Embajador (r) Oscar Hernández Bernalette
Una
nueva terminología tendrá que ser incluida en The Diplomat’s Dictionary de
Chase Freeman, Jr., y es el de “relaciones congeladas”. Su origen no es de un
oscuro cubículo académico anglosajón, sino de nuestra misma Cancillería que la
establece como la nueva forma de no relacionarnos con Brasil. Venezuela –dice
el texto oficial– “ha decidido retirar definitivamente a su embajador en la
República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones
políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario.”
Ahora
bien, en aras de la precisión, deberíamos entender qué significa este mandato.
Por ejemplo, el gobierno rechaza la injerencia extranjera pero cuestiona la
Constitución de Brasil y sus mecanismos, como lo es el “impeachment” tal como lo
aplicaron en esta oportunidad el Tribunal Supremo de Brasil y el Parlamento.
Aquí en Venezuela cuando se aplique el RR, y si desfavorece a Maduro, se podría
entonces hacer la misma lectura de “golpe institucional” como lo refiere el
presidente Correa de Ecuador.
Por
otra parte, en términos diplomáticos no existe la figura de congelar
relaciones. Si usted retira su embajador, como lo hizo Venezuela, entonces
deberá designar un encargado de negocios a.i. Si le quiere bajar
permanentemente el nivel, deja las relaciones a través de un encargado ad hoc.
Aún nada está congelado. Si quiere que esas relaciones estén a un nivel más
bajo, puede romper relaciones diplomáticas y todavía no están congeladas.
Quedan las relaciones consulares y las comerciales, y así hasta que llega a un
rompimiento total y, sin embargo, aún no se congelan, pues dejará a un tercer
país manejando sus intereses. Además, Venezuela con Brasil, al formar parte de
Mercosur, tiene un acervo normativo que debe igualmente honrar. Hay una
frontera abierta, y acreedores brasileños que tienen cuantiosas cuentas por
cobrar todavía.
En
otras palabras, la Cancillería sigue sin entender los códigos. Pide respeto,
pero no respeta. Nos guste o no, la salida de la señora Dilma Rousseff se basó
en preceptos constitucionales. Juzgar la estructura política y las maniobras
que se aplicaron le pertenece al dictamen que concluyan los ciudadanos de ese
país.
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