El pasado 30 de abril, el Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcione los argumentos que avalen la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, al considerar que es “un mecanismo que usa Estados Unidos” contra el país.
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Consideraciones Jurídicas:
Lo primero que es necesario señalar es que retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado formalmente para promover y proteger la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio, no es asunto fácil ni jurídica ni políticamente, y que deben evaluarse racionalmente los costos y beneficios que tal decisión supone para Venezuela.
La CIDH aunque se creó en 1959, es parte tanto del derecho internacional convencional americano como del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, y en la Convención Americana de DDHH de 1969 que terminó por reforzar su rol y las funciones.
A partir de entonces la CIDH desempeña un doble papel: a) cómo órgano de consulta previsto en la Carta de la OEA para vigilar el cumplimiento e impulsar la defensa de los derechos humanos de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los países que no han ratificado la Convención Americana de DDHH; b) cómo órgano de supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la mencionada Convención en los Estados parte de la misma.
Lo anterior supone que las discusiones que se han venido dando en el entorno del Ejecutivo Nacional sobre nuestro eventual retiro de la CIDH han simplificado en extremo la cuestión. Algunos voceros han señalado que podemos retirarnos de la CIDH mediante la denuncia de la Convención Americana de DDHH, recurriendo a su artículo 78 que establece tal posibilidad. No obstante, tal como ya hemos dejado entrever, este acto sólo tendría el efecto de retirarnos del sistema interamericano de protección de derechos humanos –y por tanto, del ente jurisdiccional de este sistema que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos- pero no de la CIDH como ha anunciado públicamente el Ejecutivo Nacional, ya que debe tenerse en cuenta que esta última también tiene base jurídica tanto en el artículo 53 literal e, así como en el artículo 106 y 145 de la Carta de la OEA. Ya que la mencionada Carta como otros tratados interamericanos no admite divisibilidad de sus disposiciones -como se desprende no sólo del silencio de la Carta de la OEA al respecto, sino de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando el gobierno de Alberto Fujimori quiso retirar el sometimiento de Perú de su jurisdicción-, es decir, que no sería aceptado una denuncia parcial de su articulado conforme a lo previsto por el artículo 44 de la Convención de Viena sobre Tratados de 1969 –de la que por cierto no forma parte Venezuela y es posterior a la Carta de la OEA-; la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de toda la OEA.
Por tanto, intentar retirarnos de la CIDH supondría una medida que nos aislaría del sistema interamericano y tendría altos costos de legitimidad al estarse dando la imagen negativa a nivel internacional de un Estado que no desea respetar los derechos humanos y por tanto no desea ningún tipo de mecanismo de supervisión, exponiéndonos a señalamientos y la posibilidad de futuras sanciones morales en el marco del sistema interamericano –la CIDH hoy por hoy emite juicios sobre Estados que no son parte de la OEA como Cuba- sin la posibilidad de expresar nuestros puntos de vista.
Asimismo, cabe destacar, que la alternativa propuesta por la Cancillería venezolana no es suficientemente plausible. Crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa en la CELAC y/o UNASUR requiere tiempo para negociarse, implementarse y demostrar su eficiencia para ganar credibilidad a nivel internacional. Esto demuestra además que la decisión no fue madurada suficientemente, sino que ha sido tomada de manera impulsiva e improvisada, porque en las propuestas de trabajo del Secretario General entrante de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, no se ha incorporado -al menos hasta que se planteó la retirada de Venezuela de la CIDH- la creación de un Consejo Suramericano de DDHH; ni tampoco impulsamos ni previmos la creación de un consejo latinoamericano en esta materia en la Declaración y Plan de Acción de Caracas o en el Estatuto de Procedimientos de la CELAC, documentos aprobados en la I Cumbre de la CELAC celebrada en Caracas el 2 y 3 de diciembre de 2011.
Por otra parte, aunque la denuncia de un tratado es facultad del Ejecutivo Nacional como quedó demostrado en el proceso de denuncia de la Comunidad Andina de Naciones, al encontrarnos en el caso que estamos discutiendo ante un tratado de DDHH que tiene rango constitucional de conformidad al artículo 23 de nuestra Carta Magna, sería necesario activar los mecanismos de reforma de este texto previstos en el artículos 341 de la misma. Es decir, sería necesaria la aprobación por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o consultar a los venezolanos en referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el Ejecutivo Nacional ante los venezolanos y ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto. Esto supone también un esfuerzo político en plena campaña electoral que provocará la politización de una decisión de Estado, que requeriría un análisis sosegado y un gran pacto entre las principales fuerzas políticas.
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Consideraciones Políticas:
En otro orden de ideas, a nivel político se ha señalado que retirarnos de la CIDH fortalecerá nuestra soberanía y debilitaría la hegemonía de EEUU. Sobre esto hay que subrayar que se defiende mucho mejor la soberanía participando en el proceso de reforma de la CIDH que fue aceptado por el Consejo Permanente el pasado mes de enero, a partir del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011, liderado por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú.
Dicho informe recoge cuatro recomendaciones concretas que son muy cercanas a los planteamientos realizados desde diversos países latinoamericanos en los últimos años, y entre ellos Venezuela, a saber: 1) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio; 2) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas; 3) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos; 4) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales.
Lo prudente y racionalmente conveniente para los intereses nacionales de Venezuela, es que a partir de estas recomendaciones, nuestra Cancillería impulse la transformación de la CIDH en un Consejo Interamericano de DDHH, es decir, un proceso de reforma similar a lo que ocurrió en la ONU en 2006. La soberanía puede y debe defenderse a través de la participación intensa en este proceso de reforma y en el día a día de las instituciones hemisféricas. Venezuela cuenta con votos suficientes a través del sistema de alianzas que se ha venido construyendo para hacer escuchar sus posturas. Resulta preferible participar hasta lograr un entrampamiento del hegemón con reglas claras que permitan tener certidumbre sobre su comportamiento, que minar la institucionalidad que lo contiene. Costó mucho hacer que EEUU jugara dentro del sistema interamericano, minarlo no supone debilitar su hegemonía en el Hemisferio Occidental, sino hacer que vuelva a jugar al unilateralismo y a soslayar la vía multilateral. No debemos perder las perspectivas. Si nuestros márgenes de acción autonómica han aumentado en los últimos años, esto se debe a nuestro rol como potencia petrolera en un contexto de precios altos del petróleo así como a la negligencia de EEUU hacia América Latina debido a los años de “Guerra contra el Terrorismo” y la gestión de la Administración Obama de la pesada herencia de los años de George W. Bush. Por tanto, aún asumiendo los costos y riesgos de aislarnos del sistema interamericano, esto no va a cambiar la realidad de poder: EEUU seguirá siendo por muchos años la potencia dominante de las Américas. Este es un elemento clave con el cual tendremos que coexistir y que nuestra política exterior debe saber gestionar en el futuro previsible para obtener mayores márgenes de autonomía al menor costo posible. Creer que denunciar tratados y salirnos de las instituciones regionales cambiará la configuración de fuerzas, es una creencia quijotesca propia de una visión ideológicamente sesgada y temeraria.
Adicionalmente, retirarnos de la CIDH podría resultar contraproducente para la política de integración regional trazada por el Presidente Chávez, ya que ofrecería más argumentos a la oposición paraguaya para seguir bloqueando el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, a lo cual se ha estado aspirando desde 2006.
Finalmente, es necesario decir que la salida de Venezuela de la CIDH de manera improvisada, nos crearía la necesidad urgente de la aquiescencia de Brasil como potencia emergente para construir la institucionalidad alternativa que se ha planteado, es decir, esto nos haría depender de sus intereses y estrategias de negociación. En la última década, hemos estado ensimismados debido a nuestra conflictividad política interna, y no hemos prestado suficiente atención al ascenso de Brasil y lo que esto supone para nuestros intereses nacionales.
Brasilia ha venido impulsando la creación de una esfera de influencia en América del Sur en particular y América Latina en general, sorteando hasta ahora exitosamente una confrontación directa con EEUU, para lo cual ha asumido hábilmente un rol de mediador en el conflicto político-ideológico que Venezuela ha abierto con EEUU. Así Brasilia ha evitado ser percibida por Washington como rival y ha logrado posicionarse como Estado indispensable para dialogar con todas las partes y marcar los destinos de la región. Ergo, nuestra acción para debilitar el sistema interamericano representa una nueva oportunidad de avance en la estrategia de ascenso de Brasil que debemos incorporar en nuestros cálculos estratégicos. Recordemos que ya el petróleo no es una carta que nos permita tener poder sobre Brasil desde que encontraron los yacimientos en las áreas pre-sal a finales de 2007. Es decir, debemos preguntarnos si no estamos fortaleciendo indirectamente a esta potencia que viene creciendo en nuestro flanco sur y haciéndonos día a día más dependiente de sus decisiones. Defender la soberanía requiere tener en cuenta todas estas consideraciones, ya que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, y viceversa.
En consecuencia, resulta perentorio que el Consejo de Estado llame a los expertos en Relaciones Internacionales de las distintas tendencias para escuchar sus opiniones con el propósito de reconsiderar la decisión que se ha tomado desde todos los ángulos y con una perspectiva que busque favorecer nuestros intereses nacionales, no intereses de grupos políticos ni veleidades ideológicas. Así el Consejo de Estado podrá defender mejor la soberanía nacional haciendo un gran servicio al país.
