El espíritu de la Declaración Schuman y la integración latinoamericana

Prof. Angel Castillo Siri

Desde 1985 se conmemora oficialmente el 9 de mayo como el Día de Europa, para recordar la en ese día del año 1950, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, ofreció un discurso en donde proponía que Alemania y Francia estableciesen una organización abierta a otros países europeos para controlar el conjunto de la producción de carbón y de acero por medio de una Alta Autoridad común. La intención era controlar la producción de estos insumos esenciales para la fabricación de armamentos de modo que no se permitiese una carrera armamentista como las que degeneraron en las dos guerras mundiales del siglo XX, re direccionando dicha producción hacia el crecimiento económico sostenido y sentando las bases para una federación europea.

 

La Declaración Schuman permitió iniciar el largo proceso de construcción de la Unión Europea y concretar la visión de Aristide Briand, quien 20 años antes buscó establecer una unión federal europea como mejor garantía a la paz de la región. La intención era resolver el problema de seguridad de Francia a través de la cooperación económica con su industrializado vecino, el cual lo invadió dos veces en 50 años y propiciar también la cooperación política en el continente. En la era de Monnet y Schuman, con una Alemania dividida y la amenaza de una mayor expansión soviética, el proyecto empezó a concretarse en etapas sucesivas.

 

La crisis de deuda que vive actualmente gran parte de la Unión Europea es otro reto más en este largo proceso que no ha estado exento de fallas, cuestionamientos, incertidumbre e incluso retrocesos. Cuando el parlamento francés rechazó en 1954 la creación de la Comunidad Europea de Defensa afectó el alcance de la integración desde el inicio, y no fue hasta 1999 que la UE tuviese formalmente una política común en materia de seguridad y defensa hasta 1999; la aprobación del Tratado de Maastricht de 1992 fue rechazada por referendo en Dinamarca, y en Francia apenas fue aprobado en un referéndum similar, indicando que las poblaciones de los países europeos no apoyaban plenamente el proceso de integración hacia el Área Monetaria Europea; las crisis cambiarias de 1992 y 1993 forzaron a la ampliación temprana de la banda de flotación de las monedas europeas respecto a la unidad de cuenta europea (ECU) de 2,25% a 15%, generando dudas sobre la viabilidad del proyecto de moneda común planteado en Maastricht solo un año antes; y el rechazo de Francia y Holanda, vía referéndum, a la Constitución Europea en 2005, volvieron a demostrar que la visión de una Europa federada aún no cala en el ciudadano común y que sus preferencias agregadas apuntan más bien a sentimientos de identificación nacionales/locales.

 

La superación de estas dificultades nace de la comprensión, al menos desde la perspectiva de los líderes europeos, de que es esencial mantener y reforzar la cooperación en la Unión Europea. Es un lineamiento base de política exterior de cada país, conscientes de su interdependencia y de la necesidad de generar regímenes para interrelacionarse y que acepten cierto grado de supranacionalidad. Esto los lleva constantemente a negociar y buscar alternativas en el marco del mismo proyecto, el cual ha ampliado su número de miembros hasta llegar a los 27 países actuales.

 

Si observamos la integración latinoamericana, proceso paralelo al europeo, se adopta un enfoque diferente: la multiplicación de los acuerdos y la evasión de compromisos; la segregación y la falta de profundidad. En los últimos años hablar de integración en la región es hablar de UNASUR y CELAC, teniendo proyectos de largo plazo como ALADI, CAN y MERCOSUR. Mientras Grecia se divide entre permanecer o salir del euro luego de 2 años de recesión y la aplicación de duras medidas de austeridad, como se evidenció en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, y Hollande, aunque revisionista del Pacto Fiscal, quiere mantener a Francia en el euro, Venezuela sale de la CAN por un tratado de libre comercio bilateral, cuya negociación aprobó mediante la aceptación de la Decisión 598 de 2004 y que no implica para el país compromisos como los estipulados en los criterios de convergencia de la Zona Euro, es decir, compromisos que establezcan metas para la política económica en general. Ningún acuerdo de integración latinoamericano ha llegado a ser tan ambicioso y a establecer reglas en tantos aspectos.

 

Si bien la realidad latinoamericana posee sus propias características y dinámicas que evidentemente requieren de un modelo de integración ajustado a sus circunstancias, esta inconsistencia recurrente permite prever que será más factible una estabilización de la crisis europea actual que el inicio con pie firme de un proyecto de integración sólido en la región.

Reconsiderar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Dr. Kenneth Ramírez

El pasado 30 de abril, el Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcione los argumentos que avalen la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, al considerar que es “un mecanismo que usa Estados Unidos” contra el país.

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Consideraciones Jurídicas:

 

Lo primero que es necesario señalar es que retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado formalmente para promover y proteger la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio, no es asunto fácil ni jurídica ni políticamente, y que deben evaluarse racionalmente los costos y beneficios que tal decisión supone para Venezuela.

 

La CIDH aunque se creó en 1959, es parte tanto del derecho internacional convencional americano como del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, y en la Convención Americana de DDHH de 1969 que terminó por reforzar su rol y las funciones.

 

A partir de entonces la CIDH desempeña un doble papel: a) cómo órgano de consulta previsto en la Carta de la OEA para vigilar el cumplimiento e impulsar la defensa de los derechos humanos de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los países que no han ratificado la Convención Americana de DDHH; b) cómo órgano de supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la mencionada Convención en los Estados parte de la misma.

 

Lo anterior supone que las discusiones que se han venido dando en el entorno del Ejecutivo Nacional sobre nuestro eventual retiro de la CIDH han simplificado en extremo la cuestión. Algunos voceros han señalado que podemos retirarnos de la CIDH mediante la denuncia de la Convención Americana de DDHH, recurriendo a su artículo 78 que establece tal posibilidad. No obstante, tal como ya hemos dejado entrever, este acto sólo tendría el efecto de retirarnos del sistema interamericano de protección de derechos humanos –y por tanto, del ente jurisdiccional de este sistema que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos- pero no de la CIDH como ha anunciado públicamente el Ejecutivo Nacional, ya que debe tenerse en cuenta que esta última también tiene base jurídica tanto en el artículo 53 literal e, así como en el artículo 106 y 145 de la Carta de la OEA. Ya que la mencionada Carta como otros tratados interamericanos no admite divisibilidad de sus disposiciones -como se desprende no sólo del silencio de la Carta de la OEA al respecto, sino de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando el gobierno de Alberto Fujimori quiso retirar el sometimiento de Perú de su jurisdicción-, es decir, que no sería aceptado una denuncia parcial de su articulado conforme a lo previsto por el artículo 44 de la Convención de Viena sobre Tratados de 1969 –de la que por cierto no forma parte Venezuela y es posterior a la Carta de la OEA-; la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de toda la OEA.

 

Por tanto, intentar retirarnos de la CIDH supondría una medida que nos aislaría del sistema interamericano y tendría altos costos de legitimidad al estarse dando la imagen negativa a nivel internacional de un Estado que no desea respetar los derechos humanos y por tanto no desea ningún tipo de mecanismo de supervisión, exponiéndonos a señalamientos y la posibilidad de futuras sanciones morales en el marco del sistema interamericano –la CIDH hoy por hoy emite juicios sobre Estados que no son parte de la OEA como Cuba- sin la posibilidad de expresar nuestros puntos de vista.

 

Asimismo, cabe destacar, que la alternativa propuesta por la Cancillería venezolana no es suficientemente plausible. Crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa en la CELAC y/o UNASUR requiere tiempo para negociarse, implementarse y demostrar su eficiencia para ganar credibilidad a nivel internacional. Esto demuestra además que la decisión no fue madurada suficientemente, sino que ha sido tomada de manera impulsiva e improvisada, porque en las propuestas de trabajo del Secretario General entrante de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, no se ha incorporado -al menos hasta que se planteó la retirada de Venezuela de la CIDH- la creación de un Consejo Suramericano de DDHH; ni tampoco impulsamos ni previmos la creación de un consejo latinoamericano en esta materia en la Declaración y Plan de Acción de Caracas o en el Estatuto de Procedimientos de la CELAC, documentos aprobados en la I Cumbre de la CELAC celebrada en Caracas el 2 y 3 de diciembre de 2011.

 

Por otra parte, aunque la denuncia de un tratado es facultad del Ejecutivo Nacional como quedó demostrado en el proceso de denuncia de la Comunidad Andina de Naciones, al encontrarnos en el caso que estamos discutiendo ante un tratado de DDHH que tiene rango constitucional de conformidad al artículo 23 de nuestra Carta Magna, sería necesario activar los mecanismos de reforma de este texto previstos en el artículos 341 de la misma. Es decir, sería necesaria la aprobación por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o consultar a los venezolanos en referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el Ejecutivo Nacional ante los venezolanos y ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto. Esto supone también un esfuerzo político en plena campaña electoral que provocará la politización de una decisión de Estado, que requeriría un análisis sosegado y un gran pacto entre las principales fuerzas políticas.

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Consideraciones Políticas:

 

En otro orden de ideas, a nivel político se ha señalado que retirarnos de la CIDH fortalecerá nuestra soberanía y debilitaría la hegemonía de EEUU. Sobre esto hay que subrayar que se defiende mucho mejor la soberanía participando en el proceso de reforma de la CIDH que fue aceptado por el Consejo Permanente el pasado mes de enero, a partir del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011, liderado por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú.

 

Dicho informe recoge cuatro recomendaciones concretas que son muy cercanas a los planteamientos realizados desde diversos países latinoamericanos en los últimos años, y entre ellos Venezuela, a saber: 1) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio; 2) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas; 3) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos; 4) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Lo prudente y racionalmente conveniente para los intereses nacionales de Venezuela, es que a partir de estas recomendaciones, nuestra Cancillería impulse la transformación de la CIDH en un Consejo Interamericano de DDHH, es decir, un proceso de reforma similar a lo que ocurrió en la ONU en 2006. La soberanía puede y debe defenderse a través de la participación intensa en este proceso de reforma y en el día a día de las instituciones hemisféricas. Venezuela cuenta con votos suficientes a través del sistema de alianzas que se ha venido construyendo para hacer escuchar sus posturas. Resulta preferible participar hasta lograr un entrampamiento del hegemón con reglas claras que permitan tener certidumbre sobre su comportamiento, que minar la institucionalidad que lo contiene. Costó mucho hacer que EEUU jugara dentro del sistema interamericano, minarlo no supone debilitar su hegemonía en el Hemisferio Occidental, sino hacer que vuelva a jugar al unilateralismo y a soslayar la vía multilateral. No debemos perder las perspectivas. Si nuestros márgenes de acción autonómica han aumentado en los últimos años, esto se debe a nuestro rol como potencia petrolera en un contexto de precios altos del petróleo así como a la negligencia de EEUU hacia América Latina debido a los años de “Guerra contra el Terrorismo” y la gestión de la Administración Obama de la pesada herencia de los años de George W. Bush. Por tanto, aún asumiendo los costos y riesgos de aislarnos del sistema interamericano, esto no va a cambiar la realidad de poder: EEUU seguirá siendo por muchos años la potencia dominante de las Américas. Este es un elemento clave con el cual tendremos que coexistir y que nuestra política exterior debe saber gestionar en el futuro previsible para obtener mayores márgenes de autonomía al menor costo posible. Creer que denunciar tratados y salirnos de las instituciones regionales cambiará la configuración de fuerzas, es una creencia quijotesca propia de una visión ideológicamente sesgada y temeraria.

 

Adicionalmente, retirarnos de la CIDH podría resultar contraproducente para la política de integración regional trazada por el Presidente Chávez, ya que ofrecería más argumentos a la oposición paraguaya para seguir bloqueando el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, a lo cual se ha estado aspirando desde 2006.

Finalmente, es necesario decir que la salida de Venezuela de la CIDH de manera improvisada, nos crearía la necesidad urgente de la aquiescencia de Brasil como potencia emergente para construir la institucionalidad alternativa que se ha planteado, es decir, esto nos haría depender de sus intereses y estrategias de negociación. En la última década, hemos estado ensimismados debido a nuestra conflictividad política interna, y no hemos prestado suficiente atención al ascenso de Brasil y lo que esto supone para nuestros intereses nacionales.

 

Brasilia ha venido impulsando la creación de una esfera de influencia en América del Sur en particular y América Latina en general, sorteando hasta ahora exitosamente una confrontación directa con EEUU, para lo cual ha asumido hábilmente un rol de mediador en el conflicto político-ideológico que Venezuela ha abierto con EEUU. Así Brasilia ha evitado ser percibida por Washington como rival y ha logrado posicionarse como Estado indispensable para dialogar con todas las partes y marcar los destinos de la región. Ergo, nuestra acción para debilitar el sistema interamericano representa una nueva oportunidad de avance en la estrategia de ascenso de Brasil que debemos incorporar en nuestros cálculos estratégicos. Recordemos que ya el petróleo no es una carta que nos permita tener poder sobre Brasil desde que encontraron los yacimientos en las áreas pre-sal a finales de 2007. Es decir, debemos preguntarnos si no estamos fortaleciendo indirectamente a esta potencia que viene creciendo en nuestro flanco sur y haciéndonos día a día más dependiente de sus decisiones. Defender la soberanía requiere tener en cuenta todas estas consideraciones, ya que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, y viceversa.

 

En consecuencia, resulta perentorio que el Consejo de Estado llame a los expertos en Relaciones Internacionales de las distintas tendencias para escuchar sus opiniones con el propósito de reconsiderar la decisión que se ha tomado desde todos los ángulos y con una perspectiva que busque favorecer nuestros intereses nacionales, no intereses de grupos políticos ni veleidades ideológicas. Así el Consejo de Estado podrá defender mejor la soberanía nacional haciendo un gran servicio al país.

Recaída a dos niveles: La nueva recesión europea y la fortaleza de Alemania

Prof. Angel Castillo Siri


Los temores de que Europa cayera en una double-dip recession parecen empezar a materializarse con el anuncio de que España decreció 0,3% en el primer trimestre de 2012, siendo el segundo trimestre de caída y entrando oficialmente en recesión. Se teme que otros países de la Eurozona como Holanda e Italia tengan un desempeño similar pues ya en el cuarto trimestre de 2011 su PIB se redujo en 0,2% y 0,4% respectivamente. Sumado a Portugal, Grecia, Eslovenia y Chipre, que ya están en recesión, podríamos tener a 7 países con decrecimiento económico de los 17 que conforman la Eurozona.

 

¿Cuáles son las implicaciones para la Eurozona? La recesión observada en 2009 fue mucho más dramática, ya que ninguno de los 17 integrantes de la Eurozona escapó a la recesión. Incluso Alemania tuvo una caída de 5,1%. Los gobiernos europeos apostaron a elevar el gasto público de un 47% del PIB a un 51% entre 2008 y 2009, y a endeudarse para evitar una recesión profunda, lo cual deterioró el déficit fiscal que pasó de -2,1% en 2008 a -6,4% en 2009. La deuda de la Zona Euro pasó a representar el 79,9% del PIB en 2009, casi 10 puntos porcentuales más que el año anterior.

 

Si consideramos el peso económico de los países en recesión o a punto de entrar en ella, debemos recordar que 5 de los 17 países representan el 83% de la economía de la Eurozona. Estos países son Alemania (27%), Francia (21,1%), Italia (17%), España (11,5%) y Holanda (6,4%). Los 3 últimos se ven afectados por el actual decrecimiento, lo cual genera mayor preocupación en los mercados financieros. Por ejemplo, España ha sufrido una salida de capitales de 128.000 millones de EUR en el último año, debido a la venta de títulos públicos por parte de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Esto implica un enorme problema de financiamiento para el país, cuya deuda pasó de 436.984 millones de EUR en 2008 (40,2% del PIB) a 734.961 millones en 2011 (68,5% del PIB). La calificación de sus títulos valores públicos fue reducida por Standard & Poor’s desde A a BBB+ el pasado 26 de abril siguiendo este deterioro financiero.
 

Una recesión en estos países similar en términos porcentuales a la de 2009 (-4,3% para la Eurozona) podría ser un duro golpe para la estabilidad del proyecto de la moneda común. El éxito de los planes de austeridad aplicados en los PIGS+N es reducir el déficit fiscal pero minimizando la recesión. La economía griega cayó 6,9% en 2011, pero la de Portugal solo se redujo en 1,6%. Ya no existe capacidad financiera para que los gobiernos dupliquen el déficit fiscal, emitan más deuda y posterguen los ajustes necesarios en sus economías.
 

En caso de una recesión pronunciada, nuevamente será Alemania quien decidirá si mantiene el proyecto del Euro a flote. En 2011 logró reducir del déficit fiscal de -4,3% a solo -1% (el monto cayó de -105.860 millones de EUR a solo -25.800 millones en un año), así como la deuda pública de un 83% a un 81,2% del PIB. Francia, por su parte, mantiene un déficit fiscal de -5,2% y una deuda de 85,2% (esa es la base de partida para el programa de gastos de Hollande). Solo Alemania tendría la sostenibilidad financiera para reforzar su crecimiento a través del gasto público, no Francia, y estimular importaciones desde la Eurozona para revitalizar sus economías e incluso financiar nuevos préstamos a países en crisis. Y dado que las próximas elecciones federales en Alemania se realizaran en septiembre de 2013, el gobierno de Merkel podría contar con tiempo para actuar más agresivamente en rescatar al Euro.

Austeridad vs. Expansión: Hollande y la fragilidad del Euro

Prof. Angel Castillo Siri

 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, celebradas el pasado domingo 21 de abril, mostró el desgaste político de Nicolás Sarkozy, quien obtuvo 27,1% de los votos frente al 28,6% de François Hollande, luego de 3 años de crisis en Europa. Posiblemente los resultados de las elecciones puedan vincularse con la magnitud de la crisis en sus respectivos países: en España, con un desempleo del 20%, Zapatero fue claramente derrotado por Rajoy quien inmediatamente empezó a materializar la austeridad para evitar caer en el abismo de la deuda; en Francia, que resistió bastante bien la crisis en términos de desempleo aunque elevó sustancialmente su nivel de deuda al pasar de 65% del PIB en2008 a85% en 2011, los resultados son mucho más cerrados. No parece que exista preferencia por una ideología en particular, sino que por el contrario, se aplica el voto castigo y se demuestra el desencanto con la gestión.

 

Francia aun no ha aplicado ajustes que se asemejen a los programas de Grecia, Italia o España. Aun puede darse el lujo de no hacerlo. Sarkozy ha tratado de mantener una economía que al menos crezca (1,5% en 2010 y 1,7% en 2011) y que apuesta a una Zona Euro recuperada, siendo esencial su cooperación conla Canciller AngelaMerkel tanto en los planes de rescate de para Grecia como en la negociación del Pacto Fiscal dela UE. Lasegunda economía dela UEtampoco puede permitir que su sistema financiero sufra con un default griego, pues la tenencia de bonos de este país ha contaminado a los principales bancos franceses (PNB Paribas, Crédit Agricole, Société Générale) cuya calificación crediticia fue reducida el año pasado, causando temores de una nueva crisis financiera en Europa que desencadenara una nueva recesión. Debe conseguir tiempo para que sus bancos saneen sus activos.

 

Hollande está capitalizando el efecto demostración de las políticas de austeridad aplicadas enla UEen cuanto a recortes sociales y pérdida de beneficios laborales proponiendo la fórmula opuesta: incrementar para 2017 el gasto público en 20.000 de Euros, crear 60.000 puestos de enseñanza y 150.000 trabajos subsidiados para los jóvenes. Su lógica recuerda al multiplicador keynesiano. El Estado impulsará a la economía, generará crecimiento y con ello logrará aumentar la recaudación, reduciendo el déficit fiscal a través de una expansión a largo plazo.

 

El problema radica en que la estabilidad el Euro es un asunto de corto plazo. El disenso entre la visión francesa, centrado en lo local y en lapsos de tiempo más cortos, y la alemana, que busca una Europa unida para enfrentar los cambios geopolíticos por venir, puede debilitar aun mas la confianza en la moneda única, sobre todo cuando Hollande propone en este campo renegociar el Pacto Fiscal acordado en enero pasado. De allí el abierto apoyo de Merkel a Sarkozy durante este proceso electoral.

 

La gran incógnita durante un eventual gobierno de Hollande es que la eficiencia y efectividad del gasto que fundamenta su propuesta de gobierno tendrá que ser muy elevada para lograr los objetivos propuestos. El efecto multiplicador deseado puede ser significativo en los primeros años, pero será difícil de mantener hasta 2017, lo que avizoraría una Francia con bajo crecimiento y alta deuda luego de una recuperación inicial. Esto prolongaría los problemas del Euro más allá del umbral de 2013 fijado como año meta para la estabilización.

 

Falta ver si Hollande gana la segunda vuelta y si, una vez en la Presidencia, se demuestra que su discurso era exagerado por las necesidades del momento electoral. A semejanza de Lula en 2003, la dinámica de la política interna y de la presión externa haría prever un gobierno más moderado del que se propone para impactar a los votantes.

Discontinuidad Energética y Proyección Global: Prioridades de Venezuela y Colombia en la VI Cumbre de las Américas

Prof. Angel Castillo Siri

La VI Cumbre de las Américas, celebrada el pasado fin de semana en Cartagena, Colombia, concluyó sin la declaración final que caracteriza este tipo de eventos. Desde la Primera Cumbre, realizada en Miami en 1994, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han establecido acuerdos y programas de acción para atender los problemas de la región. Si bien nunca existe consenso pleno en la complicada agenda regional, al menos se logra acordar una declaración amplia, basada en mínimos y directrices generales. En esta oportunidad, el documento oficial de la Cumbre fue elaborada por el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de la OEA, titulado “Mandatos Derivados de la Sexta Cumbre de las Américas”. Los cinco mandatos corresponden a desarrollar políticas respecto a los desastres naturales; la seguridad ciudadana, la integración en infraestructura, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, y la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de equidad.

 

La V Cumbre, celebrada en 2009, en Puerto España, culminó con una Declaración, el Compromiso de Puerto España, que, en 16 páginas, planteó los siguientes compromisos: Promover la prosperidad humana; Promover la seguridad energética; Promover la sostenibilidad ambiental; Reforzar la seguridad pública; Reforzar la gobernabilidad democrática; y Reforzar el seguimiento de la Cumbre de las Américas y la efectividad de la implementación.

 

Los aspectos que mantienen continuidad en agenda son el tema de la pobreza y de la seguridad. Respecto a la V Cumbre, poco se dijo en torno al fomento de la democracia, medio ambiente y energía. Más pesó en Cartagena el tema de la incorporación de Cuba y de la disputa por Malvinas. Esto indica nuevamente lo difícil que está resultando en América encontrar puntos comunes y darles continuidad a pesar de que gran parte de lo gobiernos son los mismos de 2009.

 

Es de notar que en Puerto España, las directrices para promover la seguridad energética incluían aspectos como integración energética, respeto a la soberanía en el manejo de recursos energéticos, cooperación en infraestructura, tecnología, consumo sustentable y eficiente, cuidado del medio ambiente y la diversificación de la matriz energética. Este aspecto, en el que Venezuela posee un liderazgo natural, no se desarrolló en esta oportunidad, lo cual es señal de un planteamiento errado de las prioridades de agenda en la política exterior venezolana hacia la región en la Cumbre: si en los últimos años ha habido un esfuerzo significativo por diversificar las relaciones en materia de energía y dar peso a los recursos venezolanos en la región a través de acuerdos de suministro y de Seguridad Energética, la prioridad debió haber sido seguir profundizando estos lineamientos. Esto indica una notable falta de continuidad en la persecución de los objetivos estratégicos de política exterior que no puede circunscribirse al paralelismo ALBA-TCP, sino que debe proyectarse en todos los foros y no subordinarse a temas que no tengan incidencia inmediata sobre nuestros recursos.

 

Por su parte, Colombia, sin declaración final, alcanzó dos objetivos importantes, ambos vinculados a los Estados Unidos:

 

1) En la declaración de los Presidentes Santos y Obama luego de su reunión bilateral el 15 de abril, se anunció que el Tratado de Libre Comercio Colombia-EE.UU. finalmente empezaría a aplicarse a partir del 15 de mayo de 2012. Es la consumación del esfuerzo de 20 años cuando el hoy Presidente Santos era Ministro de Comercio y propuso lograr el TLC con el mercado más importante de la región.

 

2) En su declaración, el presidente Obama indicó su apoyo a la aspiración colombiana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al afirma que “cuando Colombia busque membresía en esta organización, Estados Unidos va a apoyar su candidatura.” En la región, solo México es miembro de dicho grupo que gestiona acciones coordinadas en foros de alto nivel como el G-20. De este modo, Colombia busca su propio camino para proyectarse en el escenario internacional tal como lo hacen Brasil, México y Argentina, sin una verdadera representación de la región.

Los ajustes en la Zona Euro desde la perspectiva del Bundesbank

Prof. Angel Castillo Siri

La crisis económica en la Eurozona obligó a una revisión general del Pacto de Estabilidad de 1997 y de los mecanismos para garantizar la viabilidad de la moneda común. La filosofía predominante, basada en criterios de convergencia guías sin capacidad de sanción para los países que los incumpliesen y la supuesta disciplina que generaría la ausencia de fondos y mecanismos de rescate, demostró no ser suficiente en medio de la recesión iniciada en 2008. Son necesarios dos tipos de ajuste para atacar las raíces del problema: el déficit en cuenta corriente y la deuda pública.

 

El primer problema es el más difícil de resolver. Una unión monetaria implica la desaparición del tipo de cambio entre sus integrantes, por lo que los ajustes recaen directamente sobre el nivel de precios, los salarios y la productividad. No es posible devaluar para frenar las importaciones: si el vecino ofrece mejores precios, crecerán las compras del exterior. Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, abordó este problema recientemente en una conferencia en Londres. Existen argumentos de que los países con superávit hagan esfuerzos para reducirlos a través de políticas de demanda interna y con ello ayudar a los países deficitarios. Esto es un pedido para que Alemania, el país más poblado pero también el más competitivo, propicie exportaciones de los PIGS a su territorio incrementando, por ejemplo, los costos laborales a la par de su vecinos.

 

Weidmann hace una clara distinción entre el ajuste y su costo. El ajuste implica tomar las medidas necesarias para ser más competitivos y lograr una mejor inserción internacional. Es un proceso largo y costoso, pero necesario. Los países deficitarios lo son porque tienen poco que ofrecer al resto de la Eurozona, lo cual se proyecta también en los respectivos balances comerciales con terceros. El costo, sin embargo, puede compartirse. Desde el Bundesbank, los paquetes de ayuda financiados por la UE son vistos como una forma de redirigir los superávits con el fin de facilitar el ajuste, y lo que debe reformarse son las políticas de boom del crédito interno que impulsaron el consumo más no la competitividad. Esto a su vez se vincula con el ajuste fiscal y la necesidad de reducir el endeudamiento, no solo renegociar sus plazos.

 

En tal sentido, las reformas institucionales de los últimos años sirven fundamentalmente para ganar tiempo y dar la oportunidad a los PIGS de acelerar sus reformas, lo cual es una clara señal de la intención de mantener a todos los integrantes de la Eurozona como miembros. Por ello, una eventual reducción de miembros podría ocurrir a fines del 2013 de no concretarse las metas trazadas en los compromisos para optar a los paquetes de ayuda, en particular, mejoras en los saldos de cuenta corriente y los niveles de deuda y de déficit fiscal.