Efecto Wikileaks

Prof. Giovanna De Michele

El año 2007 marca un antes y un después en la vida de los ciudadanos del mundo entero, a raíz de la aparición en público de una organización internacional que decidió utilizar el ciberespacio, definido por John Perry Barlow en 1996 como “el nuevo hogar de la mente”, para publicar informes y documentos suscritos por quienes toman las grandes decisiones a nivel mundial, sin menoscabo de nacionalidades, cargos y/o asunto en referencia. Se trata de WikiLeaks.

 

A partir de ese momento, quedó en evidencia algo que ya era familiar para quienes se desempeñan en el mundo de los servicios de inteligencia o en las esferas del poder: el manejo de la “doble agenda”, y/o la “mano izquierda”. Utilizar lenguajes diferentes, e inclusive expresar opiniones o posturas en apariencia contradictorias sobre un mismo asunto, llegó a ser algo repudiable para el ciudadano común, a pesar de constituir una práctica tan antigua como la política.

 

Lo verdaderamente novedoso fue, que tal situación pasara a ser de dominio público, rompiendo paradigmas y desnudando los aspectos más reservados del ejercicio del poder. En la actualidad, WikiLeaks ha puesto a disposición de quien la quiera conocer, una plataforma de 1,2 millones de documentos, provocando reacciones que van desde el asombro hasta el repudio e inclusive el miedo.

 

Por ejemplo, entretelones y tras bastidores de las guerras en Irak y Afganistán dan fe pública de hasta donde es capaz de llegar un Estado cuando considera que sus intereses pudieran verse afectados. De igual forma, la apreciación que muchos Gobiernos tienen de sus homólogos, dejó de ser un secreto para convertirse en una confesión descarnada que lejos de provocar la autocrítica, ha contribuido a incrementar la desconfianza de quienes en realidad nunca confiaron entre sí.

 

En estos momentos, adquiere mayor sentido la afirmación de que “el Mundo es cada vez más pequeño”. Ya no hay fronteras para el flujo de información; el manejo de las múltiples agendas debe hacerse de manera tal que no deje rastros que pongan en peligro la consecución de los grandes objetivos; de hecho, resulta casi imposible manejar documentación “clasificada”.

 

Nadie escapa del alcance de la tecnología ni de la posibilidad del escarnio público, Jefes de Estado, representantes de grandes corporaciones, jefes militares, artistas e inclusive el Papa en su condición de Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano han sido víctimas de excepción de quienes exigen transparencia con prácticas absolutamente oscuras.

 

De WikiLeaks, hemos pasado a la era VatiLeaks, haciendo referencia a la publicación de cartas y documentos en los que se compromete la ética y moral del Estado del Vaticano, la mayor Iglesia del mundo. El escándalo ha alcanzado tales proporciones que se llegó a especular con la posibilidad de la renuncia de Joseph Ratzinger. Los archivos revelados dan cuenta de sospechas de corrupción en las licitaciones inmobiliarias del Vaticano, manejos financieros irregulares en el Banco Vaticano e incluso de un supuesto y disparatado complot para asesinar a Benedicto XVI.

 

Algunos expertos e investigadores han afirmado que se trata de una guerra por poder entre dos facciones dentro del Vaticano, enfrentadas por diferencias en torno a la estrategia del Papa Benedicto XVI para sanear la imagen de la Iglesia, afectada por numerosos y escandalosos casos de pedofilia y corrupción, que lo llevaron a avanzar en pesquisas incómodas para algunos miembros de la Curia romana. Lo cierto es que tanto WikiLeaks como VatiLeaks, evidencian la vulnerabilidad del individuo y las corporaciones frente a los avances de la tecnología en materia de comunicaciones, así como la avaricia por el poder en sí mismo.

 

Finalmente, en estos tiempos de “exceso de información”, se hace absolutamente necesario “rehumanizar” a una sociedad global que seducida por la acumulación de poder en sí mismo, incurre en la ligereza de las generalizaciones y la negación de cuanto represente competencia o hegemonía de cualquier tipo.

El Secuestro en América Latina

Prof. Giovanna De Michele

El secuestro del periodista francés Romeo Langlois en territorio colombiano, ha direccionado una vez más la atención internacional hacia América Latina de una manera absolutamente vergonzosa y humillante para la región.

 

Hasta hace pocos años atrás, Latinoamérica era objeto de estudios e investigaciones por la inmensa brecha entre ricos y pobres, reflejada en el mayor índice de Gini a nivel mundial; sin embargo, en la actualidad, se nos asocia también con otros indicadores como el de ser la región con mayor índice de secuestros a nivel mundial. De hecho, según un estudio presentado ante la VII Conferencia Subregional de Defensa en Chile, en agosto 2011, siete de cada diez secuestros que se producen en el mundo entero, tienen lugar en América Latina.

 

Para vergüenza de los latinoamericanos de bien y para orgullo de quienes han hecho del secuestro una industria; nuestra región se presenta internacionalmente como la cuna de lo que ha sido calificado como el “secuestro urbano”, el cual adquiere diversas denominaciones, según el país de que se trata. Por ejemplo: en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela y Argentina se le conoce como “secuestro express”; en Colombia, la misma modalidad lleva por nombre “paseo millonario”; en Perú, ha sido bautizado como “secuestro al paso” y en Brasil se le conoce como “secuestro relámpago”.

 

En todo caso, el “secuestro urbano” en cualquiera de sus acepciones, se refiere a la privación de la libertad de personas escogidas mayoritariamente al azar; siendo retenidos por períodos de tiempo que generalmente oscilan entre 2 horas y 2 días; tiempo éste que se utiliza para establecer contacto con los familiares o allegados de la víctima e iniciar un proceso de extorsión que puede resultar muy lucrativo para el (los) secuestrador(es).

 

No obstante, más allá de lo que el secuestro representa para la estabilidad emocional de una sociedad, sus efectos trascienden lo familiar y llegan a reflejarse inclusive en los indicadores socio-económicos de un país, afectando sus inversiones, el movimiento de capitales y los flujos migratorios entre otros renglones; pero también refleja la salud de su sistema judicial, la cohesión social, el respeto a la dignidad humana por parte del Estado y en muchos casos, la capacidad de gobernar de sus dirigentes.

 

Lamentablemente en América latina, a la modalidad del “secuestro urbano” en sus distintas manifestaciones se han sumado redes de delincuencia organizada y hampa común, por cuanto los costos y riesgos de esta práctica son sumamente bajos en comparación con su rentabilidad. La impunidad y hasta indiferencia frente al delito se evidencia en el carácter cotidiano que adquieren informaciones escalofriantes y aterradoras con las que se abren los noticieros en sus diferentes emisiones; a lo que hay que agregar la inexistencia de denuncia en muchos casos, como una de las características de la falta de credibilidad del ciudadano en sus órganos de seguridad y en la estructura del Estado.

 

Indiscutiblemente, tanto el “secuestro urbano” como el de larga duración constituyen violaciones a la dignidad humana, cuya recurrencia refleja una evidente limitación del Estado en el ejercicio de su soberanía en todo el territorio nacional. Un Estado soberano, no solo es aquel que tiene la potestad de organizarse política y administrativamente como mejor le convenga; o aquel que decide con quien y de que manera se relaciona a nivel internacional. Un Estado soberano, es básicamente aquel que es capaz de hacer cumplir las leyes de la República en todo su territorio nacional, garantizando a sus habitantes la seguridad y estabilidad necesarias para desarrollarse.

 

El nivel de crecimiento y desarrollo de un país es directamente proporcional al nivel de seguridad de sus habitantes. Refiriéndose el término seguridad tanto a la integridad física y mental, como a la seguridad jurídica de sus decisiones y emprendimientos. En la actualidad, la tríada democracia, seguridad y desarrollo, representa una realidad que trasciende fronteras, al tiempo consolidad Naciones y define posicionamientos estatales en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo.

¿Fracasó la ONU?

Prof. Giovanna De Michele

En los últimos tiempos, la agudización de la crisis en Siria y el alarmante incremento del número de víctimas fatales, han provocado cuestionamientos cada vez más recurrentes a la efectividad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su propósito de garantizar la paz y estabilidad internacionales, tal como reza el artículo 1 de la Carta de San Francisco, suscrita en junio de 1945.

 

De hecho, la exposición de motivos que sirve de preámbulo a la Carta de la Organización de Naciones Unidas, ha caído en el vacío arrastrando consigo a buena parte del articulado subsiguiente, demostrando entre otras cosas un desfase conceptual con las perturbaciones a la paz y la estabilidad internacionales de este siglo XXI, al señalar por ejemplo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,……..”

 

Lo anterior es una inequívoca alusión a las dos grandes guerras mundiales; lo cual resultaba muy pertinente y loable en el año 1945. No obstante, más de medio siglo después, vemos como el mundo se desangra por varios costados producto de conflictos que obligan a repensar los conceptos de guerra, paz y estabilidad. Inclusive, los Propósitos y Principios recogidos en el Capítulo I de la Carta se presentan limitados al referirse casi exclusivamente a la eventualidad de conflictos entre Estados, en menoscabo de las situaciones de violencia que derivan de enfrentamientos entre facciones de un mismo país.

 

Adicionalmente, la estructura de la Organización ha sido en la mayoría de los casos el principal obstáculo a su efectividad en materia de preservación de la paz y la estabilidad internacionales, por cuanto esa responsabilidad quedó delegada de forma exclusiva al Consejo de Seguridad, el cual según el artículo 23 de la Carta “se compone de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (hoy República Federal de Rusia), el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América serán miembros permanentes……..”; quienes de acuerdo al art 27 gozan de lo que se conoce como la regla de la "unanimidad de las grandes potencias" o, como se dice a menudo, el poder de "veto".

 

Precisamente, la actitud y postura asumida por Rusia y China con relación a la situación en Siria ya se inscribe en la historia de las Naciones Unidas que exhibe centenares de acciones de veto, poniendo de relieve la supremacía de intereses particulares por encima de los propósitos de paz y estabilidad expuestos y repetidos poéticamente a lo largo de la Carta de la Organización.

 

Lo cierto es que desde la creación de las Naciones Unidas, en 1945, han perdido la vida más de 22 millones de personas en el mundo, entre otras razones debido precisamente a los vetos reiterados en el Consejo de Seguridad; por ello en 1993, el entonces Secretario General de la ONU, el egipcio Butros Butros Ghali, con el propósito de honrar la función primordial del Organismo, sin necesidad de esperar la actuación del Consejo de Seguridad, propuso robustecer la Diplomacia preventiva, concebida como el conjunto de medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más partes y/o evitar que las controversias existentes se transformen en conflictos y/o que se extiendan.

 

En los últimos años, la ONU ha creado una valiosa red de sistemas de alerta temprana, particularmente en relación con las amenazas ambientales, el riesgo de accidentes nucleares, los movimientos masivos de la población, la amenaza del hambre generalizada y la propagación de enfermedades. En este sentido, las organizaciones regionales y subregionales también juegan un rol importantísimo en la misión de alerta temprana, por lo que se requiere que soliciten a la ONU su reconocimiento como misiones de observación.

 

Otro de los grandes retos a la paz y estabilidad internacionales, tiene que ver con las operaciones de paz en las zonas de crisis; las cuales se han establecido generalmente luego de estallado el conflicto, por lo que a nivel de Naciones Unidas se planteó la necesidad de elaborar planes para las circunstancias en que se justifique un despliegue preventivo, lo que puede hacerse en diversos casos y de diversos modos.

 

En este sentido, hay quienes defienden la tesis de que la disponibilidad de fuerzas armadas en situación de alerta podría servir, por sí misma, para disuadir posibles violaciones de la paz, ya que los agresores potenciales sabrían que el Consejo de Seguridad dispone de medios para reaccionar. Sin embargo, una vez más nos encontramos frente a los límites impuestos por el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la imposibilidad de tomar decisiones de este tenor en cualquier otra instancia dela Organización.

 

Sin lugar a dudas, se puede afirmar que el mantenimiento de la paz es un concepto y un propósito inventado por las Naciones Unidas; sin embargo, el complejo proceso de toma de decisiones a lo interno del organismo ha limitado la efectividad de tales operaciones. Es precisamente esta realidad lo que vulnera la efectividad de la ONU, como garante y defensor de la paz mundial; con el agravante de las simplificaciones o generalizaciones que conllevan a desconocer los importantes avances en otras áreas de su competencia.

Participación de COVRI en el Foro “Petróleo y Gas de Esquisto” en la Escuela de Estudios Internacionales-UCV

 

 

El pasado miércoles 23 de mayo el Dr. Kenneth Ramírez y el Prof. Angel Castillo Siri participaron junto al economista y experto petrolero Prof. Rafael Quiroz en el Foro “Petróleo y Gas de Esquisto: ¿nuevo etanol?”, organizado por el Observatorio Energético de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

 

En el marco del citado evento, el Dr. Ramírez dictó una ponencia sobre las implicaciones del petróleo de esquistos para Venezuela. En este sentido, señaló que a nivel mundial se estiman que las reservas recuperables de este recurso petrolero no convencional se ubican en 60 MMMBls, siendo EEUU el país que cuenta con las mayores reservas conocidas. Asimismo, señaló que los costos de producción varían -según la provincia petrolera a considerar- entre 50 y 90 $/Bl, con casos excepcionales en EEUU donde los costos han logrado disminuirse hasta niveles de 35-50 $/Bl (algunos proyectos en California y Bakken) gracias al desarrollo de la tecnología de fracturamiento hidraúlico.

 

Además, agregó que las proyecciones de producción de petróleo de esquistos varían según las agencias, desde las más optimistas como Wood Mackenzie que estima una producción de 2,5 MMBD para 2020, hasta las más pesimistas como la OPEP que la ubica entre 0,45 y 0,9 MMBD para la misma fecha. En consecuencia, el impacto sobre la oferta disponible para los países de la OPEP (call on OPEP) en general y el “Plan Siembra Petrolera” de PDVSA en particular, puede ser desde moderado hasta severo, teniendo en cuenta las proyecciones de demanda petrolera a 2020. Por tanto, recomendó a los técnicos del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de PDVSA continuar monitoreando los desarrollos de este recurso petrolero no convencional y las políticas que siguen al respecto los principales actores, así como realizar estudios en colaboración con los expertos de las universidades, institutos de investigación y think tanks nacionales. En alusión a este último punto, colocó a la disposición la plataforma de COVRI.

El espíritu de la Declaración Schuman y la integración latinoamericana

Prof. Angel Castillo Siri

Desde 1985 se conmemora oficialmente el 9 de mayo como el Día de Europa, para recordar la en ese día del año 1950, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, ofreció un discurso en donde proponía que Alemania y Francia estableciesen una organización abierta a otros países europeos para controlar el conjunto de la producción de carbón y de acero por medio de una Alta Autoridad común. La intención era controlar la producción de estos insumos esenciales para la fabricación de armamentos de modo que no se permitiese una carrera armamentista como las que degeneraron en las dos guerras mundiales del siglo XX, re direccionando dicha producción hacia el crecimiento económico sostenido y sentando las bases para una federación europea.

 

La Declaración Schuman permitió iniciar el largo proceso de construcción de la Unión Europea y concretar la visión de Aristide Briand, quien 20 años antes buscó establecer una unión federal europea como mejor garantía a la paz de la región. La intención era resolver el problema de seguridad de Francia a través de la cooperación económica con su industrializado vecino, el cual lo invadió dos veces en 50 años y propiciar también la cooperación política en el continente. En la era de Monnet y Schuman, con una Alemania dividida y la amenaza de una mayor expansión soviética, el proyecto empezó a concretarse en etapas sucesivas.

 

La crisis de deuda que vive actualmente gran parte de la Unión Europea es otro reto más en este largo proceso que no ha estado exento de fallas, cuestionamientos, incertidumbre e incluso retrocesos. Cuando el parlamento francés rechazó en 1954 la creación de la Comunidad Europea de Defensa afectó el alcance de la integración desde el inicio, y no fue hasta 1999 que la UE tuviese formalmente una política común en materia de seguridad y defensa hasta 1999; la aprobación del Tratado de Maastricht de 1992 fue rechazada por referendo en Dinamarca, y en Francia apenas fue aprobado en un referéndum similar, indicando que las poblaciones de los países europeos no apoyaban plenamente el proceso de integración hacia el Área Monetaria Europea; las crisis cambiarias de 1992 y 1993 forzaron a la ampliación temprana de la banda de flotación de las monedas europeas respecto a la unidad de cuenta europea (ECU) de 2,25% a 15%, generando dudas sobre la viabilidad del proyecto de moneda común planteado en Maastricht solo un año antes; y el rechazo de Francia y Holanda, vía referéndum, a la Constitución Europea en 2005, volvieron a demostrar que la visión de una Europa federada aún no cala en el ciudadano común y que sus preferencias agregadas apuntan más bien a sentimientos de identificación nacionales/locales.

 

La superación de estas dificultades nace de la comprensión, al menos desde la perspectiva de los líderes europeos, de que es esencial mantener y reforzar la cooperación en la Unión Europea. Es un lineamiento base de política exterior de cada país, conscientes de su interdependencia y de la necesidad de generar regímenes para interrelacionarse y que acepten cierto grado de supranacionalidad. Esto los lleva constantemente a negociar y buscar alternativas en el marco del mismo proyecto, el cual ha ampliado su número de miembros hasta llegar a los 27 países actuales.

 

Si observamos la integración latinoamericana, proceso paralelo al europeo, se adopta un enfoque diferente: la multiplicación de los acuerdos y la evasión de compromisos; la segregación y la falta de profundidad. En los últimos años hablar de integración en la región es hablar de UNASUR y CELAC, teniendo proyectos de largo plazo como ALADI, CAN y MERCOSUR. Mientras Grecia se divide entre permanecer o salir del euro luego de 2 años de recesión y la aplicación de duras medidas de austeridad, como se evidenció en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, y Hollande, aunque revisionista del Pacto Fiscal, quiere mantener a Francia en el euro, Venezuela sale de la CAN por un tratado de libre comercio bilateral, cuya negociación aprobó mediante la aceptación de la Decisión 598 de 2004 y que no implica para el país compromisos como los estipulados en los criterios de convergencia de la Zona Euro, es decir, compromisos que establezcan metas para la política económica en general. Ningún acuerdo de integración latinoamericano ha llegado a ser tan ambicioso y a establecer reglas en tantos aspectos.

 

Si bien la realidad latinoamericana posee sus propias características y dinámicas que evidentemente requieren de un modelo de integración ajustado a sus circunstancias, esta inconsistencia recurrente permite prever que será más factible una estabilización de la crisis europea actual que el inicio con pie firme de un proyecto de integración sólido en la región.

Reconsiderar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Dr. Kenneth Ramírez

El pasado 30 de abril, el Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcione los argumentos que avalen la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, al considerar que es “un mecanismo que usa Estados Unidos” contra el país.

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Consideraciones Jurídicas:

 

Lo primero que es necesario señalar es que retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado formalmente para promover y proteger la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio, no es asunto fácil ni jurídica ni políticamente, y que deben evaluarse racionalmente los costos y beneficios que tal decisión supone para Venezuela.

 

La CIDH aunque se creó en 1959, es parte tanto del derecho internacional convencional americano como del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, y en la Convención Americana de DDHH de 1969 que terminó por reforzar su rol y las funciones.

 

A partir de entonces la CIDH desempeña un doble papel: a) cómo órgano de consulta previsto en la Carta de la OEA para vigilar el cumplimiento e impulsar la defensa de los derechos humanos de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los países que no han ratificado la Convención Americana de DDHH; b) cómo órgano de supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la mencionada Convención en los Estados parte de la misma.

 

Lo anterior supone que las discusiones que se han venido dando en el entorno del Ejecutivo Nacional sobre nuestro eventual retiro de la CIDH han simplificado en extremo la cuestión. Algunos voceros han señalado que podemos retirarnos de la CIDH mediante la denuncia de la Convención Americana de DDHH, recurriendo a su artículo 78 que establece tal posibilidad. No obstante, tal como ya hemos dejado entrever, este acto sólo tendría el efecto de retirarnos del sistema interamericano de protección de derechos humanos –y por tanto, del ente jurisdiccional de este sistema que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos- pero no de la CIDH como ha anunciado públicamente el Ejecutivo Nacional, ya que debe tenerse en cuenta que esta última también tiene base jurídica tanto en el artículo 53 literal e, así como en el artículo 106 y 145 de la Carta de la OEA. Ya que la mencionada Carta como otros tratados interamericanos no admite divisibilidad de sus disposiciones -como se desprende no sólo del silencio de la Carta de la OEA al respecto, sino de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando el gobierno de Alberto Fujimori quiso retirar el sometimiento de Perú de su jurisdicción-, es decir, que no sería aceptado una denuncia parcial de su articulado conforme a lo previsto por el artículo 44 de la Convención de Viena sobre Tratados de 1969 –de la que por cierto no forma parte Venezuela y es posterior a la Carta de la OEA-; la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de toda la OEA.

 

Por tanto, intentar retirarnos de la CIDH supondría una medida que nos aislaría del sistema interamericano y tendría altos costos de legitimidad al estarse dando la imagen negativa a nivel internacional de un Estado que no desea respetar los derechos humanos y por tanto no desea ningún tipo de mecanismo de supervisión, exponiéndonos a señalamientos y la posibilidad de futuras sanciones morales en el marco del sistema interamericano –la CIDH hoy por hoy emite juicios sobre Estados que no son parte de la OEA como Cuba- sin la posibilidad de expresar nuestros puntos de vista.

 

Asimismo, cabe destacar, que la alternativa propuesta por la Cancillería venezolana no es suficientemente plausible. Crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa en la CELAC y/o UNASUR requiere tiempo para negociarse, implementarse y demostrar su eficiencia para ganar credibilidad a nivel internacional. Esto demuestra además que la decisión no fue madurada suficientemente, sino que ha sido tomada de manera impulsiva e improvisada, porque en las propuestas de trabajo del Secretario General entrante de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, no se ha incorporado -al menos hasta que se planteó la retirada de Venezuela de la CIDH- la creación de un Consejo Suramericano de DDHH; ni tampoco impulsamos ni previmos la creación de un consejo latinoamericano en esta materia en la Declaración y Plan de Acción de Caracas o en el Estatuto de Procedimientos de la CELAC, documentos aprobados en la I Cumbre de la CELAC celebrada en Caracas el 2 y 3 de diciembre de 2011.

 

Por otra parte, aunque la denuncia de un tratado es facultad del Ejecutivo Nacional como quedó demostrado en el proceso de denuncia de la Comunidad Andina de Naciones, al encontrarnos en el caso que estamos discutiendo ante un tratado de DDHH que tiene rango constitucional de conformidad al artículo 23 de nuestra Carta Magna, sería necesario activar los mecanismos de reforma de este texto previstos en el artículos 341 de la misma. Es decir, sería necesaria la aprobación por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o consultar a los venezolanos en referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el Ejecutivo Nacional ante los venezolanos y ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto. Esto supone también un esfuerzo político en plena campaña electoral que provocará la politización de una decisión de Estado, que requeriría un análisis sosegado y un gran pacto entre las principales fuerzas políticas.

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Consideraciones Políticas:

 

En otro orden de ideas, a nivel político se ha señalado que retirarnos de la CIDH fortalecerá nuestra soberanía y debilitaría la hegemonía de EEUU. Sobre esto hay que subrayar que se defiende mucho mejor la soberanía participando en el proceso de reforma de la CIDH que fue aceptado por el Consejo Permanente el pasado mes de enero, a partir del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011, liderado por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú.

 

Dicho informe recoge cuatro recomendaciones concretas que son muy cercanas a los planteamientos realizados desde diversos países latinoamericanos en los últimos años, y entre ellos Venezuela, a saber: 1) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio; 2) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas; 3) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos; 4) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Lo prudente y racionalmente conveniente para los intereses nacionales de Venezuela, es que a partir de estas recomendaciones, nuestra Cancillería impulse la transformación de la CIDH en un Consejo Interamericano de DDHH, es decir, un proceso de reforma similar a lo que ocurrió en la ONU en 2006. La soberanía puede y debe defenderse a través de la participación intensa en este proceso de reforma y en el día a día de las instituciones hemisféricas. Venezuela cuenta con votos suficientes a través del sistema de alianzas que se ha venido construyendo para hacer escuchar sus posturas. Resulta preferible participar hasta lograr un entrampamiento del hegemón con reglas claras que permitan tener certidumbre sobre su comportamiento, que minar la institucionalidad que lo contiene. Costó mucho hacer que EEUU jugara dentro del sistema interamericano, minarlo no supone debilitar su hegemonía en el Hemisferio Occidental, sino hacer que vuelva a jugar al unilateralismo y a soslayar la vía multilateral. No debemos perder las perspectivas. Si nuestros márgenes de acción autonómica han aumentado en los últimos años, esto se debe a nuestro rol como potencia petrolera en un contexto de precios altos del petróleo así como a la negligencia de EEUU hacia América Latina debido a los años de “Guerra contra el Terrorismo” y la gestión de la Administración Obama de la pesada herencia de los años de George W. Bush. Por tanto, aún asumiendo los costos y riesgos de aislarnos del sistema interamericano, esto no va a cambiar la realidad de poder: EEUU seguirá siendo por muchos años la potencia dominante de las Américas. Este es un elemento clave con el cual tendremos que coexistir y que nuestra política exterior debe saber gestionar en el futuro previsible para obtener mayores márgenes de autonomía al menor costo posible. Creer que denunciar tratados y salirnos de las instituciones regionales cambiará la configuración de fuerzas, es una creencia quijotesca propia de una visión ideológicamente sesgada y temeraria.

 

Adicionalmente, retirarnos de la CIDH podría resultar contraproducente para la política de integración regional trazada por el Presidente Chávez, ya que ofrecería más argumentos a la oposición paraguaya para seguir bloqueando el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, a lo cual se ha estado aspirando desde 2006.

Finalmente, es necesario decir que la salida de Venezuela de la CIDH de manera improvisada, nos crearía la necesidad urgente de la aquiescencia de Brasil como potencia emergente para construir la institucionalidad alternativa que se ha planteado, es decir, esto nos haría depender de sus intereses y estrategias de negociación. En la última década, hemos estado ensimismados debido a nuestra conflictividad política interna, y no hemos prestado suficiente atención al ascenso de Brasil y lo que esto supone para nuestros intereses nacionales.

 

Brasilia ha venido impulsando la creación de una esfera de influencia en América del Sur en particular y América Latina en general, sorteando hasta ahora exitosamente una confrontación directa con EEUU, para lo cual ha asumido hábilmente un rol de mediador en el conflicto político-ideológico que Venezuela ha abierto con EEUU. Así Brasilia ha evitado ser percibida por Washington como rival y ha logrado posicionarse como Estado indispensable para dialogar con todas las partes y marcar los destinos de la región. Ergo, nuestra acción para debilitar el sistema interamericano representa una nueva oportunidad de avance en la estrategia de ascenso de Brasil que debemos incorporar en nuestros cálculos estratégicos. Recordemos que ya el petróleo no es una carta que nos permita tener poder sobre Brasil desde que encontraron los yacimientos en las áreas pre-sal a finales de 2007. Es decir, debemos preguntarnos si no estamos fortaleciendo indirectamente a esta potencia que viene creciendo en nuestro flanco sur y haciéndonos día a día más dependiente de sus decisiones. Defender la soberanía requiere tener en cuenta todas estas consideraciones, ya que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, y viceversa.

 

En consecuencia, resulta perentorio que el Consejo de Estado llame a los expertos en Relaciones Internacionales de las distintas tendencias para escuchar sus opiniones con el propósito de reconsiderar la decisión que se ha tomado desde todos los ángulos y con una perspectiva que busque favorecer nuestros intereses nacionales, no intereses de grupos políticos ni veleidades ideológicas. Así el Consejo de Estado podrá defender mejor la soberanía nacional haciendo un gran servicio al país.

Recaída a dos niveles: La nueva recesión europea y la fortaleza de Alemania

Prof. Angel Castillo Siri


Los temores de que Europa cayera en una double-dip recession parecen empezar a materializarse con el anuncio de que España decreció 0,3% en el primer trimestre de 2012, siendo el segundo trimestre de caída y entrando oficialmente en recesión. Se teme que otros países de la Eurozona como Holanda e Italia tengan un desempeño similar pues ya en el cuarto trimestre de 2011 su PIB se redujo en 0,2% y 0,4% respectivamente. Sumado a Portugal, Grecia, Eslovenia y Chipre, que ya están en recesión, podríamos tener a 7 países con decrecimiento económico de los 17 que conforman la Eurozona.

 

¿Cuáles son las implicaciones para la Eurozona? La recesión observada en 2009 fue mucho más dramática, ya que ninguno de los 17 integrantes de la Eurozona escapó a la recesión. Incluso Alemania tuvo una caída de 5,1%. Los gobiernos europeos apostaron a elevar el gasto público de un 47% del PIB a un 51% entre 2008 y 2009, y a endeudarse para evitar una recesión profunda, lo cual deterioró el déficit fiscal que pasó de -2,1% en 2008 a -6,4% en 2009. La deuda de la Zona Euro pasó a representar el 79,9% del PIB en 2009, casi 10 puntos porcentuales más que el año anterior.

 

Si consideramos el peso económico de los países en recesión o a punto de entrar en ella, debemos recordar que 5 de los 17 países representan el 83% de la economía de la Eurozona. Estos países son Alemania (27%), Francia (21,1%), Italia (17%), España (11,5%) y Holanda (6,4%). Los 3 últimos se ven afectados por el actual decrecimiento, lo cual genera mayor preocupación en los mercados financieros. Por ejemplo, España ha sufrido una salida de capitales de 128.000 millones de EUR en el último año, debido a la venta de títulos públicos por parte de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Esto implica un enorme problema de financiamiento para el país, cuya deuda pasó de 436.984 millones de EUR en 2008 (40,2% del PIB) a 734.961 millones en 2011 (68,5% del PIB). La calificación de sus títulos valores públicos fue reducida por Standard & Poor’s desde A a BBB+ el pasado 26 de abril siguiendo este deterioro financiero.
 

Una recesión en estos países similar en términos porcentuales a la de 2009 (-4,3% para la Eurozona) podría ser un duro golpe para la estabilidad del proyecto de la moneda común. El éxito de los planes de austeridad aplicados en los PIGS+N es reducir el déficit fiscal pero minimizando la recesión. La economía griega cayó 6,9% en 2011, pero la de Portugal solo se redujo en 1,6%. Ya no existe capacidad financiera para que los gobiernos dupliquen el déficit fiscal, emitan más deuda y posterguen los ajustes necesarios en sus economías.
 

En caso de una recesión pronunciada, nuevamente será Alemania quien decidirá si mantiene el proyecto del Euro a flote. En 2011 logró reducir del déficit fiscal de -4,3% a solo -1% (el monto cayó de -105.860 millones de EUR a solo -25.800 millones en un año), así como la deuda pública de un 83% a un 81,2% del PIB. Francia, por su parte, mantiene un déficit fiscal de -5,2% y una deuda de 85,2% (esa es la base de partida para el programa de gastos de Hollande). Solo Alemania tendría la sostenibilidad financiera para reforzar su crecimiento a través del gasto público, no Francia, y estimular importaciones desde la Eurozona para revitalizar sus economías e incluso financiar nuevos préstamos a países en crisis. Y dado que las próximas elecciones federales en Alemania se realizaran en septiembre de 2013, el gobierno de Merkel podría contar con tiempo para actuar más agresivamente en rescatar al Euro.