Aurimar
Jiménez
En el año 2008, se inició una
severa crisis financiera en EEUU que no tardó en hacerse sentir en la Unión
Europea, afectando significativamente a Grecia desde 2010, y que aun hoy, se
encuentra sumergida en una situación de incertidumbre y preocupación.
La crisis griega se atribuye
principalmente al alto índice de déficit público ubicado en 13,6% a finales de
2009, que llevó al desplome de sus bonos de deuda soberana en el mercado; ya
que había perdido credibilidad ante los inversionistas debido a su alto
endeudamiento y el maquillaje de sus datos macroeconómicos. Antes de estallar
oficialmente la crisis, Atenas debía más del 113,4% de su PIB.
El exacerbado endeudamiento
de Grecia, tuvo su origen en la irresponsabilidad de sus gobiernos de incurrir
en constantes préstamos para cubrir sus gastos, muchos de estos generados por
procesos burocráticos innecesarios, por evasiones fiscales o por asuntos de
corrupción.
En mayo del 2010, ante el
elevado endeudamiento, Grecia no tuvo otra alternativa que solicitar ayuda a la
Unión Europea y el FMI. El primer rescate a Grecia contempló un paquete de
préstamos de 110 millardos para el período 2010-2012, al que el FMI aportó 30
millardos. El plazo para reintegrar el crédito, inicialmente previsto hasta
2014, se extendió posteriormente hasta 2017. Sin embargo, el intento de Grecia
en hacer recortes en su economía no fue suficiente y la deuda continuó
aumentando, llevando a una fuerte depresión económica –la contracción acumulada
del PIB fue de 13,8% entre 2008 y 2011-, lo cual obligó al gobierno griego a
solicitar un nuevo auxilio financiero.
El 21 de julio de 2011 los
líderes de la eurozona acordaron un segundo rescate a Grecia por valor de 159 millardos
de euros para el período 2011-2014, de los que 49,6 millardos saldrían del
sector privado (37 millardos de los bancos y 12,6 de un programa de recompra de
bonos griegos). No obstante, las condiciones del segundo rescate fueron
revisadas y finalmente el 27 de octubre, la Unión Europea estableció un paquete
de ayuda a Grecia de 130 millardos de euros y una quita del 50% de su deuda con
la banca privada. El agravamiento de la crisis, la impopularidad de las medidas
que acompañaron el nuevo plan y la falta de apoyo de la oposición, llevaron al
entonces Primer Ministro griego, Yorgos Papandreu, a proponer un referéndum
sobre su aplicación. La presión de sus socios europeos obligó a Papandreu a
rectificar y el 9 de noviembre dimitió, dando paso a un gobierno de unidad
nacional que asumiría la aplicación del plan de rescate. En este contexto, se empezó a hablar por primera vez de “Grexit”,
abreviatura en inglés para denotar la inminente salida de Grecia del euro, acuñada en un informe de Citibank y luego muy utilizada en diversos medios financieros.
Sin embargo, la sangre no llegó al río. Aunque el plan de rescate permaneció bloqueado hasta el 21 de febrero de 2012, el Eurogrupo finalmente lo aprobó después de que Grecia cumpliera las condiciones exigidas por los socios del euro, es decir, un plan para reforzar la vigilancia sobre el país mediante una presencia permanente de la misión de las instituciones internacionales sobre el terreno para verificar que Atenas cumplía con las condiciones pactadas. Esto fue criticado por las fuerzas de oposición como “la mayor cesión de soberanía de un Estado en tiempos de paz”. El plan implicó la creación de una cuenta bloqueada para satisfacer los pagos de la deuda y el compromiso de Atenas de implementar durísimas medidas de austeridad, incluyendo reducción de las pensiones, retraso de la edad de jubilación, congelación y reducción de salarios, despidos de funcionarios, privatizaciones y aumento de impuestos. El objetivo consistía en reducir la deuda griega desde 165,3% del PIB en 2011 a 120,5% en 2014.
Sin embargo, la sangre no llegó al río. Aunque el plan de rescate permaneció bloqueado hasta el 21 de febrero de 2012, el Eurogrupo finalmente lo aprobó después de que Grecia cumpliera las condiciones exigidas por los socios del euro, es decir, un plan para reforzar la vigilancia sobre el país mediante una presencia permanente de la misión de las instituciones internacionales sobre el terreno para verificar que Atenas cumplía con las condiciones pactadas. Esto fue criticado por las fuerzas de oposición como “la mayor cesión de soberanía de un Estado en tiempos de paz”. El plan implicó la creación de una cuenta bloqueada para satisfacer los pagos de la deuda y el compromiso de Atenas de implementar durísimas medidas de austeridad, incluyendo reducción de las pensiones, retraso de la edad de jubilación, congelación y reducción de salarios, despidos de funcionarios, privatizaciones y aumento de impuestos. El objetivo consistía en reducir la deuda griega desde 165,3% del PIB en 2011 a 120,5% en 2014.
Con este telón de fondo, se produjo
la victoria del líder populista Alexis Tsipras el 25 de enero de 2015, el cual
enarboló la bandera anti-austeridad en la campaña electoral. Así, el nuevo
Primer Ministro Tsipras se embarcó en un duro proceso de negociación con la Unión
Europea y el FMI para buscar un nuevo
rescate, disminuir el rigor de las medidas de austeridad y las reformas
estructurales, lograr los últimos desembolsos de ayuda por 7,2 millardos de
euros para pagar funcionarios públicos y flexibilizar los calendarios de pago.
Bruselas ya da casi por
descartado un acuerdo con Atenas el próximo 24 de abril, durante la reunión del
Eurogrupo en Riga (Letonia), y mira ya hacia finales de junio, fecha en la que
expira la prórroga del calendario del segundo rescate. De manera que, se han
disparado nuevamente las preocupaciones de un cese de pagos, dado que Atenas
deberá pagar al FMI un monto de 747 millones de dólares el próximo 12 de mayo.
En el caso más extremo de no alcanzar un acuerdo en los
próximos meses, Alexis Tsipras podría verse obligado a imprimir su propia
moneda y renegociar su deuda: La salida de Grecia del euro, el temido “Grexit”, que no tiene ningún precedente y supondría
impredecibles consecuencias para la Unión Europea. Una opción intermedia sería
la emisión de “pagarés”, como una especie de moneda paralela de uso interno
para pagar a los funcionarios públicos ante la falta de liquidez, lo cual
implicaría en la práctica un primer paso para abandonar el euro y regresar al
dracma.
Aunque la crisis griega ya cumple 5 años, y los actores
han tomado sus previsiones, se teme que un “Grexit” dispare los intereses de la
deuda pública en los países del Sur de la Unión Europea (Italia, España y
Portugal), y afecte la credibilidad del euro. No obstante, existen voces más
pesimistas como la del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, quien ha dicho
que “un ‘Grexit’ sería el infierno”, ya que arrastraría a la Unión Europea a
una crisis de confianza, una ola de proteccionismo y una nueva recesión, y todo
esto, terminaría contagiando a la economía mundial que no se ha recuperado
totalmente.
Sin embargo, Tsipras parece tener una carta bajo la
manga para ganar tiempo y fortalecer su posición frente a Bruselas: Putin. Tsipras
realizó una visita a Moscú a principios de abril, donde mostró sintonía
política con el líder ruso. Por ello, se ha especulado sobre la posibilidad de
negociaciones de ayuda financiera, aunque Putin lo ha negado y la economía rusa
no atraviesa sus mejores momentos. No obstante, Putin ofreció a Tsipras la
posibilidad de realizar inversiones para que Grecia se conecte al nuevo
gasoducto ruso-turco, denominado “Turkish Sream”, que está previsto se
construya bajo el Mar Negro para llevar gas ruso a Europa -como alternativa a
la ruta ucraniana-, y debería estar operativo en 2019. En este marco, Tsipras podría
recibir un pago anticipado de entre 3 y 5 millardos de euros por los derechos
de Grecia como país en tránsito del gasoducto. Además, Putin ofreció crear
empresas mixtas agrícolas para reanudar las exportaciones de alimentos de
Grecia a Rusia, bloqueadas el año pasado tras las sanciones de EEUU y la Unión
Europea debido a la anexión rusa de Crimea. Por ello, muchos señalan que Putin
intenta seducir a Tsipras para dividir a la Unión Europea y debilitar el
régimen de sanciones.
@auriUCV
