José
Miguel De Sousa Costa
Brasil se enfrenta a un dilema constante. Por un
lado, es uno de los países que más destaca en el continente suramericano, teniendo el reto de convertirse en una gran potencia ambiental
gracias a la biodiversidad de su inmenso territorio, poseedor del 30% de los
bosques del planeta y numerosos recursos naturales. Por otro lado, el país está
experimentando un gran desarrollo económico que le ha permitido desplazar al
Reino Unido como quinta economía mundial, y lo ha convertido en una de las
potencias económicas emergentes capaces de transformar, junto a China e India,
el orden mundial.
La gran extensión territorial de Brasil
comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el Mundo, que sustenta una gran biodiversidad, por lo cual Brasil es
clasificado como un país mega diverso.
La mega diversidad brasileña es notable en su áreas de 8,5 millones de kms²,
sus variadas zonas climáticas y seis biomas: La Amazonia, el Cerrado, el
Pantanal, las Pampas, la Mata Atlántica y la Caatinga.
La diversidad de fauna y flora brasileña es
reconocida mundialmente, ya que 20% del número total de especies del planeta se
encuentran en estos biomas. La vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats
naturales. Se estima que el número total de especies vegetales y animales en
Brasil es de aproximadamente cuatro millones.
El patrimonio natural de Brasil, al igual que el de otros
países del Mundo, está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería,
el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la pesca excesiva, el comercio de especies salvajes, las
presas e infraestructura, la contaminación del agua, y el Cambio Climático.
En muchas áreas del país, el ambiente natural está amenazado por el desarrollo
urbano. La construcción de carreteras en medio de la vegetación, tales como la BR-230 y la BR-163, abrieron áreas anteriormente aisladas a la
agricultura y al comercio; las presas inundaron valles y hábitats salvajes y
las minas crearon cicatrices en la superficie terrestre que alteraron el paisaje.
El gobierno brasileño ha impulsado ciertos mecanismos
y acciones por medio del Ministerio del Medio Ambiente para atacar los
problemas anteriormente mencionados. Entre algunas de dichas acciones destacan
el cuidado del agua, establecimiento de áreas protegidas y la biodiversidad,
impulso de ciudades sustentables, cuidado de bosques, educación ambiental, etc.
Sin embargo, la política ambiental gubernamental
no ha sido suficiente, ya que el problema ambiental anteriormente descrito aun
es de considerable magnitud, y es en gran medida causado por la falta de
educación y por otras acciones impulsadas por el propio gobierno. En
consecuencia, el problema ambiental debe ser tratado con mayor énfasis, interés
y coherencia por parte del gobierno y la sociedad brasileña, quienes parecen estar
demasiado centrados en el desarrollo económico nacional.
Por otra parte, el gobierno brasileño ha
intentado posicionarse a nivel multilateral como una potencia ambiental, y en
este sentido albergó la Cumbre Rio+20 en 2012, que no logró el éxito de la Cumbre
de la Tierra hace dos décadas.
Ahora bien, ¿los gobiernos de Lula Da Silva y
Dilma Rousseff han cumplido con los acuerdos o los planteamientos acordados en
la Cumbre Rio+20? En Brasil, según afirmó
la Presidenta Rousseff, en su discurso de apertura de la Cumbre, el 45% de la
energía utilizada proviene de fuentes renovables. Principalmente las
hidroeléctricas -consideradas por la comunidad ambientalista como una fuente de
energía no verde-, el etanol para los automóviles y el uso del carbón vegetal
en la siderurgia.
Además, es importante resaltar el tema de las represas, ya
que, si por un lado se ha logrado reducir radicalmente en los últimos años la
deforestación de la selva amazónica y potenciado las renovables, por el otro,
el país no duda en impulsar para desarrollarse masivos proyectos de
infraestructura, que incluyen hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia los
cuales causan un impacto enorme al ambiente.
El gobierno brasileño ha permitido en los últimos años la
creación de nuevas plantas hidroeléctricas en zonas vírgenes del Amazonas a
costa de causar daños al medioambiente y las poblaciones indígenas, alegando la
creciente necesidad energética del país. De esta forma se ha acelerado la
construcción de las presas del Santo Antonio y Jirau en el río Madeira en 2009
y la de Belo Monte en el río Xingu en 2011. Además, en enero de 2012, el
gobierno decidió reducir la extensión de ocho áreas protegidas de la región de
Tapajos para construir más represas.
Estos datos son corroborados por Philip M. Fearnside,
profesor del Instituto Nacional para Investigación del Amazonas (INPA) en
Manaus, que afirma que los planes de expansión energética de Brasil entre 2011
y 2020 contemplan la construcción de 48 presas adicionales, 30 de ellas en el
Amazonas.
Una de esas grandes construcciones es la presa de Belo Monte,
un proyecto polémico que ha estado a punto de ser paralizado en numerosas
ocasiones. Los planes originarios datan de la época de la dictadura en los años
70, fueron retomados en los 90 y, tras largas discusiones y una gran oposición
internacional y nacional, encabezada por personajes como Sting y James Cameron.
Empero, parece que va a salir adelante tomando en cuenta que los trabajos de la
obra colosal ya marchan a toda máquina, lo cual cambiará la vida de la
comunidad indígena del río Xingú, formada por unas 2.000 personas.
Según datos de la ONG Amazon Watch, para llevar a cabo las
obras de Belo Monte, el 80% del curso del río Xingú será desviado de su cauce
original, lo que podrá causar una sequía permanente en varias áreas y afectará
directamente a los territorios de Paquiçamba y Arara, y a los pueblos indígenas
de Juruna y Arara. Según esta organización, se excavarán dos grandes canales de
500 mts de ancho y 75 kms de largo, se moverá más tierra de la que fue
necesario eliminar para construir el Canal de Panamá, y los dos depósitos de
agua y canales de la presa inundarán un total de 668 kms², 400 de
los cuales son de selva. La inundación forzará la evacuación de 20.000 personas
de sus hogares. Además se espera que la presa atraiga a unas 100.000 personas
al área donde se construye, modificando la zona y el ecosistema donde se ubica.
Evidentemente no son los niveles en los que
debería estar Brasil a estas alturas con respecto al desarrollo sustentable,
reducción de niveles de contaminación y altos niveles de pobreza; basta con ver
en una de las ciudades más importantes de Brasil, Sao Paulo, el nivel de
contaminación del aire por el uso de combustibles convencionales y poca presencia
de planes de reciclaje. Entonces entendemos que el gobierno brasileño ubica en
primer lugar el desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta los
problemas ambientales que le causa a la presente y futuras generaciones de
brasileños.
Además, la deforestación en Brasil representa un problema
importante. Los cambios en el Código Forestal habrían supuesto una grave amenaza
a la Amazonia. Aunque en los últimos años Brasil
ha reducido sensiblemente la deforestación, que alcanzó en 2011 una cifra
récord a la baja -de 2004 a 2009 la reducción acumulada fue de un 53%, según el
balance del gobierno-, la introducción de los cambios propuestos inicialmente
en el Código Forestal por parte del Congreso hubiera supuesto una grave amenaza
para importantes áreas del Amazonas, estimada según el Instituto gubernamental
para la Investigación Económica Aplicada (IPEA) en la destrucción de 47
millones de hectáreas de ecosistemas naturales en los años venideros.
En este sentido los ambientalistas lograron reunir casi dos
millones de firmas para detener el proyecto, la Presidenta Rousseff vetó
algunos de los puntos más polémicos, pero la decisión firme no ha sido alcanzada
aún. "El voto del Gobierno en los cambios del Código Forestal arroja una
sombra oscura a la reputación de Brasil como líder global en la lucha contra la
deforestación y el Cambio Climático", expresa Paulo Adario, director de la
campaña de Amazonia en Greenpeace Brasil.
A todo este cuadro preocupante, se suma los
descubrimientos de petróleo en las áreas pre-sal en 2007, que se ubican en
áreas marinas del Atlántico Sur. Brasil aspira a convertirse en un gran
exportador petrolero apalancado en estas reservas, pero para su explotación se
requieren operaciones con un alto nivel de riesgo de derrames debido a la
profundidad, lo cual puede afectar considerablemente los ecosistemas marinos. De
hecho, en noviembre de 2011, las empresas Chevron y Transocean provocaron un
derrame en uno de sus pozos exploratorios en el campo de Frade frente a las
costas de Rio de Janeiro, con un vertido total de alrededor de 3 mil barriles.
Marina Silva, Ex–Ministra de Medio Ambiente del Ex-Presidente Lula entre 2003 y 2008, compitió en las elecciones presidenciales de 2010 con el Partido Verde, ya que consideró que el ecologismo constituía una bandera abandonada en el camino por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Aunque no pasó a la segunda vuelta, obtuvo un impresionante 19,3% de los votos, por lo cual se transformó en un actor político destacado. Recientemente, ha decidido formar coalición con el Partido Socialista Brasileño (PSB) y apoyar como candidato presidencial al Gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, para las elecciones de octubre de 2014. En este sentido, Marina Silva ha buscado construir una tercera vía entre el PT y la oposición liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las próximas elecciones, siendo central propuestas ambientalistas en la oferta electoral como el Plan Amazonia Sustentable (PAS). Este plan contempla apoyar la conservación y expansión de las áreas forestales protegidas, la conservación de los recursos naturales del bioma amazónico ante problemas como la deforestación amazónica, la construcción de centrales hidroeléctricas y la reanudación de obras para nuevas centrales nucleares, algo inaceptable en su opinión para la protección del ambiente.
Brasil no es ni un héroe ni un villano en materia ambiental, pero tiene grandes contradicciones que resolver si desea proyectarse como una potencia emergente ambientalmente responsable.
Marina Silva, Ex–Ministra de Medio Ambiente del Ex-Presidente Lula entre 2003 y 2008, compitió en las elecciones presidenciales de 2010 con el Partido Verde, ya que consideró que el ecologismo constituía una bandera abandonada en el camino por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Aunque no pasó a la segunda vuelta, obtuvo un impresionante 19,3% de los votos, por lo cual se transformó en un actor político destacado. Recientemente, ha decidido formar coalición con el Partido Socialista Brasileño (PSB) y apoyar como candidato presidencial al Gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, para las elecciones de octubre de 2014. En este sentido, Marina Silva ha buscado construir una tercera vía entre el PT y la oposición liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las próximas elecciones, siendo central propuestas ambientalistas en la oferta electoral como el Plan Amazonia Sustentable (PAS). Este plan contempla apoyar la conservación y expansión de las áreas forestales protegidas, la conservación de los recursos naturales del bioma amazónico ante problemas como la deforestación amazónica, la construcción de centrales hidroeléctricas y la reanudación de obras para nuevas centrales nucleares, algo inaceptable en su opinión para la protección del ambiente.
Brasil no es ni un héroe ni un villano en materia ambiental, pero tiene grandes contradicciones que resolver si desea proyectarse como una potencia emergente ambientalmente responsable.
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