas por todos y cada uno de los 5 miembros permanentes del organismo; lo cual equivaldría a decir que para sancionar a EEUU y Reino Unido por la invasión a Irak en marzo del 2003, cada uno de esos Estados debía votar a favor de sancionarse a sí mismo.

 

Ante escenarios como el anterior, resulta inobjetable que a medida que aumenta el poder de un Estado, aumenta también su capacidad para tutelar sus intereses influyendo inclusive en la revisión del contenido de las normas. El  institucionalizado derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, (China, EEUU, Francia, Gran Bretaña y Rusia) es la máxima expresión del privilegio que aún significa ser reconocidos como los países más poderosos al término de la II Guerra Mundial.

 

En este sentido, vale la pena recordar, que si bien toda sociedad ha de contar con un ordenamiento jurídico, no es menos cierto que sus características son determinadas por la misma sociedad cuyas relaciones se pretende regir.