El Acuerdo de Ginebra sobre Siria

Dr. Kenneth Ramírez

Lunes 9 de septiembre. Mañana fresca y parcialmente nublada en Londres. El Secretario Kerry se aprestaba a realizar la rueda de prensa con el Canciller británico Hague, en el palacio neo-renacentista italiano que alberga el Foreign Office en Whitehall. Las noticias en Washington resultaban preocupantes. Las últimas encuestas mostraban un aumento de la oposición de los estadounidenses a un ataque a Siria. En consecuencia, se estaba gestando una revuelta silenciosa en la Cámara de Representantes. El Presidente Obama había conseguido victorias tempranas con la aprobación de una Resolución en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 4 de septiembre, y el respaldo de los líderes de los partidos en ambas cámaras. Empero, los representantes con la mente puesta en las elecciones de medio término a finales de 2014, estaban dispuestos a revelarse contra sus autoridades. El frente internacional volvía a cobrar fuerza.

 

Después de exponer su posición y subrayar el respaldo de 33 países a la declaración que pedía una “respuesta internacional firme en Siria”, le hicieron la pregunta de rigor sobre la posibilidad de evitar el ataque. En lugar de responder negativamente, el Secretario Kerry intentó desarmar al periodista: “Seguro que sí, si Assad entrega todas y cada una de sus armas químicas a la Comunidad Internacional la próxima semana -entregarlas todas y sin retraso. Pero no lo va a hacer y además no se puede hacer” dijo despreocupadamente. No sospechaba que su comentario activaría al ágil Canciller ruso Lavrov, quien en cuestión de horas, presentó una propuesta para colocar todas las armas químicas sirias bajo control internacional y logró el respaldo público de Assad. Acto seguido, el Presidente Putin se permitió publicar una columna en el New York Times dirigida al “pueblo estadounidense” -recurso muy manido por EEUU desde los tiempos de Wilson- donde hacía un llamado a la “cautela”, ya que atacar Siria traería como consecuencia “más víctimas inocentes y una escalada”, además “desataría una nueva ola de terrorismo”. EEUU había sido puesto contra las cuerdas.

 

La maestría de la jugada diplomática rusa estribaba en que ofrecía protección a su aliado Assad, al tiempo que una salida para un Presidente Obama que no quería atacar, que no tenía respaldo de la ONU ni de los estadounidenses y ahora corría el riesgo de una derrota en la Cámara de Representantes; pero que tampoco podía voltear hacia otro lado sin daño a su credibilidad y capacidad disuasiva. El Presidente Obama desde el Salón Este de la Casa Blanca el jueves 12 de septiembre, aceptó la propuesta rusa y la valoró como producto de su amenaza creíble de utilizar la fuerza. Le pidió al Congreso que retrasara la votación sobre Siria – sin descartar un ataque en caso de fracasar esta iniciativa diplomática.

 

El acuerdo final fue alcanzado el sábado 14 de septiembre en Ginebra, tras intensas negociaciones entre el Secretario Kerry y el Canciller Lavrov, el cual quedó compuesto por cuatro grandes aspectos: 1) Siria debe firmar la Convención de Prohibición de Armas Químicas, con el compromiso de EEUU y Rusia de asegurar la destrucción del programa de armas químicas sirio a través de una Resolución en el Consejo de Seguridad; 2) Siria debe presentar en una semana una lista completa de nombres, tipos y cantidades de sus agentes de armas químicas, municiones y sitios de almacenamiento, producción e investigación; 3) Siria debe proporcionar apoyo a los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) y la ONU, que deben culminar su verificación en noviembre de 2013; 4) Destruir todos los equipos de producción, mezcla y llenado para noviembre de 2013; y eliminar todas las armas químicas en el primer semestre de 2014.

 

Aún no sabemos si este acuerdo, difícil de implementar en medio de una guerra, tendrá éxito. Lo que sí sabemos es que el Presidente Putin se ha apuntado una victoria diplomática al erigirse como gran árbitro. Por otra parte, el Presidente Obama ha dejado claro que seguirá apoyando a los rebeldes sirios: los perdedores de este acuerdo. Todo esto nos remite a dos escenarios posibles:

 

a) Éxito diplomático: Assad accede a la entrada de los inspectores de la ONU y la OPCW, entrega las armas químicas y se ve forzado a abrir unas negociaciones de paz que le llevarán a ceder el poder a un gobierno provisional. La guerra civil termina y Assad se exilia en Moscú. La experiencia de Irak servirá para no cometer el error de desmontar las instituciones del Estado y el Ejército. Las minorías alawita, kurda, cristiana y drusa son incluidas junto a la mayoría sunita en un sistema de reparto de poder donde es necesario el consenso, siguiendo el modelo del Acuerdo de Taif de 1989 que cerró la guerra civil libanesa. EEUU y Rusia ejercen influencia compartida. Se genera una dinámica que permite incluir a Irán y entrar en negociaciones fiables sobre su programa nuclear. El Presidente Obama deja como legado la culminación de las guerras en el Medio Oriente y el “pivote al Pacífico” para encarar el ascenso de China.

 

b) Estratagema: Assad evita los bombardeos de EEUU gracias a un cumplimiento limitado del Acuerdo de Ginebra, y aprovecha la estratagema diplomática para afirmarse en el conflicto gracias al apoyo de Hezbollah y las armas que le suministran rusos e iraníes. Juega con los inspectores de la ONU y la OPCW y les entrega sólo una parte de su arsenal químico. EEUU y las monarquías del Golfo suministran armas y entrenamiento a los rebeldes. La cruenta guerra civil continúa y la credibilidad internacional de EEUU sufre un serio revés. Siria empaña el legado de Obama y los republicanos le acusan de haber debilitado a EEUU en el Mundo. Lamentablemente el escenario más probable, ya se observan dilaciones.

Escenarios de pos-conflicto: errores y recomendaciones

 

Dr. Gustavo Palomares Lerma

 

Las distintas experiencias internacionales en gestión del posconflicto, siendo todas radicalmente diferentes y no comparables —ni tan siquiera como hipótesis— parten de una evidencia que se convierte en axioma: lo fácil es firmar, lo difícil es cumplir.

 

Las dificultades para ejecutar y llevar a cabo los acuerdos en el nuevo escenario propicio de paz no sólo se encuentran en la acomodación de éstos a una realidad diversa, desigual y descentralizada, como es la colombiana, sino también en no cometer errores que provoquen “cierres en falso” que abran espacios a la frustración, al sentimiento de engaño, a la falta de justicia o a la insuficiente reparación.

 

Si revisamos situaciones tan dispares como pueden ser la española, derivada de una guerra civil —sin ser extensible a otra realidad española como la del conflicto vasco—, la de los enfrentamientos sangrientos en Centroamérica, por no hablar de las luchas tribales en el centro de África, los procesos de transición y consolidación democrática en el cono sur latinoamericano o, incluso, la nueva realidad interracial sudafricana; todos estos casos demuestran que, para que no exista vuelta atrás en estos procesos, es fundamental conocer la verdad; no “enterrar” la memoria histórica y resarcir económica y, sobre todo, moralmente a las verdaderas víctimas inocentes. La reconciliación no es posible si las víctimas sienten que existe impunidad.

 

Leyes de víctimas cortas y planes de reinserción mal orientados —origen de bacrim y maras— como ocurrió en Centroamérica; leyes de perdón y “punto final” que suponían claros ejercicios de impunidad —incluso con delitos graves de lesa humanidad— como ocurrió en el cono sur; o incluso, leyes de memoria histórica y de reparación insuficientes, o también amnistías y grandes silencios, como ocurre respectivamente en España y Chile, provocan que estos procesos superadores de la violencia se encuentren condenados a repetirla en sus distintos tipos y formas, reabriendo cada cierto tiempo esas heridas no cerradas.

 

Un error repetido y grave en estos escenarios posteriores a situaciones conflictivas en proceso de transición es la falta de un proceso de legitimación de “abajo arriba” que suponga una apropiación del mismo por parte de la ciudadanía implicada. Es el caso de acuerdos de paz firmados en la mesa de negociación, incluso con proceso constituyente en marcha, con gran despliegue mediático y gran cobertura internacional, que son rechazados electoralmente —como ocurrió en Guatemala— o que no logran una aceptación homogénea dentro de cada una de las filas de los contendientes y que provocan brotes de recrudecimiento de la violencia en escenarios de posconflicto, como ocurrió en el caso de Irlanda del Norte. Es imprescindible crear condiciones sociológicas, simbólicas e, incluso, míticas, capaces de propiciar un imaginario colectivo superador de la violencia, como ocurrió en Sudáfrica. Mandela y su Invictus es un ejemplo de refundación personal y nacional.

 

La pedagogía de la paz es un ejercicio imprescindible para preparar al tejido social en una dura labor de comprensión, aceptación y abandono de la violencia como un elemento de normalidad social. Este ejercicio debe partir de un reconocimiento responsable de los errores cometidos durante el conflicto para desde ahí, plantear nuevos compromisos éticos e, incluso, morales de protagonismo en la paz. Nuevos “pactos” individuales y colectivos transformadores de la violencia y, sobre todo, de las causas que la provocan. En conclusión, crear un nuevo escenario, de verdad; no cambiarlo todo —también la Constitución— para que todo siga igual.

Gibraltar: estrecho de la discordia

 

Rossa Charum

Luego de tres siglos de un disperso, pero latente conflicto entre Reino Unido y España por el pequeño territorio de Gibraltar, la tensión en las relaciones hispano-británicas no para de crecer desde que a finales del mes pasado el gobierno de Gibraltar decidió hacer uso de aguas territoriales, cuya posesión aún disputa España, y de las cuales obtiene ganancias.

Gibraltar fue cedido por España, al Reino Unido, como lo estableció el Tratado de Utrecht en 1713. Tiempo después, en 1969, Gibraltar pasó de ser una colonia británica, para convertirse en un Territorio de Ultramar, donde el gobierno de Reino Unido ejerce soberanía en materia de política exterior y asuntos económicos. La autodeterminación del pueblo de Gibraltar no ha sido oficialmente reconocida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, a lo largo de la historia se han realizado varias consultas referendarias a la población de Gibraltar sobre si desean continuar bajo la soberanía británica -cuya respuesta siempre ha sido afirmativa.

España, históricamente, ha mantenido una política exterior de reclamo para obtener la re-cesión de este territorio a su poder; y en este conflicto en concreto, ha decidido radicalizar sus acciones en lo que se conoce como el Istmo o Verja de Gibraltar (barrera que divide Gibraltar de España) obstaculizando la actividad económica de los gibraltareños y generando retraso y pérdida para los que por allí circulen, alegando la intención de prevenir el contrabando en una zona de tanta importancia. Incluso, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, manifestó la convicción española de dirimir esta controversia, bien en el Tribunal de la Haya o en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha manifestado querer establecer una alianza con Argentina, quien será miembro pro-témpore de dicho órgano, y que mantiene un conflicto similar con Reino Unido por el territorio británico de ultramar conocido como islas Malvinas. Esta última expectativa ha sido foco de críticas por parte de la oposición creciente al gobierno español, quien califica de riesgoso establecer alianzas que podrían resultar perjudiciales a largo plazo, refiriéndose específicamente al gobierno argentino, y dejando claro, que a pesar de sus diferencias, España y Reino Unido mantienen una relación muy estrecha como miembros de la Unión Europea.

Reino Unido, arguye que España sólo quiere desviar la atención, debido a que ha sido uno de los más afectados por la crisis del Euro, y su situación interna tanto política como económica, es dificultosamente sostenible. Su alegato se resume a que la autodeterminación de Gibraltar es más importante que la integridad territorial de España, y que las recientes acciones de la primera, no afectan en lo absoluto a la segunda. Además, Londres ha calificado de ilegal las acciones que ha llevado a cabo Madrid, pues serían violatorias del marco normativo de quienes pertenecen a la Unión Europea, y ha manifestado la voluntad de ejercer acciones “sin precedentes” contra España.

Empero, ni Reino Unido, ni Gibraltar forman parte del Acuerdo de Schengen, que permite el libre tránsito de cualquier ciudadano en los países que forman parte de dicho instrumento jurídico internacional, lo que es usado por España, quien aún considera suyo parte del territorio de Gibraltar así como las aguas que fueron usadas para la pesca, por esta última. Gibraltar ha calificado de violentas, injustificadas y perjudiciales las acciones españolas, y apoya contundentemente la posición británica, que vela por la economía y estabilidad de las casi 35.000 personas que viven en este territorio.

Mientras España sugiere llevar esta controversia nuevamente a un plano internacional, Reino Unido ha exigido una respuesta contundente e inmediata de la Unión Europea como órgano de carácter regional. Esto ha resultado peculiar, ya que es bien sabido que Reino Unido ha asomado recientemente la posibilidad de abandonar la Unión Europea a largo plazo, además, su tradicional política exterior los ha proyectado como un Estado euroescéptico, lo cual se ha puesto aún más de manifiesto en el Parlamento británico con la grave crisis que atraviesa Europa.

No hay duda, hoy se encuentra más vivo que nunca un juego de intereses por uno de los territorios que controla la entrada y salida al Mar Mediterráneo, y por tanto, al Océano Atlántico, y que es muy cercano al Continente Africano. Los contrincantes, España y Reino Unido se encuentran en posiciones muy distintas, considerando que Reino Unido ha sido durante este tiempo de crisis, un sostén dentro la UE, mientras que España, una carga.

Se ha considerado como parte de una estrategia política de España el reavivar este conflicto, para distraer la atención de la crisis económica en la que se encuentra. Sin embargo, España ha decidido ir disminuyendo la agresividad con la que en un principio se enfrentó a Reino Unido, pues conoce las debilidades que tiene frente a este socio europeo, y ya hay voces que señalan como daño colateral de este conflicto bilateral, la derrota sufrida una vez más por la candidatura de Madrid –esta vez frente a Tokio- como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Por su parte, Gibraltar seguirá prefiriendo que su política exterior sea dirigida por Reino Unido mientras sus intereses económicos se vean satisfechos, no está demás recordar que muchos le tipifican como un paraíso fiscal. Es Reino Unido quien ha mantenido una posición tajante en este conflicto, pues más allá de mantener sus posesiones territoriales, desea seguirse proyectando como una potencia de alcance global, por más que sus años dorados hayan pasado.

La solución de este conflicto histórico resulta sin duda muy compleja, y requiere de una buena dosis de pragmatismo y creatividad. Quizás su europeización no sea una mala idea después de todo.

La denuncia del Pacto de San José: paradojas y alternativa

Dr. Kenneth Ramírez

Una falta no se convierte en un error hasta que te niegas a enmendarlo. Empero, el gobierno venezolano -a pesar de todas las críticas- decidió seguir adelante con la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, hasta hacerla efectiva. Esto plantea varias paradojas e invita a pensar en alternativas.

Una primera paradoja ha sido señalada por el Ex–Procurador y Ex-Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, quien recordó que el decreto que llamó a referéndum en 1999 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente se realizó con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocía la participación política como derecho fundamental, habida cuenta que esto no estaba contemplado en la Constitución de 1961.

Una segunda paradoja es que la Constitución de 1999 otorga jerarquía constitucional en su artículo 23 a los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos. En consecuencia, el acto de denuncia del Ejecutivo ha violado el espíritu del constituyente, además de ser inconstitucional en tanto que no se ha activado ninguno de los mecanismos de reforma previstos en el artículo 341. Es decir, no se ha recurrido a la aprobación de la medida por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o a un referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el gobierno venezolano ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto.

Una tercera paradoja es que la denuncia de la Convención se hizo buscando supuestamente una retirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha sido atacada con ímpetu por Venezuela por su supuesto aval al golpe de Estado de 2002. De hecho, el 30 de abril de 2012, el Ex-Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcionara los argumentos –nunca conocidos- que avalaran la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre CIDH (…) un mecanismo que usa EEUU contra el país”. El Presidente Maduro ratificó estos argumentos el pasado 9 de septiembre, agregando que la CIDH y la Corte “se creen un poder supranacional por encima de gobiernos legítimos  del continente”, y las acusó de querer respaldar la denuncia de fraude de la oposición en las elecciones del 14-A.

Sin embargo, la CIDH -creada en 1959- es parte tanto del Derecho Internacional Americano como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada tanto en la Carta de la OEA firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, como en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. En consecuencia, la denuncia de la Convención, sólo tiene el efecto de retirarnos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –y su ente jurisdiccional que es la Corte- pero no de la CIDH. Ya que la Carta de la OEA no admite divisibilidad de sus disposiciones, la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de la organización. Lo que ha hecho Venezuela es unirse a algunas islas de El Caribe y sorprendentemente a EEUU, que forman parte de la OEA pero no de la Convención. En este sentido, la CIDH seguirá vigilando e impulsando el cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; y sus medidas y recomendaciones aunque no serán vinculantes, constituirán un factor de ilegitimidad de no ser acatadas.

Una cuarta paradoja es que nos hemos retirado de la Convención sin haber participado activamente en el debate que se ha producido sobre su reforma, y sin haber podido crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa. Recordemos que una propuesta impulsada por Ecuador y Venezuela para crear un Consejo de Derechos Humanos en UNASUR fue derrotada en 2012, y por consiguiente, hacerlo en la CELAC será aún más cuesta arriba, ya que el resto de la región entiende que su propósito es debilitar el sistema interamericano. Esto demuestra además que la decisión no fue calculada suficientemente.

Una quinta paradoja es que la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual nos estamos retirando, es base jurídica del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR de 2005, esquema de integración regional al cual estamos ingresando. En consecuencia, nuestra acción proporciona más argumentos a quienes califican la adhesión de Venezuela al MERCOSUR como problemática.

Mientras reflexionamos como país, y encontramos una solución que refleje un consenso nacional al respecto, existe –más allá del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU- una alternativa clara: el propio MERCOSUR. En este sentido, todos los actores políticos y sociales deben empezar a suscribir –con todo lo que haya que cambiar- el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y ocupar sus espacios, ya que posee valiosas instancias para promover y proteger los Derechos Humanos: la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH) -órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común-, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Asimismo, debe exigirse al gobierno venezolano que utilice la Presidencia pro témpore del MERCOSUR para fortalecer estas instancias e impulsar la transformación de la RAADH en un Consejo de Derechos Humanos del MERCOSUR que sea efectivo y creíble.

Siria y la primacía de la Realpolitik

 

Victor Hugo Matos

En los últimos días el gobierno de EEUU, junto a otros países como Turquía o Francia, anunció que estaba preparándose ante la posibilidad de realizar un ataque limitado a estructuras del gobierno sirio como respuesta al supuesto uso de Gas Sarín contra población civil, cuya autoría aún es punto de discordia entre los actores interesados dentro del conflicto. En respuesta a esto, varios miembros de esa estructura abstracta que se hace llamar “Opinión Pública Internacional”, que clamaban anteriormente porque se hiciera algo con el caso de Siria, habiendo sido etiquetada esta como una grave crisis humanitaria, ahora rechazan cualquier tipo de intervención en contra de Al-Assad; para lo cual, se han usado argumentos respecto a la primacía del Derecho Internacional como sustento para criticar cualquier intervención, a pesar de que este es un concepto tan abstracto como difícil de aplicar efectivamente en el Mundo real, compuesto por un conjunto de países con una visión de la legalidad tan antagónica y con intereses tan disímiles que difícilmente puede hablarse de la existencia de una “Comunidad Internacional”.

Además, esta misma estructura, en conjunto con algunos actores interesados dentro del conflicto sirio como Rusia o China, ha pedido que haya una salida negociada, a pesar de que el ambiente actual parece haber destruido cualquier posibilidad de alcanzarla.

Esta situación es un reflejo de cómo se ha condicionado el sistema internacional después del 11-S y la Guerra de Irak, donde los gobiernos a pesar de criticar problemáticas internacionales por sus consecuencias humanitarias, recurren a acciones indirectas para lidiar con las mismas,  siendo el caso más claro el de la Unión Europea,  y donde hasta en EEUU, la idea de intervenir directamente  en cualquier tipo de conflicto trae consigo a los fantasmas de la Administración Bush, inmovilizando cualquier toma de decisiones  eficaz al respecto.

Otro punto interesante en este sentido es la situación de la ONU, cuyo papel como organización por excelencia para dirimir controversias y generar salidas pacificas se ha venido diluyendo durante los últimos tiempos, que ha pasado a ser poco más que un foro político.

Estas tendencias en su conjunto reflejan el cumplimiento de la predicción que hizo Ian Bremmer sobre el ingreso en un Mundo G-0, donde nadie estuviera dispuesto a asumir las responsabilidades y cargar con el peso del liderazgo, en un momento donde las crisis económicas, los problemas internos y las políticas nacionales, reduce la predisposición de los Estados a prevenir o detener conflictos de este tipo.

Este es el nuevo sistema internacional, no uno basado en estructuras internacionales donde los Estados dirimen sus problemáticas en grandes foros y las guerras son evitadas o limitadas por la capacidad de organizaciones y foros como la ONU o el G-20 de sumar voluntades de los Estados más capaces para lidiar con problemáticas internacionales como pretendían algunos estudiosos que sería el Mundo después de la caída de la URSS.

Estamos en un Mundo donde las crisis humanitarias o los conflictos, por más terribles que sean, no impulsarán actos altruistas por parte de grandes coaliciones, sino más bien participaciones puntuales motivadas por intereses nacionales. Un Mundo donde la Realpolitik se impone sobre cualquier otro planteamiento como se ha visto en el conflicto sirio, a pesar de que en los discursos ante la ONU se hable de “interés general” y “primacía del Derecho Internacional”. Bienvenidos al G-0. Venezuela debe tomar nota.

Obama, el Congreso y Siria

Dr. Kenneth Ramírez

Todo estaba dispuesto. El Secretario Kerry había preparado el caso ante la opinión pública, los líderes mundiales estaban informados y los buques de guerra estaban en posición: pero el Presidente Obama seguía dudando… El sorpresivo voto contrario al ataque a Siria en el Parlamento británico el jueves 29 de agosto, trajo de vuelta su escepticismo… Salió a caminar en el Jardín Sur de la Casa Blanca por alrededor de 45 minutos con su Jefe de Gabinete, Denis McDonough. A su regreso, convocó una reunión en la Oficina Oval aquel viernes 30 de agosto a las 7 pm, donde comunicó a sus asesores una decisión inesperada: retrasaría el ataque, pediría autorización al Congreso, y lo anunciaría al día siguiente en el Rosedal de la Casa Blanca.

De esta manera, el Presidente Obama intentaba salirse del cul-de-sac en el que él mismo se había metido. Tras dos años y medio de conflicto sirio, el Presidente Obama ha vacilado entre la inacción y el cambio de régimen. En agosto de 2011 dijo que Bashar al-Assad debía marcharse, en agosto de 2012 fijó la utilización de armas químicas como “línea roja”, y en diciembre de 2012 afirmó que la Coalición Nacional Siria era el legítimo representante del pueblo sirio. Todo esto sin tener una estrategia delineada y una voluntad sólida para participar en una situación donde los intereses de EEUU no son evidentes. Si bien Assad es un dictador que ha provocado un sangriento conflicto, algunas facciones rebeldes tienen vínculos con Al-Qaeda, lo cual deja a EEUU sin un bando claro al cual apoyar y sin un desenlace que le sea conveniente. Empero, después del ataque con gas sarín en Damasco el 21 de agosto, el Presidente Obama quedó atrapado en su retórica.

No hacer nada implicaba a partir de ese momento poner en riesgo la credibilidad y el compromiso de EEUU con la prohibición en el uso de armas químicas. Por ello, el Presidente Obama optó por un ataque limitado sin el aval del Consejo de Seguridad –en parálisis por el veto ruso para proteger a Assad-; pero otra cosa era hacerlo en la práctica casi unilateralmente –contando sólo con Francia.

Con todas estas consideraciones en mente, Obama decidió acudir al Congreso, lo cual merece varias reflexiones. En primer lugar, el Presidente Obama ha buscado legitimidad interna y compartir el costo político: colocar tantas manos en la daga como sea posible. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha mostrado convencida de obtener el respaldo del Congreso.  De hecho una Resolución ya fue aprobada este 4 de septiembre en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (10 a 7) para un ataque limitado a Siria en un plazo de 60 días, cuyo debate en el pleno de las cámaras se realizará la semana del 9 de septiembre. No obstante, aún existe el riesgo de un rechazo de los congresistas, habida cuenta de la oposición de la mayoría de los electores. Si se produce un voto contrario en al menos una de las cámaras, el Presidente Obama se va encontrar ante un terrible dilema: atacar sin la autorización del Consejo de Seguridad ni de su propio Congreso, o no hacerlo y perder credibilidad, lo cual invitaría a otros actores como Irán a desafiar a EEUU.

En segundo lugar, el Presidente Obama ha tratado de trasladar un mensaje claro a la opinión pública mundial: ni Siria es Irak, ni él es Bush. Si bien es cierto que quizás no haya tiempo suficiente para que los inspectores de la ONU presenten su informe –se ha hablado de unas excesivas 3 semanas-, el Presidente Obama ha demostrado su actitud reacia a la guerra y su talante democrático. No tiene dudas de la responsabilidad de Assad y ha presentado pruebas de inteligencia. Si la CIA y el MI6 perdieron confiabilidad por Irak, la DGSE francesa tiene un record distinto.

En tercer lugar, el Presidente Obama no estaba obligado a acudir al Congreso, ya que se trataba sólo de un bombardeo. La Constitución de EEUU proporciona margen de maniobra al Presidente para acciones militares limitadas, requiriendo la autorización del Congreso sólo en casos de participación en una guerra. Sin embargo, la Resolución de Poderes de Guerra aprobada en 1973, trató de limitar este aspecto, por lo que ha sido objetada por todos los mandatarios desde Nixon –incluso el propio Obama eludió al Congreso por Libia en 2011. En consecuencia, lo que ha hecho el Presidente Obama ha sentado un precedente que puede afectar a sus sucesores, ya que un Congreso que tiende cada vez más al aislacionismo en política exterior, podría exigir de ahora en adelante su aprobación para cualquier acción militar, haciendo a EEUU menos activista en el Mundo.

En cuarto lugar, la eficacia de los bombardeos ha sido comprometida. El Jefe de Estado Mayor Conjunto, General Martin Dempsey, le dijo al Presidente Obama el 24 de agosto, que una demora en los bombardeos no era relevante. Sin embargo, evidencia reciente le han obligado a retractarse. La utilidad de bombardeos como los planteados inicialmente ha sido puesta en entredicho, ya que si bien pueden mantener la credibilidad de EEUU y aliviar conciencias sin provocar una escalada militar; no solucionará el conflicto ni eliminará las armas químicas. Por ello, en la Sección 5 de la Resolución del Comité de Relaciones Exteriores se plasmaron como objetivos estratégicos: la necesidad de cambiar el curso de las hostilidades –que favorece por ahora a Assad-, “crear condiciones para una solución negociada”, y degradar la capacidad química de Assad. Algunas voces plantean que para lograr esto, resultan necesarios unos bombardeos de mayor envergadura a los previstos –que infrinjan grandes costos y provoquen disuasión-, proporcionar armas avanzadas a los rebeldes y aislar a los terroristas. Es decir, parece estar emergiendo en EEUU una estrategia hacia Siria: fomentar su “libanización”, es decir, el reparto de poder entre varias facciones y un condominio con Rusia.

El peligroso “romance” de América Latina con China

Kevin Utrera

En una continuación de la lucha por un crecimiento sostenido y una ampliación de su esfera de influencia, China ha estado durante los últimos años llevando su “siembra” a tierras donde espera conseguir una cosecha verdaderamente provechosa: América Latina.

La  consolidación en la última década de gobiernos de tendencias ideológicas afines en la región, ha llevado progresivamente a un acercamiento entre los países latinoamericanos y China, lo cual le ha permitido al gigante asiático incrementar cada vez más una marcada influencia en lo que, en palabras del propio Secretario de Estado, John Kerry, sigue siendo considerado “el patio trasero de EEUU”. Esta influencia es reflejada en la expansión sostenida no sólo en las inversiones chinas en la región, sino también en las cifras en términos de importaciones de la región desde China (considerablemente mayores a las exportaciones), y en el gran número de préstamos que le ha otorgado la potencia asiática a países como Venezuela y Argentina.

Ahora cabe preguntarse, ¿hasta dónde llega la influencia China en América Latina? Esta es la pregunta que muchos se hacen hoy en día, al ver que cada vez es más evidente. Si bien es cierto que hay un nivel de afinidad política entre los países de la ALBA específicamente con China, el nivel de influencia en el ámbito político en la región no ha pasado de ser una mera cooperación pragmática en asuntos de interés compartido, la cual aún no ha desplazado la influencia estadounidense en la región contrario a lo que puedan señalar algunos actores políticos.

Ahora, en términos económicos, la historia es otra totalmente distinta. En la última década, las inversiones chinas en la región han crecido de forma tan acelerada que ya, en países como Brasil y Chile, la nación asiática ha desplazado a los EEUU como principal socio comercial. Casos como el argentino son también importantes de destacar, cuando en 2011 a través del China Development Bank, Beijing le otorgó un préstamo a Argentina de 10 millardos de dólares para ayudar a subsanar la precaria situación económica, cuando otros prestamistas le habían dado la espalda por el gran nivel de endeudamiento de dicho país.

Cuando revisamos las cifras de la CEPAL en términos de inversiones, encontramos que China ha escalado posiciones en los últimos 10 años, de forma que para 2012, pasó a ser el segundo socio de la región, desplazando a la UE, y para 2013 se estiman ya inversiones presentes en más de 65 millardos de dólares.

Lo interesante cuando vemos el nivel de endeudamiento de países como Venezuela ante China, así como también los rubros en los cuales se han incrementado las relaciones comerciales, es que nos encontramos con un refuerzo en la primarización de las economías latinoamericanas, al enfocarse las exportaciones latinoamericanas hacia China en los sectores energético y alimenticio, mientras que las exportaciones chinas hacia América Latina, se enfocan en manufacturas, construcción e importantes préstamos.

Aquí es donde radica el riesgo de la relación América Latina-China, y de la cual surge la interrogante: ¿está siendo América Latina cada vez más dependiente de China? ¿Está China convirtiendo a la región en su periferia, su “patio trasero”?

Al revisar opiniones desde el punto de vista chino, como la del Profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, Sun Hongbo, encontramos que la perspectiva que ellos plantean hacia la región es de “complementariedad y competencia”. Sin embargo, la débil posición de la industria latinoamericana en rubros manufacturados en comparación al gigante asiático, hace prácticamente imposible -al menos bajo las actuales condiciones- una competencia importante. Esta relación, parece más bien responder a una búsqueda de un progresivo desplazamiento parcial de socios comerciales y una ampliación de posibilidades como respuesta al debilitamiento económico que han sufrido los principales socios comerciales de China (EEUU, Japón y la UE) tras las crisis económica de 2008.

Parece ser que la afinidad ideológica, y el relanzamiento de un discurso “anti-imperialista” en la región contra EEUU, aunado a un alto nivel de endeudamiento en países como Argentina, que llevaron a un distanciamiento de otras posibilidades de préstamos, han actuado como factores claves en el acercamiento entre América Latina y China. No obstante, al analizar los distintos factores que subyacen detrás de las superficiales opiniones mediáticas, ésta parece ser una peligrosa relación de creciente dependencia que se espera incluso se profundice en el próximo lustro.