El peculiar “compromiso con la democracia” de UNASUR

Richard Díaz

El pasado 18 de abril se celebró en Lima (Perú), la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR y su Secretario General, Alí Rodríguez Araque, convocada por su Presidente pro-témpore, Ollanta Humala, con el propósito de abordar la crisis política en Venezuela abierta tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador al candidato oficialista y Presidente Encargado Nicolás Maduro Moros con el 50,75% de los votos, frente al 48,97% del abanderado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles Radonski, quien desconoció estos resultados, denunció el ventajismo oficial y pidió una auditoría ciudadana al CNE. A pocos días de haberse celebrado dicha Cumbre de UNASUR, es notorio observar que dejó más interrogantes que aportes a la solución de la crisis política venezolana.

 

Quedan muchas dudas por despejarse con el desenlace de la reclamación de la MUD y de su candidato Henrique Capriles Radonski ante el CNE, y de ser necesario, la posible impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias internacionales. Todo esto en virtud de una realidad innegable: al menos más de siete millones de venezolanos cuestionan actualmente la elección y legitimidad de Nicolás Maduro como Presidente, hasta tanto se demuestre que hubo la debida transparencia en el proceso electoral, mediante una auditoría ciudadana a fondo, y con el fin de que esclarecer la verdadera voluntad mayoritaria de los 15 millones de venezolanos que ejercieron su voto.

 

Si bien el inicio de la Cumbre de UNASUR a sólo cuatro días del evento comicial, estuvo marcado por la tensión que produjeron horas antes las denuncias de fraude y ventajismo de Estado por parte del candidato Henrique Capriles Radonski luego del boletín del CNE, es preocupante ver cómo se dio tan rápido la aprobación de la “Declaración de Lima” que respaldó a Nicolás Maduro como Presidente Electo, la misma noche antes del acto de juramentación. Y que vino además del respectivo acompañamiento y legitimación que le brindaron sus colegas mandatarios al asistir al citado acto en la Asamblea Nacional, ignorando así los reclamos de la otra mitad que se manifestaba con cacerolazos en todas partes. Lo que demuestra una vez más que la teoría realista sigue siendo válida para el estudio de las Relaciones Internacionales: Los Estados actúan de acuerdo a intereses en términos de poder y no en base a principios.

 

Esta clásica premisa del realismo político, tan debatida por pesimista en el ámbito académico, ayuda a comprender las siguientes interrogantes: ¿por qué UNASUR actuó de forma tan apresurada en reconocer y legitimar a Maduro,? ¿Por qué no medió ni ha mediado a estas alturas en el conflicto político abierto en Venezuela? ¿Cuál o cuáles son los intereses que han prevalecido? ¿Por qué le ha restado importancia a la crisis venezolana?

 

Para nadie es un secreto a estas alturas que en el seno de UNASUR, al igual que en MERCOSUR, ALBA y CELAC, existen intereses políticos y económicos directos con el petróleo venezolano, principal promotor de esta nueva integración regional basada en una afinidad política e ideológica, pero que busca con la compra de lealtades entre gobiernos, y por encima de prioridades de orden social a lo interno del país, una mayor participación como bloque en el orden internacional. En la construcción de lo que la Cancillería venezolana denomina un Mundo multipolar, pluripolar y multicéntrico.

 

Como sabemos, la actual crisis política venezolana es producto de la penosa confrontación de larga data entre dos mitades claramente opuestas. Si ese reclamo legítimo de Henrique Capriles Radonski llegase a prosperar en el mediano plazo, sin duda quedaría en entredicho la legitimidad, la credibilidad y el futuro UNASUR por el escaso compromiso asumido con la democracia regional en los momentos más decisivos. Esto puede señalarse, porque de forma irresponsable y siendo la única organización internacional que tuvo acceso al proceso electoral a través de la Misión de Acompañamiento Electoral encabezada por Carlos “Chacho” Álvarez, no valoró el alcance del reclamo realizado por la MUD en la “Declaración de Lima”, y en cambio discriminó de oficio al momento de reconocer y legitimar a Maduro sin mayores preocupaciones. Prueba de ello, es el punto 3 de la citada Declaración en respuesta al pronunciamiento vago del CNE comprometiéndose a realizar la auditoría ciudadana: UNASUR “toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría total de las mesas electorales”. Esta postura que no ofrece alternativa alguna ni garantiza la paz ni el respeto a la voluntad soberana, deja sin acompañamiento institucional a las partes en conflicto. Si la crisis se origina por las pruebas de irregularidades y la cuestionada imparcialidad del CNE, no se entiende cómo UNASUR “tomando nota positiva” delegue su confianza y garantía en el agente cuestionado: todo un absurdo.

 

Lo correcto era volver a enviar la Misión de Acompañamiento Electoral de UNASUR a Venezuela, para supervisar todo lo necesario para que se diera cumplimiento a las exigencias de la MUD al proceso de auditoría ciudadana, y develar lo que en verdad ocurrió, con el fin de lograr una solución pacífica, democrática y ajustada a derecho, situación trascendental para el futuro de los venezolanos, y en un segundo plano, para la verdadera integración en América del Sur.

 

El artículo 2 del Tratado Constitutivo es muy claro en los objetivos para alcanzar la integración regional, ya que establece “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político”. Obviamente, ese diálogo político en la crisis venezolana no se dio. No puede haber diálogo político para la paz y la estabilidad regional mientras las discusiones en UNASUR se den a puerta cerrada entre Jefes de Estado y sin la presencia de otros actores perjudicados, maxime cuando también representan a los pueblos suramericanos. Incluso y sabiendo esto, el candidato Henrique Capriles Radonski manejó la posibilidad de presentarse voluntariamente en la Cumbre de UNASUR para llevar su reclamo, pero es comprensible que no acudiera si ese “exclusivismo presidencialista” no le garantizaba su participación. Por eso cabe la pregunta: ¿dónde estuvo la prioridad al diálogo político?

 

Aunque es debatible al momento de una toma de decisión -según sea el caso- determinar hasta qué punto los intereses particulares de los grupos de poder como líderes políticos, empresarios o funcionarios burocráticos, privan o no sobre los principios generales de una nación, de una organización internacional o en este caso de un bloque regional; lo que no se discute son las consecuencias que la decisión acarrea en el tiempo. Es lamentable que los intereses económicos y políticos de UNASUR sean tan determinantes y están por encima de sus mismos principios de “soberanía, autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia, participación ciudadana y pluralismo” que pregonan el Tratado Constitutivo y el Protocolo de Georgetown sobre Compromiso con la Democracia. Esta defensa notoria y confesa de UNASUR al Poder Ejecutivo venezolano, al gobernante de turno y de espaldas a la voluntad expresa de los ciudadanos, hace que añoremos aquellas brillantes actuaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en defensa de la democracia, frente a la caída de los regímenes militares del cono sur en los años 80, o más reciente el rol que desempeñó la misión electoral en el 2000, frente a la controversia por la también dudosa tercera reelección de Alberto Fujimori en Perú, entre otras tantas actuaciones en defensa de la Democracia.

 

En resumen, los gobiernos se deben a sus electores quienes ejercen su soberanía mediante el voto. Si la región sudamericana se plantea con UNASUR “construir una identidad y ciudadanía suramericanas”, la organización no puede ser un “club de presidentes” y estar de espaldas a sus pueblos, quienes han exigido y segurián exigiendo pacíficamente que se haga justicia y se respete su voluntad. Y si no, podemos recordar el caso de Paraguay el pasado año donde el pueblo guaraní fue víctima de la injusta exclusión del organismo por destituir al entonces Presidente Lugo apegado a sus normas constitucionales. El caso de Venezuela le brinda una nueva oportunidad a UNASUR para redimirse y comprometerse realmente con sus principios y propósitos. Es momento de reflexionar: o todos somos demócratas, o ninguno lo somos. No existen espacios para medias verdades en un Mundo tan globalizado como el actual, incapaz de desconocer a los actores no estatales que emergen con protestas a cualquier hora y escenario.

 

Como venezolano creyente en la democracia, sólo me toca preguntarle a UNASUR: ¿Por qué no te comprometes realmente con la democracia?