El Acuerdo de París

Dr. Kenneth Ramírez

La opinión pública mundial ha recibido con beneplácito el Acuerdo de París, alcanzado al cierre de la XXI Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP-21) tras dos semanas de intensas negociaciones. Los 195 países participantes acordaron mantener la temperatura media mundial “muy por debajo” de 2 °C a finales de siglo respecto a los niveles pre-industriales, aunque también se comprometieron a llevar a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para que no rebase los 1,5 °C y evitar así “los impactos más catastróficos del cambio climático”. Jurídicamente vinculante y con un enfoque gradual, flexible y solidario; el acuerdo no fijó límite a las emisiones de gases de efecto invernadero como lo hizo el Protocolo de Kioto –prorrogado hasta 2020 mediante la Enmienda Doha aprobada en 2012-, sino que descansa en un conjunto de contribuciones nacionales presentadas voluntariamente.

Asimismo, busca que las emisiones toquen techo “tan pronto como sea posible”, reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo –principio de responsabilidad común pero diferenciada-, y que se efectúen reducciones rápidas para encontrar “un equilibrio entre las emisiones provocadas por la acción del hombre y lo que puede absorber la atmósfera” en la segunda mitad de siglo. El texto además recoge las necesidades de financiación para la mitigación y la adaptación de los países en desarrollo –los países desarrollados deben movilizar un mínimo de 100 millardos de dólares anuales a partir de 2020-, e introduce un mecanismo de pérdidas y daños por el cambio climático –sin apoyos financieros concretos-, con arreglo al principio de justicia climática.

No obstante, el acuerdo señala explícitamente que los esfuerzos de mitigación que los países han puesto sobre la mesa no son suficientes, para cumplir el objetivo general. En 2030, la ONU estima que las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que estar rondando las 40 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año, pero los compromisos nacionales presentados para recortar emisiones suponen un aumento de las emisiones brutas hasta alcanzar las 55 gigatoneladas –si bien reducen en 9% las emisiones per cápita. Por ello, el Acuerdo de París establece un mecanismo de revisión cada cinco años, que implica que los programas de reducción de cada país aumenten gradualmente para corregir esa brecha. La primera revisión al alza de los planes nacionales sería en 2020, año en que debe entrar en vigor el acuerdo tras la ratificación de 55 países que representen al menos 55% de las emisiones.

Según estudios de la ONU y la Agencia Internacional de Energía, la producción y uso de energía generan dos tercios de las emisiones. En consecuencia, este acuerdo presenta retos para los países OPEP y la industria petrolera. Aunque los países OPEP sólo representan 10% de las emisiones mundiales –Venezuela el 0,48%-, producen el 33% del petróleo y el 20% del gas natural a nivel mundial, y poseen 80% de las reservas. Esto explica por qué los países OPEP han sido muy activos en las negociaciones, para salvaguardar sus intereses estratégicos. La limitación que sufrirá la demanda de los combustibles fósiles a largo plazo debido a las regulaciones climáticas, que según cálculos de la Agencia Internacional de Energía puede ubicarse en torno a 16% en los próximos 20 años, se traducirá en una pérdida de ingresos de 4 billones de dólares para la OPEP. Barclays estima que la industria petrolera perderá ingresos por el orden de 22 billones de dólares.

Venezuela mostró una posición mucho más pragmática y menos ideológica en esta Conferencia respecto a Copenhague hace 6 años, impulsando un acuerdo flexible junto al grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Afín (Link-Minded Group), donde hay países OPEP -como Arabia Saudita e Irán-, y economías emergentes –como China e India- que representan 50% de la población mundial.

Toca ahora al gobierno desarrollar nuestra contribución nacional –sólo se presentó el objetivo general de reducir 20% de las emisiones para 2030, esto es, 0,18 gigatoneladas/año. Aquí se abren grandes oportunidades en la limitación de las emisiones de metano en la producción de petróleo y gas, el relanzamiento de los proyectos gasíferos, así como el desarrollo de un plan de eficiencia energética y energías renovables –donde destaca el proyecto eólico de La Guajira con una capacidad de 10 mil megavatios, el equivalente a una hidroeléctrica del Guri.

Finalmente, PDVSA debe estudiar unirse a la Iniciativa Climática del Sector Petróleo y Gas (por sus siglas en inglés, OGCI), presentada por 10 empresas petroleras que producen 20% del petróleo y gas a nivel global; 7 de ellas europeas –Shell, Total, BP, BG, Repsol, Statoil y ENI- que ya se encuentran dispuestas a aceptar un sistema de techo nacional y comercio de emisiones, a las cuales se sumaron PEMEX, Reliance y Saudi ARAMCO. Todas estas empresas se han comprometido a trabajar conjuntamente para optimizar sus operaciones, invertir en investigación y desarrollo de tecnologías eficientes y limpias como el secuestro y captura de carbono, e impulsar proyectos de gas natural y energías renovables.

Total es el segundo gran inversionista en energía fotovoltaica a través de su filial, SunPower. Shell es uno de los grandes inversionistas en biocombustibles avanzados. BP, Repsol y Statoil son grandes inversionistas en proyectos eólicos costa afuera en Europa y EEUU. Shell está trabajando con GlassPoint para desarrollar generadores solares de vapor a gran escala para la recuperación petrolera mejorada en Medio Oriente –disminuyendo en 80% el uso de gas natural para tales fines. PDVSA puede aprovechar todas estas experiencias y conseguir socios valiosos para encarar el reto climático. ¿Y usted qué opina?

Publicado originalmente en El Mundo Economía y Negocios

@kenopina

El Ártico emergente: Rivalidad o cooperación

José Miguel De Sousa Costa

El Ártico se está calentando más rápido de lo que los científicos esperaban debido al Cambio Climático –el doble que el resto del planeta. La extensión del hielo marino del Ártico, que se funde hasta alcanzar su nadir cada mes de septiembre, ha disminuido de manera constante durante las últimas tres décadas. Los años 2007-2013 vieron los seis niveles más bajos desde que empezaron a registrarse imágenes por satélite en 1979. En general, la capa de hielo ha retrocedido un 40% durante este período, siendo además, cada vez más delgada y vulnerable.

El deshielo del Ártico ha empezado a plantear la posibilidad de explotar las importantes reservas de hidrocarburos, recursos pesqueros y rutas marítimas –que podrían reducir 40% del tiempo de la navegación entre Asia y Europa-, lo cual genera una situación aún más compleja en cuanto a la degradación de esta maravilla natural. Debemos tomar en cuenta que los sujetos principales en esta situación son los Estados ribereños -sobre todo EEUU y Rusia como potencias-, junto a empresas transnacionales,  los que empiezan a mostrarse interesados en colonizar una región donde no existe una delimitación territorial clara. No obstante, debemos agregarle otros actores -de los cuales se habla menos o no se toman en cuenta en la mayor parte de los análisis- como los pueblos indígenas, poblaciones locales y los grupos ecologistas, que defienden la idea de nombrar esta región como un santuario internacional -repitiendo la experiencia de la Antártida- para proteger su delicado ecosistema.

A mediados de marzo de 2014, el Parlamento Europeo aprobó una importante resolución impulsada por Greenpeace, donde promueve el nombramiento del Ártico como santuario internacional, lo cual también es apoyado por Finlandia –un Estado vecino de la región, aunque no directamente ribereño. Esto ha constituido un primer paso para proteger la región, ya que ha colocado el tema en la agenda del Consejo de la Unión Europea y el resto de las instituciones comunitarias; y ha supuesto un primer freno moral a otros países ribereños como Rusia, que ya alimentan la carrera por la explotación de los recursos del Ártico. De hecho, el Presidente Putin nombró “Héroe de la Federación Rusa” al explorador y oceanógrafo Arthur Chilingárov en febrero de 2008, quien colocó con un submarino científico una bandera de titanio con los colores de la bandera rusa en el fondo del Ártico con el objeto de reclamar una extensión no delimitada en nombre de Moscú, al viejo estilo siglo XVI.

Lo cierto es, que cada vez más, los recursos del Ártico atraen más a los Estados ribereños y a las empresas transnacionales, quienes toman posiciones y ultiman sus estrategias de asalto a este océano interior rodeado de continentes.

Colonización: La explotación de los recursos del Ártico podría intensificarse en los próximos años, lo que provocará toda una ola de cambios al Norte del círculo polar. Los barcos necesitan un apoyo logístico, puertos, infraestructuras, trabajadores que vivan en la zona. El Ártico se transformaría así en una zona ocupada como el resto del Mundo, afectando la región con actividades contaminantes y degradantes, aumentando los niveles de riesgo ambiental en este hábitat.

Recursos naturales: El deshielo del Ártico abre la puerta a la explotación de unos recursos que hasta hace poco eran inaccesibles o al menos, demasiado caros. La escalada de los precios del crudo y el gas, la inestabilidad política de los actuales proveedores y la sed energética global hacen que recursos que hasta hace poco carecían de interés se encuentren ahora en el punto de mira. ¿Existe alguna posibilidad de compatibilizar la explotación de estos recursos con la conservación del ambiente? La respuesta a esta pregunta no es fácil, y existen antecedentes con graves consecuencias en zonas aledañas, como el derrame del buque petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1989, con un alto impacto al ecosistema ocasionado por el vertido de 250 mil barriles de crudo.

Se calcula que existen en el Ártico unos recursos prospectivos de hidrocarburos cuantiosos: 90 millardos de barriles de petróleo -13% del total mundial-, unos 47 billones de metros cúbicos de gas natural y cerca de 44.000 millones de barriles de petróleo equivalentes de líquidos de gas -30% del total mundial. De estas reservas, aproximadamente un 84% estaría en áreas costa afuera. En este sentido, debemos recordar desastres ecológicos como los provocados por el derrame de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en aguas profundas del Golfo de México en 2010 y el vertido de la plataforma petrolera Transocean en aguas profundas de Brasil en 2011, lo cual muestra los riesgos de la explotación petrolera costa afuera.

Otro dato a tener en cuenta es que, de los cinco Estados ribereños que se reparten el Ártico (Rusia, EEUU, Canadá, Dinamarca debido a Groenlandia, y Noruega), es Moscú el gran beneficiado, ya que tiene las plataformas continentales más amplias con centenares de kilómetros poco profundos donde la perforación es más sencilla, hay menos hielo durante el verano y se puede acceder más fácilmente. Además, hay muchos ríos que fluyen desde territorio ruso, lo cual promete ricos yacimientos adyacentes debido a la acumulación de gran cantidad de materia orgánica. Por ello, la empresa petrolera rusa Rosneft en alianza con la británica BP, ya ha empezado a realizar exploraciones en el área.

Riesgos ambientales: La capa helada del océano Glacial Ártico podría desvanecerse. Este hecho traerá consecuencias tanto a escala regional como global. Ya hemos señalado que el Cambio Climático se ha convertido en un aliado inesperado de la prospección petrolífera, con sus considerables riesgos.

Empero, la propia desaparición de la gran losa helada que ha cubierto durante millones de años el Ártico tendrá sus repercusiones globales. Su blanco eléctrico refleja hasta un 80% de la luz que le llega. Con su desaparición, esa radiación será absorbida por el océano, lo que producirá que se acelere el calentamiento global. Ese calentamiento de las aguas puede provocar, que se debilite la capacidad del océano para actuar como sumidero de CO2, o producir la desaparición de especies importantes.

Entonces, cabe preguntarse si el futuro del Ártico estará dominado por la carrera geopolítica, la explotación de los recursos y la degradación ambiental; o si por el contrario, será una región cuya riqueza ambiental e importancia para el ecosistema global generará una dinámica de cooperación internacional, la cual permita como mínimo catalizar su desarrollo sostenible, por no hablar de un enfoque conservacionista maximalista que la declare santuario internacional siguiendo el modelo de la Antártida.

En este sentido, el fortalecimiento del Consejo del Ártico establecido en 1996 como foro para catalizar la cooperación entre los cinco Estados ribereños, los tres Estados vecinos inmediatos –Finlandia, Suecia e Islandia-, y pueblos indígenas, resulta clave para el futuro de la región y de todo el planeta.

Brasil: ¿potencia ambiental?

José Miguel De Sousa Costa

Brasil se enfrenta a un dilema constante. Por un lado, es uno de los países que más destaca en el continente suramericano, teniendo el reto de convertirse en una gran potencia ambiental gracias a la biodiversidad de su inmenso territorio, poseedor del 30% de los bosques del planeta y numerosos recursos naturales. Por otro lado, el país está experimentando un gran desarrollo económico que le ha permitido desplazar al Reino Unido como quinta economía mundial, y lo ha convertido en una de las potencias económicas emergentes capaces de transformar, junto a China e India, el orden mundial.

La gran extensión territorial de Brasil comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el Mundo, que sustenta una gran biodiversidad, por lo cual Brasil es clasificado como un país mega diverso. La mega diversidad brasileña es notable en su áreas de 8,5 millones de kms², sus variadas zonas climáticas y seis biomas: La Amazonia, el Cerrado, el Pantanal, las Pampas, la Mata Atlántica y la Caatinga.

La diversidad de fauna y flora brasileña es reconocida mundialmente, ya que 20% del número total de especies del planeta se encuentran en estos biomas. La vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats naturales. Se estima que el número total de especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente cuatro millones.

El patrimonio natural de Brasil, al igual que el de otros países del Mundo, está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la pesca excesiva, el comercio de especies salvajes, las presas e infraestructura, la contaminación del agua, y el Cambio Climático. En muchas áreas del país, el ambiente natural está amenazado por el desarrollo urbano. La construcción de carreteras en medio de la vegetación, tales como la BR-230 y la BR-163, abrieron áreas anteriormente aisladas a la agricultura y al comercio; las presas inundaron valles y hábitats salvajes y las minas crearon cicatrices en la superficie terrestre que alteraron el paisaje.

El gobierno brasileño ha impulsado ciertos mecanismos y acciones por medio del Ministerio del Medio Ambiente para atacar los problemas anteriormente mencionados. Entre algunas de dichas acciones destacan el cuidado del agua, establecimiento de áreas protegidas y la biodiversidad, impulso de ciudades sustentables, cuidado de bosques, educación ambiental, etc.

Sin embargo, la política ambiental gubernamental no ha sido suficiente, ya que el problema ambiental anteriormente descrito aun es de considerable magnitud, y es en gran medida causado por la falta de educación y por otras acciones impulsadas por el propio gobierno. En consecuencia, el problema ambiental debe ser tratado con mayor énfasis, interés y coherencia por parte del gobierno y la sociedad brasileña, quienes parecen estar demasiado centrados en el desarrollo económico nacional.

Por otra parte, el gobierno brasileño ha intentado posicionarse a nivel multilateral como una potencia ambiental, y en este sentido albergó la Cumbre Rio+20 en 2012, que no logró el éxito de la Cumbre de la Tierra hace dos décadas.

Ahora bien, ¿los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff han cumplido con los acuerdos o los planteamientos acordados en la Cumbre Rio+20? En Brasil, según afirmó la Presidenta Rousseff, en su discurso de apertura de la Cumbre, el 45% de la energía utilizada proviene de fuentes renovables. Principalmente las hidroeléctricas -consideradas por la comunidad ambientalista como una fuente de energía no verde-, el etanol para los automóviles y el uso del carbón vegetal en la siderurgia.

Además, es importante resaltar el tema de las represas, ya que, si por un lado se ha logrado reducir radicalmente en los últimos años la deforestación de la selva amazónica y potenciado las renovables, por el otro, el país no duda en impulsar para desarrollarse masivos proyectos de infraestructura, que incluyen hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia los cuales causan un impacto enorme al ambiente.

El gobierno brasileño ha permitido en los últimos años la creación de nuevas plantas hidroeléctricas en zonas vírgenes del Amazonas a costa de causar daños al medioambiente y las poblaciones indígenas, alegando la creciente necesidad energética del país. De esta forma se ha acelerado la construcción de las presas del Santo Antonio y Jirau en el río Madeira en 2009 y la de Belo Monte en el río Xingu en 2011. Además, en enero de 2012, el gobierno decidió reducir la extensión de ocho áreas protegidas de la región de Tapajos para construir más represas.

Estos datos son corroborados por Philip M. Fearnside, profesor del Instituto Nacional para Investigación del Amazonas (INPA) en Manaus, que afirma que los planes de expansión energética de Brasil entre 2011 y 2020 contemplan la construcción de 48 presas adicionales, 30 de ellas en el Amazonas.

Una de esas grandes construcciones es la presa de Belo Monte, un proyecto polémico que ha estado a punto de ser paralizado en numerosas ocasiones. Los planes originarios datan de la época de la dictadura en los años 70, fueron retomados en los 90 y, tras largas discusiones y una gran oposición internacional y nacional, encabezada por personajes como Sting y James Cameron. Empero, parece que va a salir adelante tomando en cuenta que los trabajos de la obra colosal ya marchan a toda máquina, lo cual cambiará la vida de la comunidad indígena del río Xingú, formada por unas 2.000 personas.

Según datos de la ONG Amazon Watch, para llevar a cabo las obras de Belo Monte, el 80% del curso del río Xingú será desviado de su cauce original, lo que podrá causar una sequía permanente en varias áreas y afectará directamente a los territorios de Paquiçamba y Arara, y a los pueblos indígenas de Juruna y Arara. Según esta organización, se excavarán dos grandes canales de 500 mts de ancho y 75 kms de largo, se moverá más tierra de la que fue necesario eliminar para construir el Canal de Panamá, y los dos depósitos de agua y canales de la presa inundarán un total de 668 kms², 400 de los cuales son de selva. La inundación forzará la evacuación de 20.000 personas de sus hogares. Además se espera que la presa atraiga a unas 100.000 personas al área donde se construye, modificando la zona y el ecosistema donde se ubica.

Evidentemente no son los niveles en los que debería estar Brasil a estas alturas con respecto al desarrollo sustentable, reducción de niveles de contaminación y altos niveles de pobreza; basta con ver en una de las ciudades más importantes de Brasil, Sao Paulo, el nivel de contaminación del aire por el uso de combustibles convencionales y poca presencia de planes de reciclaje. Entonces entendemos que el gobierno brasileño ubica en primer lugar el desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta los problemas ambientales que le causa a la presente y futuras generaciones de brasileños.

Además, la deforestación en Brasil representa un problema importante. Los cambios en el Código Forestal habrían supuesto una grave amenaza a la Amazonia. Aunque en los últimos años Brasil ha reducido sensiblemente la deforestación, que alcanzó en 2011 una cifra récord a la baja -de 2004 a 2009 la reducción acumulada fue de un 53%, según el balance del gobierno-, la introducción de los cambios propuestos inicialmente en el Código Forestal por parte del Congreso hubiera supuesto una grave amenaza para importantes áreas del Amazonas, estimada según el Instituto gubernamental para la Investigación Económica Aplicada (IPEA) en la destrucción de 47 millones de hectáreas de ecosistemas naturales en los años venideros.

En este sentido los ambientalistas lograron reunir casi dos millones de firmas para detener el proyecto, la Presidenta Rousseff vetó algunos de los puntos más polémicos, pero la decisión firme no ha sido alcanzada aún. "El voto del Gobierno en los cambios del Código Forestal arroja una sombra oscura a la reputación de Brasil como líder global en la lucha contra la deforestación y el Cambio Climático", expresa Paulo Adario, director de la campaña de Amazonia en Greenpeace Brasil.

A todo este cuadro preocupante, se suma los descubrimientos de petróleo en las áreas pre-sal en 2007, que se ubican en áreas marinas del Atlántico Sur. Brasil aspira a convertirse en un gran exportador petrolero apalancado en estas reservas, pero para su explotación se requieren operaciones con un alto nivel de riesgo de derrames debido a la profundidad, lo cual puede afectar considerablemente los ecosistemas marinos. De hecho, en noviembre de 2011, las empresas Chevron y Transocean provocaron un derrame en uno de sus pozos exploratorios en el campo de Frade frente a las costas de Rio de Janeiro, con un vertido total de alrededor de 3 mil barriles.

Marina Silva, Ex–Ministra de Medio Ambiente del Ex-Presidente Lula entre 2003 y 2008, compitió en las elecciones presidenciales de 2010 con el Partido Verde, ya que consideró que el ecologismo constituía una bandera abandonada en el camino por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Aunque no pasó a la segunda vuelta, obtuvo un impresionante 19,3% de los votos, por lo cual se transformó en un actor político destacado. Recientemente, ha decidido formar coalición con el Partido Socialista Brasileño (PSB) y apoyar como candidato presidencial al Gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, para las elecciones de octubre de 2014. En este sentido, Marina Silva ha buscado construir una tercera vía entre el PT y la oposición liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las próximas elecciones, siendo central propuestas ambientalistas en la oferta electoral como el Plan Amazonia Sustentable (PAS). Este plan contempla apoyar la conservación y expansión de las áreas forestales protegidas, la conservación de los recursos naturales del bioma amazónico ante problemas como la deforestación amazónica, la construcción de centrales hidroeléctricas y la reanudación de obras para nuevas centrales nucleares, algo inaceptable en su opinión para la protección del ambiente.

Brasil no es ni un héroe ni un villano en materia ambiental, pero tiene grandes contradicciones que resolver si desea proyectarse como una potencia emergente ambientalmente responsable.