La denuncia del Pacto de San José: paradojas y alternativa

Dr. Kenneth Ramírez

Una falta no se convierte en un error hasta que te niegas a enmendarlo. Empero, el gobierno venezolano -a pesar de todas las críticas- decidió seguir adelante con la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, hasta hacerla efectiva. Esto plantea varias paradojas e invita a pensar en alternativas.

Una primera paradoja ha sido señalada por el Ex–Procurador y Ex-Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, quien recordó que el decreto que llamó a referéndum en 1999 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente se realizó con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocía la participación política como derecho fundamental, habida cuenta que esto no estaba contemplado en la Constitución de 1961.

Una segunda paradoja es que la Constitución de 1999 otorga jerarquía constitucional en su artículo 23 a los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos. En consecuencia, el acto de denuncia del Ejecutivo ha violado el espíritu del constituyente, además de ser inconstitucional en tanto que no se ha activado ninguno de los mecanismos de reforma previstos en el artículo 341. Es decir, no se ha recurrido a la aprobación de la medida por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional o a un referéndum para enmendar el bloque constitucional en materia de derechos humanos, cuestión que en su momento fue utilizada por el gobierno venezolano ante el Mundo para enfatizar lo avanzada de la Constitución de 1999 al respecto.

Una tercera paradoja es que la denuncia de la Convención se hizo buscando supuestamente una retirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha sido atacada con ímpetu por Venezuela por su supuesto aval al golpe de Estado de 2002. De hecho, el 30 de abril de 2012, el Ex-Presidente Chávez, pidió instalar el Consejo de Estado para que proporcionara los argumentos –nunca conocidos- que avalaran la retirada de Venezuela “de la tristemente célebre CIDH (…) un mecanismo que usa EEUU contra el país”. El Presidente Maduro ratificó estos argumentos el pasado 9 de septiembre, agregando que la CIDH y la Corte “se creen un poder supranacional por encima de gobiernos legítimos  del continente”, y las acusó de querer respaldar la denuncia de fraude de la oposición en las elecciones del 14-A.

Sin embargo, la CIDH -creada en 1959- es parte tanto del Derecho Internacional Americano como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque fue incorporada tanto en la Carta de la OEA firmada en 1948 a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, como en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. En consecuencia, la denuncia de la Convención, sólo tiene el efecto de retirarnos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –y su ente jurisdiccional que es la Corte- pero no de la CIDH. Ya que la Carta de la OEA no admite divisibilidad de sus disposiciones, la única forma de retirar a Venezuela de la CIDH sería retirarla de la organización. Lo que ha hecho Venezuela es unirse a algunas islas de El Caribe y sorprendentemente a EEUU, que forman parte de la OEA pero no de la Convención. En este sentido, la CIDH seguirá vigilando e impulsando el cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela de conformidad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; y sus medidas y recomendaciones aunque no serán vinculantes, constituirán un factor de ilegitimidad de no ser acatadas.

Una cuarta paradoja es que nos hemos retirado de la Convención sin haber participado activamente en el debate que se ha producido sobre su reforma, y sin haber podido crear una institucionalidad de protección de derechos humanos alternativa. Recordemos que una propuesta impulsada por Ecuador y Venezuela para crear un Consejo de Derechos Humanos en UNASUR fue derrotada en 2012, y por consiguiente, hacerlo en la CELAC será aún más cuesta arriba, ya que el resto de la región entiende que su propósito es debilitar el sistema interamericano. Esto demuestra además que la decisión no fue calculada suficientemente.

Una quinta paradoja es que la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual nos estamos retirando, es base jurídica del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR de 2005, esquema de integración regional al cual estamos ingresando. En consecuencia, nuestra acción proporciona más argumentos a quienes califican la adhesión de Venezuela al MERCOSUR como problemática.

Mientras reflexionamos como país, y encontramos una solución que refleje un consenso nacional al respecto, existe –más allá del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU- una alternativa clara: el propio MERCOSUR. En este sentido, todos los actores políticos y sociales deben empezar a suscribir –con todo lo que haya que cambiar- el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y ocupar sus espacios, ya que posee valiosas instancias para promover y proteger los Derechos Humanos: la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH) -órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común-, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Asimismo, debe exigirse al gobierno venezolano que utilice la Presidencia pro témpore del MERCOSUR para fortalecer estas instancias e impulsar la transformación de la RAADH en un Consejo de Derechos Humanos del MERCOSUR que sea efectivo y creíble.

Siria y la primacía de la Realpolitik

 

Victor Hugo Matos

En los últimos días el gobierno de EEUU, junto a otros países como Turquía o Francia, anunció que estaba preparándose ante la posibilidad de realizar un ataque limitado a estructuras del gobierno sirio como respuesta al supuesto uso de Gas Sarín contra población civil, cuya autoría aún es punto de discordia entre los actores interesados dentro del conflicto. En respuesta a esto, varios miembros de esa estructura abstracta que se hace llamar “Opinión Pública Internacional”, que clamaban anteriormente porque se hiciera algo con el caso de Siria, habiendo sido etiquetada esta como una grave crisis humanitaria, ahora rechazan cualquier tipo de intervención en contra de Al-Assad; para lo cual, se han usado argumentos respecto a la primacía del Derecho Internacional como sustento para criticar cualquier intervención, a pesar de que este es un concepto tan abstracto como difícil de aplicar efectivamente en el Mundo real, compuesto por un conjunto de países con una visión de la legalidad tan antagónica y con intereses tan disímiles que difícilmente puede hablarse de la existencia de una “Comunidad Internacional”.

Además, esta misma estructura, en conjunto con algunos actores interesados dentro del conflicto sirio como Rusia o China, ha pedido que haya una salida negociada, a pesar de que el ambiente actual parece haber destruido cualquier posibilidad de alcanzarla.

Esta situación es un reflejo de cómo se ha condicionado el sistema internacional después del 11-S y la Guerra de Irak, donde los gobiernos a pesar de criticar problemáticas internacionales por sus consecuencias humanitarias, recurren a acciones indirectas para lidiar con las mismas,  siendo el caso más claro el de la Unión Europea,  y donde hasta en EEUU, la idea de intervenir directamente  en cualquier tipo de conflicto trae consigo a los fantasmas de la Administración Bush, inmovilizando cualquier toma de decisiones  eficaz al respecto.

Otro punto interesante en este sentido es la situación de la ONU, cuyo papel como organización por excelencia para dirimir controversias y generar salidas pacificas se ha venido diluyendo durante los últimos tiempos, que ha pasado a ser poco más que un foro político.

Estas tendencias en su conjunto reflejan el cumplimiento de la predicción que hizo Ian Bremmer sobre el ingreso en un Mundo G-0, donde nadie estuviera dispuesto a asumir las responsabilidades y cargar con el peso del liderazgo, en un momento donde las crisis económicas, los problemas internos y las políticas nacionales, reduce la predisposición de los Estados a prevenir o detener conflictos de este tipo.

Este es el nuevo sistema internacional, no uno basado en estructuras internacionales donde los Estados dirimen sus problemáticas en grandes foros y las guerras son evitadas o limitadas por la capacidad de organizaciones y foros como la ONU o el G-20 de sumar voluntades de los Estados más capaces para lidiar con problemáticas internacionales como pretendían algunos estudiosos que sería el Mundo después de la caída de la URSS.

Estamos en un Mundo donde las crisis humanitarias o los conflictos, por más terribles que sean, no impulsarán actos altruistas por parte de grandes coaliciones, sino más bien participaciones puntuales motivadas por intereses nacionales. Un Mundo donde la Realpolitik se impone sobre cualquier otro planteamiento como se ha visto en el conflicto sirio, a pesar de que en los discursos ante la ONU se hable de “interés general” y “primacía del Derecho Internacional”. Bienvenidos al G-0. Venezuela debe tomar nota.

Obama, el Congreso y Siria

Dr. Kenneth Ramírez

Todo estaba dispuesto. El Secretario Kerry había preparado el caso ante la opinión pública, los líderes mundiales estaban informados y los buques de guerra estaban en posición: pero el Presidente Obama seguía dudando… El sorpresivo voto contrario al ataque a Siria en el Parlamento británico el jueves 29 de agosto, trajo de vuelta su escepticismo… Salió a caminar en el Jardín Sur de la Casa Blanca por alrededor de 45 minutos con su Jefe de Gabinete, Denis McDonough. A su regreso, convocó una reunión en la Oficina Oval aquel viernes 30 de agosto a las 7 pm, donde comunicó a sus asesores una decisión inesperada: retrasaría el ataque, pediría autorización al Congreso, y lo anunciaría al día siguiente en el Rosedal de la Casa Blanca.

De esta manera, el Presidente Obama intentaba salirse del cul-de-sac en el que él mismo se había metido. Tras dos años y medio de conflicto sirio, el Presidente Obama ha vacilado entre la inacción y el cambio de régimen. En agosto de 2011 dijo que Bashar al-Assad debía marcharse, en agosto de 2012 fijó la utilización de armas químicas como “línea roja”, y en diciembre de 2012 afirmó que la Coalición Nacional Siria era el legítimo representante del pueblo sirio. Todo esto sin tener una estrategia delineada y una voluntad sólida para participar en una situación donde los intereses de EEUU no son evidentes. Si bien Assad es un dictador que ha provocado un sangriento conflicto, algunas facciones rebeldes tienen vínculos con Al-Qaeda, lo cual deja a EEUU sin un bando claro al cual apoyar y sin un desenlace que le sea conveniente. Empero, después del ataque con gas sarín en Damasco el 21 de agosto, el Presidente Obama quedó atrapado en su retórica.

No hacer nada implicaba a partir de ese momento poner en riesgo la credibilidad y el compromiso de EEUU con la prohibición en el uso de armas químicas. Por ello, el Presidente Obama optó por un ataque limitado sin el aval del Consejo de Seguridad –en parálisis por el veto ruso para proteger a Assad-; pero otra cosa era hacerlo en la práctica casi unilateralmente –contando sólo con Francia.

Con todas estas consideraciones en mente, Obama decidió acudir al Congreso, lo cual merece varias reflexiones. En primer lugar, el Presidente Obama ha buscado legitimidad interna y compartir el costo político: colocar tantas manos en la daga como sea posible. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha mostrado convencida de obtener el respaldo del Congreso.  De hecho una Resolución ya fue aprobada este 4 de septiembre en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (10 a 7) para un ataque limitado a Siria en un plazo de 60 días, cuyo debate en el pleno de las cámaras se realizará la semana del 9 de septiembre. No obstante, aún existe el riesgo de un rechazo de los congresistas, habida cuenta de la oposición de la mayoría de los electores. Si se produce un voto contrario en al menos una de las cámaras, el Presidente Obama se va encontrar ante un terrible dilema: atacar sin la autorización del Consejo de Seguridad ni de su propio Congreso, o no hacerlo y perder credibilidad, lo cual invitaría a otros actores como Irán a desafiar a EEUU.

En segundo lugar, el Presidente Obama ha tratado de trasladar un mensaje claro a la opinión pública mundial: ni Siria es Irak, ni él es Bush. Si bien es cierto que quizás no haya tiempo suficiente para que los inspectores de la ONU presenten su informe –se ha hablado de unas excesivas 3 semanas-, el Presidente Obama ha demostrado su actitud reacia a la guerra y su talante democrático. No tiene dudas de la responsabilidad de Assad y ha presentado pruebas de inteligencia. Si la CIA y el MI6 perdieron confiabilidad por Irak, la DGSE francesa tiene un record distinto.

En tercer lugar, el Presidente Obama no estaba obligado a acudir al Congreso, ya que se trataba sólo de un bombardeo. La Constitución de EEUU proporciona margen de maniobra al Presidente para acciones militares limitadas, requiriendo la autorización del Congreso sólo en casos de participación en una guerra. Sin embargo, la Resolución de Poderes de Guerra aprobada en 1973, trató de limitar este aspecto, por lo que ha sido objetada por todos los mandatarios desde Nixon –incluso el propio Obama eludió al Congreso por Libia en 2011. En consecuencia, lo que ha hecho el Presidente Obama ha sentado un precedente que puede afectar a sus sucesores, ya que un Congreso que tiende cada vez más al aislacionismo en política exterior, podría exigir de ahora en adelante su aprobación para cualquier acción militar, haciendo a EEUU menos activista en el Mundo.

En cuarto lugar, la eficacia de los bombardeos ha sido comprometida. El Jefe de Estado Mayor Conjunto, General Martin Dempsey, le dijo al Presidente Obama el 24 de agosto, que una demora en los bombardeos no era relevante. Sin embargo, evidencia reciente le han obligado a retractarse. La utilidad de bombardeos como los planteados inicialmente ha sido puesta en entredicho, ya que si bien pueden mantener la credibilidad de EEUU y aliviar conciencias sin provocar una escalada militar; no solucionará el conflicto ni eliminará las armas químicas. Por ello, en la Sección 5 de la Resolución del Comité de Relaciones Exteriores se plasmaron como objetivos estratégicos: la necesidad de cambiar el curso de las hostilidades –que favorece por ahora a Assad-, “crear condiciones para una solución negociada”, y degradar la capacidad química de Assad. Algunas voces plantean que para lograr esto, resultan necesarios unos bombardeos de mayor envergadura a los previstos –que infrinjan grandes costos y provoquen disuasión-, proporcionar armas avanzadas a los rebeldes y aislar a los terroristas. Es decir, parece estar emergiendo en EEUU una estrategia hacia Siria: fomentar su “libanización”, es decir, el reparto de poder entre varias facciones y un condominio con Rusia.

El peligroso “romance” de América Latina con China

Kevin Utrera

En una continuación de la lucha por un crecimiento sostenido y una ampliación de su esfera de influencia, China ha estado durante los últimos años llevando su “siembra” a tierras donde espera conseguir una cosecha verdaderamente provechosa: América Latina.

La  consolidación en la última década de gobiernos de tendencias ideológicas afines en la región, ha llevado progresivamente a un acercamiento entre los países latinoamericanos y China, lo cual le ha permitido al gigante asiático incrementar cada vez más una marcada influencia en lo que, en palabras del propio Secretario de Estado, John Kerry, sigue siendo considerado “el patio trasero de EEUU”. Esta influencia es reflejada en la expansión sostenida no sólo en las inversiones chinas en la región, sino también en las cifras en términos de importaciones de la región desde China (considerablemente mayores a las exportaciones), y en el gran número de préstamos que le ha otorgado la potencia asiática a países como Venezuela y Argentina.

Ahora cabe preguntarse, ¿hasta dónde llega la influencia China en América Latina? Esta es la pregunta que muchos se hacen hoy en día, al ver que cada vez es más evidente. Si bien es cierto que hay un nivel de afinidad política entre los países de la ALBA específicamente con China, el nivel de influencia en el ámbito político en la región no ha pasado de ser una mera cooperación pragmática en asuntos de interés compartido, la cual aún no ha desplazado la influencia estadounidense en la región contrario a lo que puedan señalar algunos actores políticos.

Ahora, en términos económicos, la historia es otra totalmente distinta. En la última década, las inversiones chinas en la región han crecido de forma tan acelerada que ya, en países como Brasil y Chile, la nación asiática ha desplazado a los EEUU como principal socio comercial. Casos como el argentino son también importantes de destacar, cuando en 2011 a través del China Development Bank, Beijing le otorgó un préstamo a Argentina de 10 millardos de dólares para ayudar a subsanar la precaria situación económica, cuando otros prestamistas le habían dado la espalda por el gran nivel de endeudamiento de dicho país.

Cuando revisamos las cifras de la CEPAL en términos de inversiones, encontramos que China ha escalado posiciones en los últimos 10 años, de forma que para 2012, pasó a ser el segundo socio de la región, desplazando a la UE, y para 2013 se estiman ya inversiones presentes en más de 65 millardos de dólares.

Lo interesante cuando vemos el nivel de endeudamiento de países como Venezuela ante China, así como también los rubros en los cuales se han incrementado las relaciones comerciales, es que nos encontramos con un refuerzo en la primarización de las economías latinoamericanas, al enfocarse las exportaciones latinoamericanas hacia China en los sectores energético y alimenticio, mientras que las exportaciones chinas hacia América Latina, se enfocan en manufacturas, construcción e importantes préstamos.

Aquí es donde radica el riesgo de la relación América Latina-China, y de la cual surge la interrogante: ¿está siendo América Latina cada vez más dependiente de China? ¿Está China convirtiendo a la región en su periferia, su “patio trasero”?

Al revisar opiniones desde el punto de vista chino, como la del Profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, Sun Hongbo, encontramos que la perspectiva que ellos plantean hacia la región es de “complementariedad y competencia”. Sin embargo, la débil posición de la industria latinoamericana en rubros manufacturados en comparación al gigante asiático, hace prácticamente imposible -al menos bajo las actuales condiciones- una competencia importante. Esta relación, parece más bien responder a una búsqueda de un progresivo desplazamiento parcial de socios comerciales y una ampliación de posibilidades como respuesta al debilitamiento económico que han sufrido los principales socios comerciales de China (EEUU, Japón y la UE) tras las crisis económica de 2008.

Parece ser que la afinidad ideológica, y el relanzamiento de un discurso “anti-imperialista” en la región contra EEUU, aunado a un alto nivel de endeudamiento en países como Argentina, que llevaron a un distanciamiento de otras posibilidades de préstamos, han actuado como factores claves en el acercamiento entre América Latina y China. No obstante, al analizar los distintos factores que subyacen detrás de las superficiales opiniones mediáticas, ésta parece ser una peligrosa relación de creciente dependencia que se espera incluso se profundice en el próximo lustro.

Ataque a la vista en Siria

 

Dr. Kenneth Ramírez

Un ataque con gas venenoso fue perpetrado el pasado 21 de agosto en territorio sirio controlado por los rebeldes. Según algunas fuentes las víctimas ascendieron a 355 y de acuerdo a los rebeldes ascendieron a 1300. La versión más ampliamente aceptada señala al régimen de Assad como responsable, mientras que algunas fuentes apuntaron a los propios rebeldes –habrían hecho una suerte de teatro sangriento para generar una respuesta internacional. Sin duda, lo ocurrido constituye uno de los capítulos más oscuros en una guerra civil que lleva dos años y medio, más de 100 mil muertos y millones de refugiados.

EEUU ha evitado hasta ahora la participación en la guerra civil de Siria, ya que la Administración Obama no lo consideraba beneficioso para sus intereses. Esto no quiere decir que Washington tenga algún tipo de simpatía por Assad. Damasco tiene estrechos vínculos con Irán, Rusia, y la milicia Hezbollah en El Líbano. Sin embargo, EEUU ha aprendido en Afganistán, Irak y Libia, a considerar no sólo las amenazas que suponen regímenes hostiles, sino también lo que podría seguir a los mismos. En aquellos casos, cambiar el régimen terminó rápidamente enredando a EEUU en guerras civiles, cuyos resultados no han valido la pena los costos asumidos. En el caso de Siria, los rebeldes son musulmanes sunitas, con algunas de sus facciones -como el Frente Al-Nusra- con vínculos con Al-Qaeda.

Muchos alrededor del Mundo se han mostrado consternados con la cruenta guerra civil siria, y han estado pidiendo a Washington que haga algo. El Presidente Obama ha sido cauto. Washington no tiene un interés directo en el resultado, ya que todos los posibles lucen malos desde su perspectiva. Por otra parte, los que ahora son enfáticos en pedir que se actúe, serán los primeros en condenar a EEUU cuando algunos de sus ataques provoquen víctimas civiles como daño colateral. No hay formas inocuas para poner fin a una guerra civil.

Empero, la estrategia prudente de Obama dejó un cabo suelto. Expresó que no se involucraría en Siria a menos que el régimen de Assad utilizara armas químicas, a modo de disuasión. A pesar de ser Assad un líder despiadado, también es un actor racional; por tanto, la Administración Obama consideró que no haría nada que diese lugar a una intervención directa de EEUU, sin la cual ha podido contener el avance de los rebeldes, a pesar del apoyo de Arabia Saudita, Turquía, Qatar y las potencias occidentales. En consecuencia, el uso de armas químicas ha comprometido al Presidente Obama, en contra de sus mejores cálculos.

El discurso del Secretario de Estado John Kerry el pasado 26 de agosto ha construido políticamente el caso: es “innegable” que se utilizaron armas químicas en Siria, lo cual significa una “obscenidad moral”, y existen “pocas dudas” de que el responsable es el régimen de Assad, ya que es el único con esta capacidad. Aunque Assad se comprometió a permitir el acceso de los inspectores de la ONU al sitio del ataque, el Secretario Kerry sentenció que esto se ha producido “demasiado tarde para ser creíble” y lo ha acusado de “destruir pruebas”.

Ya no se trata sólo de Siria. El Presidente Obama marcó una línea roja, y esta ha sido traspasada -al menos en la verdad más ampliamente aceptada. La credibilidad es la moneda más importante en las Relaciones Internacionales. Si el Presidente Obama no hace nada, otros Estados que le son hostiles como Corea del Norte e Irán, ya no le tomarán en serio. De manera que el Presidente Obama está conminado a usar la fuerza en Siria. Sólo es cuestión de tiempo. El problema es que la mayoría de los estadounidenses está en contra de una intervención. Además, el déficit presupuestario tampoco admite una opción militar costosa.

En consecuencia, lo más probable es que el Presidente Obama se decante por un ataque punitivo limitado sin el aval del Consejo de Seguridad –debido al veto de Rusia-, y con el apoyo de la OTAN y la Liga Árabe en su lugar. Ya tiene 4 destructores emplazados en el Mediterráneo y cada uno de ellos puede lanzar entre 30 y 40 misiles crucero Tomahawk. Esto puede ser respaldado con ataques aéreos lanzados desde las bases aéreas de EEUU en Jordania y Turquía, con apoyo de los británicos y franceses, sin ingresar en la zona de alcance del poderoso sistema anti-aéreo sirio de tecnología rusa. La misión consistiría en destruir los emplazamientos que albergan armas químicas y degradar la fuerza aérea de Assad que tanto daño ha hecho a los rebeldes. Esto supone una operación más parecida al bombardeo de Libia en 1986 o el bombardeo de Irak de 1998, que a la invasión a Irak en 2003 o la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia en 2011. Esta es la opción más barata y segura para la Administración Obama. No obstante, todo esto hace pensar en cuales serían los objetivos estratégicos, ya que una operación punitiva no sacaría del poder a Assad ni eliminaría todo su arsenal químico –mucho del cual puede estar disperso y bajo tierra-; sólo le disuadiría de volver a utilizarlo y equilibraría la guerra.

El riesgo más importante es el potencial de desbordamiento regional. A lado de Assad hoy lucha Hezbollah, enemiga de Israel, financiada y armada por Irán. Teherán ha advertido de graves consecuencias si se ataca a Damasco. De manera que, Assad o Hezbollah podrían intentar atacar Israel. Assad también ha amenazado a Turquía y Jordania.

El reto del Presidente Obama consiste entonces en efectuar una operación limitada para mantener su credibilidad y no dejar como legado otra guerra abierta para EEUU en la región. Nada fácil.

@kenopina

La “Globalidad” en la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Colombia

Giovanna De Michele (*)

 Ante el reciente anuncio de la reactivación de la CONEG (Comisión Negociadora entre Venezuela y Colombia), han comenzado a circular algunos comentarios, análisis y opiniones en torno al tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas entre ambos países, que obligan a quienes hemos participado directamente en tan seria responsabilidad, a recordar algunos aspectos fundamentales como la estrategia de la “globalidad” en el proceso de negociación.

 

Para tal propósito, he considerado necesario hacer un breve recuento histórico de tan ardua tarea; por lo que comienzo enfatizando que el proceso de delimitación de áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia se ha caracterizado por ser sumamente largo y complejo, ya que, sin mencionar las negociaciones anteriores, las cuales resultaron infructuosas, se ha venido desarrollando a lo largo de más de un siglo. Desde el Laudo Español de 1891 hasta la presente fecha, sin que se haya logrado aún una solución satisfactoria para ambas partes.

 

No obstante, me voy a ubicar en el 3 de febrero de 1989, cuando el entonces Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, suscribió con su homólogo colombiano Virgilio Barco, una Declaración conocida como Acuerdo de Caracas, en la cual ambos Gobiernos se comprometieron a: 1) Adelantar consultas recíprocas conducentes a la reintegración de las Comisiones de Conciliación previstas en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939 2) Designar dos Altos Comisionados por cada país, quienes en breve plazo debían hacer un inventario de las principales cuestiones por examinar entre ambos países a objeto de proponer a los dos Gobiernos una metodología adecuada a su tratamiento y solución y 3) Crear Comisiones de asuntos fronterizos encargadas de tratar cuestiones vecinales, así como el desarrollo económico y social de dichas áreas.

 

En esta oportunidad la decisión de los mandatarios fue la de analizar y buscar salidas eficaces y de consenso nacional y binacional a todas aquellas situaciones que tenían repercusiones bilaterales. De esta manera y con el propósito de garantizar las negociaciones directas, el 27 de marzo de 1989, el entonces Presidente de Venezuela, designó a los ciudadanos Rafael Pizani e Isidro Morales Paúl, sus Altos Comisionados para: 1) la realización de un inventario de las principales cuestiones por examinar entre Colombia y Venezuela y 2) proponer una metodología adecuada para su tratamiento y solución.

 

Esta nueva estrategia de negociación entre Venezuela y Colombia, se formalizó definitivamente el 28 de marzo de 1989, cuando los Presidentes de Venezuela, Carlos Andrés Pérez y de Colombia Virgilio Barco, se reunieron en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sobre el río Táchira y emitieron la denominada “Declaración de Ureña”, que contiene los nombres de los Altos Comisionados de ambos países, así como la distribución formal de sus competencias.

 

En concordancia con la nueva estrategia de negociación definida por ambos Gobiernos y en cumplimiento de su mandato, los Altos Comisionados elaboraron un inventario de cuestiones pendientes por resolver entre ambos países, en el que se distinguieron 10 temas, figurando entre ellos la delimitación de áreas marinas y submarinas.

 

En este mismo orden de ideas, los Altos Comisionados iniciaron el examen de las metodologías más adecuadas para el tratamiento y solución de cada uno de los temas identificados y en tal sentido, se definió un Proyecto de Acuerdo aplicable a la delimitación de áreas marinas y submarinas, en el cual se mantiene “la posición tradicional de Venezuela, de utilizar la negociación directa entre las partes como la vía más fecunda y eficaz, evitando así la intervención de terceros en cuestiones vitales para nuestro país.”[1]

 

Uno de los aspectos fundamentales del citado proyecto, en pro de las negociaciones directas para el futuro, fue haber superado las diferencias en el sentido de que los Altos Comisionados colombianos aspiraban incorporar al texto del proyecto un plazo de un (1) año máximo para las negociaciones directas.

 

La posición de la delegación venezolana, fue la de no incorporar plazo máximo alguno para las negociaciones directas, quedando así establecido en el Proyecto de Acuerdo; donde se prevé que si tal esfuerzo no llegara a culminarse exitosamente, los dos Gobiernos de común acuerdo, podrían acudir a un procedimiento de solución pacífica no compulsivo a fin de lograr un acuerdo total y definitivo.

 

A los criterios de los propios Altos Comisionados venezolanos, este proyecto “crea un mecanismo de solución de controversias específico aplicable a la delimitación de áreas marinas y submarinas que viene a excluir la eventual aplicación del Tratado de No agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, suscrito entre Venezuela y Colombia el 17 de diciembre de 1939,”[2] al evitar que se agoten los “medios diplomáticos ordinarios”[3].

 

En este sentido, es pertinente recordar  que en el artículo II del Tratado anteriormente mencionado, Venezuela y Colombia, se comprometen a someter a los procedimientos de solución pacífica, las controversias de cualquier naturaleza o que por cualquier causa surjan entre las partes y que no haya sido posible resolver por los medios diplomáticos ordinarios, exceptuando las que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a la integridad territorial de los Estados contratantes. De esta manera y mientras se mantenga vigente el mecanismo de las Comisiones Negociadoras, los dos países se someten voluntariamente y por mandato a las negociaciones directas, partiendo de la base de que la negociación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela es un asunto vinculado a los intereses vitales y a la integridad territorial de nuestro país.

 

Es así como el 6 de marzo de 1990, en la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta, se reunieron los Presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia, quienes luego de analizar el informe presentado por los Altos Comisionados, adoptaron las metodologías de tratamiento y solución presentadas (Modus Operandi), para aquellas cuestiones pendientes entre los dos países, procediendo entonces a firmar el Acta de San Pedro Alejandrino, con la cual se dio por terminada la tarea de los Altos Comisionados y se propuso crear una nueva Comisión Negociadora que operaría simultáneamente con la Comisión de Asuntos Fronterizos.

 

Culminada esta fase, se consolidó el inicio formal de un proceso de negociaciones directas, luego de instalar las respectivas Comisiones Negociadoras en cada País; el 16 de junio de 1990 en Colombia y el 14 de julio del mismo año en Venezuela.

 

Tales negociaciones directas se han circunscrito desde entonces a cinco temas: 1) Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas 2) Cuencas Hidrográficas Internacionales 3) Ríos Internacionales 4) Demarcación y Densificación de hitos en la frontera terrestre Y 5) Migraciones.

 

Obsérvese   que  el   tema  de  la   Delimitación   de   Áreas   Marinas y Submarinas, quedó entonces consagrado como un asunto más en la agenda de  negociaciones directas entre Venezuela y Colombia.

 

Igualmente, vale  la pena destacar que al iniciarse las negociaciones directas entre Venezuela y Colombia, en el marco de esta nueva etapa, se plantearon dos opciones: a) Negociar mediante concesiones individuales, es decir tema por tema como asuntos inconexos o aislados y b) Negociar mediante un paquete que abarcara de manera global todos los temas.

 

Considerando que la primera opción, conducía a la solución parcelada de la agenda, sin tener en consideración el necesario balance de logros entre las partes, se asumió la segunda opción, que permite flexibilizar las posiciones y  establecer claramente un balance de intereses garantizando la significación vital de los mismos y augurando la legitimidad de una solución general, permanente y equitativa. Este sistema de negociaciones se conoce como “la globalidad”.

 

En honor a la verdad, lo que se acordó ha permitido dar continuidad a una estrategia de negociación que de forma “quasi empírica” se ha venido aplicando entre los dos Estados desde hace mucho tiempo atrás.

 

Por ejemplo, en las negociaciones Unda-Suárez (1894), Venezuela sostuvo la tesis del dominio exclusivo del Golfo, con lo cual se ratificaron las negociaciones anteriores al Laudo de 1891, tales como Michelena-Pombo (1833) y Guzmán Murillo-Toro (1874-75); mientras que Colombia pretendía a cambio, la rectificación de los ríos Tarra y Sardinata, con el objeto de disponer de la parte llana del territorio para la posterior construcción del ferrocarril de Tamalameque. La misma estrategia se observa en las negociaciones Urbaneja-Restrepo (1907) y en la Rivas-Vasquez Cobo (1909).

 

Del mismo modo, en 1916 se contempló la realización de negociaciones con miras a concluir un Tratado sobre Navegación de ríos comunes, Comercio Fronterizo y Tránsito entre las dos Repúblicas, partiendo de la base de equidad y mutua conveniencia. A su vez se agregó que “cualquier variación proveniente del Tratado de Navegación y Comercio se tendrá en cuenta en los actos y operaciones concernientes a la demarcación o ésta se modificará en caso de suscribirse el Tratado después de iniciada la demarcación.”[4]

 

De allí se desprende que en las negociaciones Losada Díaz (1918), se manejara la rectificación fronteriza a cambio de compensaciones por parte de Venezuela en materia de navegación, comercio fronterizo y tránsito. Los colombianos aspiraban recibir de Venezuela, la cooperación para el empalme del ferrocarril de Cúcuta con el venezolano de Encontrados.

 

Tal como se ha evidenciado a lo largo de la historia, existe un “evidente vínculo estratégico”[5] en las cuestiones pendientes entre Venezuela y Colombia, que impone un tratamiento global y directo por parte de ambos países.

 

“En efecto, la cuestión de la delimitación de áreas marinas y submarinas está íntimamente ligada a la navegación de los ríos. Para Colombia ha sido y sigue siendo un claro objetivo geopolítico obtener la libre navegación de los ríos navegables fronterizos con Venezuela. Es cierto que en el Tratado de 1941 se autorizó esa navegación, pero para hacerla efectiva es necesaria una estrecha cooperación entre ambos países y una clara reglamentación por parte de Venezuela.”[6]

 

Otra clara manifestación de la interdependencia de las cuestiones pendientes entre Venezuela y Colombia y en consecuencia de la alta utilidad de la estrategia de la globalidad, se presenta con el tema de las Cuencas Hidrográficas, aspecto en el cual nuestro país presenta marcados intereses, debido a que estamos aguas abajo con relación al país vecino en cuyo territorio nace aproximadamente el 70% de las aguas superficiales del sur de Venezuela.

 

En este mismo orden de ideas, los intereses venezolanos y colombianos se entrelazan en circunstancias como las que envuelven al río Catatumbo, considerado como la única salida natural de la región fronteriza colombiana (Norte de Santander),  que a su vez suministra el 60% del agua dulce que recibe el Lago de Maracaibo.

 

Mención aparte merece el río Casiquiare que representa la unión natural y necesaria entre el río Orinoco y el río Negro, lo cual sirve de interconexión entre la Cuenca del Orinoco y la Cuenca del Amazonas.

 

De igual forma, la materia de migraciones y el transporte internacional constituyen objetivos prioritarios colombianos de carácter permanente; mientras que para Venezuela, se podría afirmar que representan los temas que permiten un amplio margen de maniobras en una negociación “ganar-ganar”.

 

En virtud de todo lo anterior queda claro que sería un error pensar que la Comisión Negociadora venezolana, omita la pertinente estrategia de la “globalidad”, en sus deliberaciones frente a la contraparte colombiana.

 

(*) Ex-Comisionada Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas -  Coordinadora Académica de la Escuela de Estudios Internacionales (UCV) – Miembro del Comité Ejecutivo del COVRI

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[1] Informe sobre la labor realizada por los Altos Comisionados del Ciudadano Presidente de la República para tratar los problemas a resolver con Colombia, Rafael Pizani e Isidro Morales Paúl, Caracas, 19 de marzo de1990.

[2] Ibidem.

[3] Artículo II del Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial del 17 de diciembre de 1939.

[4] Artículo 6 de la Convención para la Completa Demarcación de la Frontera, 1916.

[5] Denominación dada por los Altos Comisionados venezolanos Rafael Pisan e Isidro Morales Paúl a la interdependencia de los temas o asuntos pendientes entre Venezuela y Colombia, recogida en el informe  presentado el 19 de marzo de 1990.

[6] Informe sobre la labor realizada por los Altos Comisionados del Ciudadano Presidente de la República para tratar los problemas a resolver con Colombia.

Nueva oportunidad para Paraguay y Venezuela en MERCOSUR

Laura Guzmán

Varias son las opiniones emitidas respecto al polémico ingreso de Venezuela al MERCOSUR durante la ausencia temporal paraguaya tras la suspensión realizada por parte del resto de los mandatarios que integran el acuerdo, alegando que el juicio político que acarreó la destitución del entonces Presidente Fernando Lugo en junio de 2012, fue contraria a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Hoy nos encontramos ante una realidad totalmente distinta a la vivida hace un año en ambos países. En Venezuela, el Presidente Hugo Chávez (aliado de Lugo), ha fallecido tras una dura batalla contra el cáncer, siendo elegido como su sucesor el Ex-Vicepresidente y Ex-Canciller, Nicolás Maduro; mientras que en Paraguay, luego de un duro proceso político, finalmente cuentan con un nuevo Presidente. En conclusión dos mandatarios diferentes, con dos corrientes políticas nada parecidas -aunque aún está por ver cuál será el estilo  de gobierno de Horacio Cartes.

La indudable interrogante para el futuro del MERCOSUR, es si Paraguay y Venezuela lograrán resolver sus diferencias y pasar página de lo ocurrido, cerrando un capítulo difícil para la integración latinoamericana.

Una de las condiciones exigidas por Horacio Cartes desde que era candidato presidencial para regresar a MERCOSUR, era que se le otorgara la Presidencia pro témpore del bloque a Paraguay, pero en la reciente Cumbre de Montevideo esta pasó a manos de Venezuela. Si bien muchos opinan que acceder a esta petición constituía la perfecta oportunidad para Venezuela de subsanar sus problemas con Paraguay, lo cierto es que esto no ocurrió. Es un secreto a voces que el Presidente Maduro busca desesperadamente llenar los zapatos que dejó el Ex-Presidente Chávez en Latinoamérica luego de su muerte, por lo cual parece haber considerado más importante ostentar la Presidencia pro témpore de MERCOSUR que resolver los problemas con Paraguay en el corto plazo, para así demostrar que es capaz de continuar impulsando el proyecto del “Socialismo del siglo XXI” en la región. Además, esta posición le permitió a Maduro continuar recabando legitimidad internacional después de las polémicas elecciones del 14-A.

Entre las asperezas que deben limarse con el ahora Presidente Cartes, figuran en primer lugar lo concerniente al apoyo brindado por el difunto Chávez al caso de Lugo y la injerencia que pretendió ejercer Venezuela en este asunto a través del propio Nicolás Maduro, y en segundo lugar el cierre de la Embajada venezolana en la Asunción y la suspensión de suministro de petróleo en 2012. Será sin duda interesante observar si Maduro optará por acercarse al mandatario paraguayo de turno o si atacará las políticas que despliegue de aquí a futuro, cuestión que seguramente no se hará esperar por mucho tiempo, puesto que hasta ahora hemos estado acostumbrados a un discurso de Venezuela catalogado de “intervencionista” por parte de muchos, donde las opiniones sobre la forma de negociar y actuar de otros países son públicamente criticadas.

La atención pública fue invocada una vez más hacia esta situación, cuando   el Presidente Maduro manifestó no haber sido invitado a la ceremonia de investidura de Horacio Cartes, mientras que el Presidente ecuatoriano Rafael Correa -quien también busca ocupar el lugar vacío de Chávez dentro de Latinoamérica-, declaró que a pesar de ser invitado no asistiría en solidaridad con Venezuela.

Las  expectativas sobre un período de negociación se hacen cada vez más fuertes, sobre todo ahora que con la toma de posesión del Presidente Cartes del pasado jueves 15 de agosto, se levanta la suspensión contra Paraguay significando su acceso al lugar que ocupaba dentro del MERCOSUR y la UNASUR.

Cartes por su parte no ha dejado claro si desea o no retornar al MERCOSUR, pero al asegurar haber discutido abiertamente con sus homólogos suramericanos la preocupación que existe por resolver el conflicto y la invitación al resto de los países que integran el bloque a la ceremonia de investidura, pareciera dar señales de un interés en reconciliar a Paraguay con el MERCOSUR, e insiste en que su país no tiene ninguna intención política en permitir la entrada de Venezuela al bloque, señalando que “el problema es jurídico” en alusión a la falta de aprobación paraguaya.

Pareciera entonces que la mejor forma de abordar un proceso de diálogo es bilateralmente para luego llevar los resultados de esta negociación a nivel del bloque regional, y sobre todo evaluar las opiniones que emita Cartes con respecto a las decisiones que como Presidente pro témpore, Nicolás Maduro haga dentro del MERCOSUR. Además, se espera que ambos mandatarios se encuentren cara a cara en la VII Cumbre Ordinaria de la UNASUR que se celebrará en Surinam el próximo 30 de agosto, lo cual supone una nueva y magnífica oportunidad para empezar a resolver este impasse.

La Presidencia venezolana del MERCOSUR se da en un momento crucial para la integración latinoamericana. La novedosa Alianza del Pacífico con una visión estrictamente comercial y en vinculación a EEUU, está buscado frenar el liderazgo e influencia de los gobiernos izquierdistas suramericanos -principalmente los de Brasil y Venezuela-, así como contrapesar sus proyectos de integración –de la ALBA al MERCOSUR y UNASUR. De hecho, en mayo pasado durante la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali, el Ex–Presidente paraguayo Franco buscando romper el aislamiento internacional, propició la incorporación del país guaraní como observador de este nuevo esquema de integración, lo cual puso en tela de juicio la cohesión del MERCOSUR.

En consecuencia, los intereses de Venezuela empujan al Presidente Maduro a utilizar su posición al frente del bloque suramericano para cerrar cuanto antes el impasse con Paraguay y consolidar el MERCOSUR ampliado.

Abenomics: ¿Hacia dónde va Japón?

Salvador Miguel

El 9 de Agosto de este año, el Ministerio de Finanzas de Japón anunció que se alcanzó, por primera vez en la historia, el límite de 1.000 billones de yenes (10,3 billones de dólares). ¿Qué significa ésta inquietante cifra para Japón?

 

Durante casi 40 años la economía japonesa se mantuvo como la segunda a nivel mundial en términos de PIB. No obstante, desde hace una década lucha contra la deflación que ha estancado su crecimiento -hasta hacerle caer hasta al puesto de tercera economía mundial- y la ha sometido a fuertes compromisos monetarios dentro y fuera de sus fronteras. Mientras que la dimensión de los conglomerados industriales japoneses no concuerda con el tamaño del mercado local, lo que llevó, desde inicios de la década de los 90, a la nacionalización de múltiples empresas ineficientes y sobrealimentadas por créditos de bajísimo interés, al mismo tiempo que aumentó la deuda nacional para cubrir el gasto público y los compromisos sociales con una población en evidente envejecimiento.

 

Este incremento en el endeudamiento japonés, a su vez, está asociado a tres elementos. El primero es el conservadurismo de las empresas, que si bien les otorga excelentes estándares de producción y organización, no les permite invertir en bonos de la deuda. Si bien los índices bursátiles japoneses no han estado a los niveles de la década de los 80, cuando la inversión extranjera superaba los 60.000 millones de dólares, la evidente crisis económica hace que los gobiernos extranjeros no quieran invertir en Japón, al igual que las empresas locales, que aun teniendo capital suficiente para emprender proyectos de expansión, no invierten, debido al tamaño del mercado de demanda local y las fuertes barreras arancelarias, que aíslan los sectores no tradicionales del resto del Mundo. Esta desconfianza en el mercado local está relacionada con el segundo factor de endeudamiento, que es el envejecimiento progresivo de la población. Buena parte de la crisis económica está relacionada con una mano de obra en franco desnivel con las capacidades productivas de empresas que tienen capacidad de inversión, pero que no confían, además, en una población de avanzada edad -cerca del 25% de la población de Japón tiene 65 años o más, y las proyecciones tienden a ver este número aumentado- que tiene bajos índices de consumo asociado a sus ahorros, y no a actividades productivas que estimulen el movimiento de la economía. Éste sector demográfico no sólo tiene incidencia en la economía, sino también en el tercer elemento de desconfianza: Inestabilidad política.

Desde el estallido de la burbuja financiera japonesa -muy parecida a la crisis de EEUU en 2008-, el Parlamento japonés se ha visto sumergido en interminables disputas entre las coaliciones dirigidas por los partidos Democrático Liberal (PDL) y Democrático de Japón (PDJ). Desde entonces, la Dieta no se había podido poner de acuerdo en reformas económicas de gran envergadura, debido al peso de cada uno de los partidos, y a los intereses que representan.

El gobierno de Shinzo Abe, bien consciente de estos flagelos, se ha dedicado a poner en práctica programas de estímulo agresivos -como nunca antes se habían visto en Japón- para apalear estos elementos de desconfianza. Desde su victoria de diciembre de 2012, potenciada por el nacionalismo resultante de las disputas territoriales con China y el arrastre popular conseguido con las promesas de cambios reales en las políticas económicas, la Administración Abe alcanzó un desenlace a la conocida como “Política torcida” que se había visto desde la Administración Koizumi. Esta dinámica no permitía la aprobación de leyes de endeudamiento, presupuesto o gasto público para trazar un plan de acción efectivo, y fue lograda conquistando 135 de los 242 curules de la Cámara Alta, lo que significa un 52%, más que suficiente para dar luz verde a la mayoría de los ambiciosos proyectos.

La victoria política de Abe le permitió la implementación de leyes de endeudamiento abocadas a implementar paquetes de estímulo a gran escala que potenciarán el consumo interno, la inversión extranjera y conseguirán la progresiva derrota de la deflación que necesita la economía. A pesar de que estos planes fueron anunciados desde hace más de diez años, no se habían podido cumplir debido a la inestabilidad política y conservadurismo empresarial. La venta de bonos y la monetización de la deuda han mantenido a flote la confianza en la bolsa japonesa, que si bien muestra tímidos números de crecimiento, marca importantes cambios en las tendencias demostradas en años anteriores.

Una vez resuelto el problema político, Abe ahora se enfrenta con el problema de los mercados de demanda. En caso de decidirse por estimular la demanda local, hay dos formas de lograrlo. La primera, que arrojaría resultados a muy largo plazo, es el estímulo de las tasas de natalidad a través del potenciamiento de programas de planificación familiar. La segunda es la liberalización de las leyes de inmigración, lo que aumentaría de forma rápida el mercado de consumo y expandiría la producción empresarial. Por otra parte, en caso de decidirse por el crecimiento de la demanda extranjera, sería necesario expandir los canales comerciales entre Japón y sus socios en ultramar, y liberar los controles existentes sobre los sectores no tradicionales.

Al respecto, Abe parece haberse decidido por el incentivo a los mercados internacionales basado en lo que ha llamado “diamante estratégico”: EEUU – India – Australia – Japón, y en concreto, con la inminente adhesión japonesa a la Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (por sus siglas en inglés, TPP) -el primer acuerdo de libre comercio tri-continental. Asimismo, Abe ha incrementado el gasto en materia militar, lo cual se traduce en inversión en industrias pesadas.

La “Abenomics” ya ha dado algunas alegrías: el Ministerio de Finanzas ha señalado que ha sido superada la recesión, aunque sólo con un crecimiento del PIB de 2,6% según tasa anualizada –por debajo del 3% esperado-; el índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha crecido 30% desde que Abe asumió el cargo; y el valor del yen ha caído 16% frente al dólar y 28% frente al euro. Esto ha sido suficiente para recuperar competitividad de las empresas locales y para que las exportaciones –que representan 35% del PIB- hayan vuelto a crecer -3% el primer trimestre de 2013. Por su parte, el consumo interno también se ha reactivado, apuntando a 1,9% de crecimiento según tasa anualizada.

Pese a estas mejoras, falta ver el resultado de estas políticas a largo plazo sobre los propios consumidores japoneses y el desarrollo de problemas sin resolver, como las disputas territoriales, los programas de reconstrucción de desastres aún en marcha y el aumento del endeudamiento sin precedentes. Sin embargo, el claro cambio de tendencia en el desarrollo de la política económica, y más importante aún, la respuesta positiva de los actores, nos hacen vislumbrar un futuro prometedor para Japón bajo la “Abenomics”.