viernes, 14 de marzo de 2014

La Cumbre de América del Norte en Toluca



Victor Hugo Matos
Hace unas semanas,  la ciudad de Toluca en México fungió como sede de la reunión de líderes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA), o la llamada “Cumbre de los Three Amigos”: Canadá, México y EEUU.
Para los círculos políticos y económicos de estos  países, esta reunión  reviste bastante importancia, ya que consideran que se debería enmarcar en una búsqueda de una revisión profunda de las condiciones dentro del acuerdo para adaptarlas a un entorno comercial y político cambiante. Esto se debe en parte a las consideraciones de que pese a ser uno de los acuerdos más importantes firmados entre los tres países, el paso del tiempo y la aparición de nuevos elementos han mellado la efectividad de dicho acuerdo,  demostrando que a pesar de que ha reportado beneficios derivados del comercio; esto no significa,  que este tratado comercial sea la gran solución a los problemas de Norteamérica.
En este sentido,  las principales víctimas de esta ineficiencia ha sido la innovación y el emprendimiento,  cooperación académica, un elemento importante dados sus impacto en el crecimiento económico y en la creación de nuevas empresas. A esto se le añade las barreras importantes que aún existen entre los miembros del TLCAN, sobre todo aquellas relacionadas con el tránsito de personas y bienes, siendo destacable el caso de la aplicación de programas de visas para empresarios, minimizando las posibilidades de crecimiento de un tejido empresarial regional más denso.
Todas esas variables fortalecen la idea que, aún a 20 años de firmado el tratado, las fronteras siguen cerradas entre estos tres países,  lo cual  no es muy positivo en un momento de recuperación económica y de cambio en el panorama comercial como el actual, afectando inevitablemente la imagen del TLCAN dentro y fuera de los países miembros.
Un ejemplo de esta percepción negativa sobre el tratado es que el país más beneficiado por los acuerdos derivados del TLCAN ha sido México, pese a lo cual el acuerdo es criticado dentro de este país; donde muchos dicen que no ha tenido un impacto muy positivo en la calidad de vida de los mexicanos. En ese sentido, el Presidente Enrique Peña Nieto planteó como ejes temáticos de la Cumbre de Toluca: la prosperidad incluyente y compartida, nuevas áreas de oportunidad, la seguridad ciudadana y, temas regionales y globales; reflejando así los nuevos elementos con los que se propone lidiar la triada norteamericana.  Quizás el más relevante de estos elementos es el sector energético,  ya que grandes proyectos como la Reforma Energética mexicana o el oleoducto Keystone XL -todavía por aprobarse por parte del presidente Barack Obama-  pueden convertirse en una palanca importante para renovar los esfuerzos de integración entre los miembros del TCLAN.
No obstante,  a pesar de estas declaraciones de intención y buenas posibilidades que se visualizaron en la Cumbre de Toluca,  al final dejó la sensación de que se hizo poco por estructurar una visión estratégica para la reforma del TLCAN entre los líderes norteamericanos y que las acciones puntuales se dejarían a distintas comisiones que podrían tardarse meses en reunirse.
En este sentido, la conclusión que parece permear de esta reunión refleja que es necesario adaptar un tratado de esta magnitud a las nuevas tendencias en el desplazamiento del  comercio mundial a nuevas áreas, como Asia-Pacífico,  en la medida en que este nuevo impulso que se le quiere dar al TCLAN pueda convertirlo en una herramienta para acercar los intereses comunes y crear una estrategia regional conjunta para el siglo XXI, siendo incluso valioso para fortalecer la posición de estos tres países con miras a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans-pacífico (por sus siglas en inglés, TPP); con la ventaja añadida para México, de tener otras conexiones comerciales como la Alianza del Pacífico que le sirven en la mesa de negociaciones del TPP.
Sólo en el largo plazo se sabrá si el reimpulso del TLCAN y el TPP tendrán un impacto importante en América Latina y en el comercio mundial.

viernes, 28 de febrero de 2014

La parálisis regional ante las protestas en Venezuela


Dr. Kenneth Ramírez 


Vivimos en un Hemisferio Occidental pos-hegemónico. La distribución de capacidades ha cambiado con el ascenso de Brasil, la década dorada de crecimiento económico latinoamericano y la crisis económica apenas superada en EEUU. Además, Washington no tiene la voluntad de ejercer su primacía en el Hemisferio –que a pesar de todo aún conserva- para imponer una agenda en torno a la promoción de la democracia liberal y el libre comercio como hizo en los años noventa, al llevar una década concentrado en Medio Oriente y ahora empezar a mirar al Pacífico debido al ascenso de China. Tampoco EEUU ha mostrado habilidad diplomática para liderar la construcción de un nuevo consenso con otras potencias regionales; mientras potencias extra-continentales desde China y Rusia, hasta la Unión Europea, han estado más activas en la región.
El resultado es una difusión del poder, la parálisis de las instituciones hemisféricas, la creación de nuevas instituciones latinoamericanas marcadas por el presidencialismo y la excesiva flexibilidad, y una América Latina más plural y autónoma. Reconociendo esta realidad, el Secretario de Estado John Kerry, en un discurso en la OEA en noviembre de 2013, volvió a decretar la muerte de la Doctrina Monroe y defendió “una relación de iguales” con América Latina.
El reverso de la moneda es una América Latina donde Brasil, México y Venezuela, han reordenado la cartografía regional. Así, tenemos cuatro bloques de integración principales, que se comportan como alianzas estratégicas. El MERCOSUR necesita un relanzamiento pero tiene a Brasil como líder; además, debido a la crisis instalada en Venezuela y la muerte de Hugo Chávez, tiende a atraer a la ALBA: el “MERCOSUR x 9” resultante de la “expansión selectiva” defendida en Brasilia hacia países suramericanos que no hayan adoptado estrategias liberales de inserción en la economía internacional (léase Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam, después de la adhesión de Venezuela). La Alianza del Pacífico ha servido a México para tener mayor presencia en América Latina, a Colombia, Perú y Chile para subrayar su modelo liberal en el contexto suramericano, y a todos en conjunto para defender sus vínculos comerciales con EEUU e intentar volcarse al Pacífico junto a Washington. CARICOM, el bloque más débil en capacidad pero diplomáticamente influyente con sus 15 miembros, se ha beneficiado con una vinculación pragmática, flexible y diferenciada con los demás proyectos; aceptando la cooperación petrolera de Venezuela vía PETROCARIBE, sin que esto implique deteriorar sus relaciones con EEUU en el marco del TIFA, o no escuchar ofertas de cooperación de México y Brasil.
En este contexto regional, se desencadena la ola de protestas que vive Venezuela desde hace quince días, la cual ha dejado un saldo lamentable de 17 muertos, más de 150 heridos y más de 600 detenciones. Unas protestas que más allá de ser detonadas por las movilizaciones estudiantiles y el progresivo descontento social con la crisis económica, se han visto politizadas debido a la fuerte polarización de un país dividido electoralmente en dos bloques equivalentes.
Así tenemos, dos lecturas políticas de las protestas. El gobierno venezolano entiende que se encuentra ante un “golpe de Estado suave” orquestado por grupos radicales que buscan instrumentalizar el descontento de la clase media y cuentan con el apoyo de EEUU, enfatizando por tanto, el respeto a las instituciones democráticas. Por su parte, la alternativa democrática denuncia los excesos represivos de los cuerpos de seguridad y los colectivos armados que han dejado varias víctimas, al tiempo que subraya el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos. En definitiva, una situación muy peligrosa en un país fracturado.
Por todo esto, no resulta extraño que los países de la región hayan reaccionado reflejando la pluralidad existente en el Hemisferio. EEUU y los países de la Alianza del Pacífico han pedido el cese de la violencia, el respeto al derecho a manifestar pacíficamente de los estudiantes, y han subrayado la necesidad de respetar las libertades y la institucionalidad democrática, así como la necesidad de un diálogo genuino. Los países ALBA han condenado el “golpe de Estado suave” y el “intervencionismo de EEUU”. Los países del MERCOSUR, presidido en estos momentos por Venezuela y siguiendo sus intereses nacionales, han respaldado al gobierno venezolano desde la militancia de Argentina, el silencio solidario de Brasil hasta la prudencia de Uruguay, sin dejar de llamar al diálogo. Por último, CARICOM ha manifestado su preocupación y también ha llamado al diálogo.
Esta pluralidad de intereses y visiones ha llevado a una parálisis de los foros políticos regionales (OEA, CELAC y UNASUR), justo en momentos donde Venezuela requiere de un apoyo activo para para que los actores políticos hagan las cesiones necesarias para una reorientación de la situación actual desde el conflicto al diálogo y la transición hacia una nueva gobernabilidad democrática.
La OEA, más allá de los pronunciamientos a favor  del diálogo del Secretario General Insulza, se ha visto impotente. Eminentes personalidades han pedido activar la Carta Democrática Interamericana, pero obvian la actual configuración de poder que ha convertido este tratado en letra muerta y ha sumergido a esta organización hemisférica en la parálisis. De allí, la altivez y el sarcasmo del Embajador Roy Chaderton en la discusión celebrada en el Consejo Permanente de la OEA el pasado 19 de febrero, la cual no llegó a nada debido a la reticencia de Brasil a abrir un debate y a la utilización de Venezuela de la ALBA y PETROCARIBE como minoría de bloqueo. Tampoco se espera que fructifique el reciente llamado del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a una Reunión Extraordinaria de Cancilleres de la OEA para discutir la situación en Venezuela.
De la CELAC sólo se ha visto inmadurez e incapacidad para buscar una solución; bien porque Costa Rica como Presidente pro-témpore se encuentra en pleno relevo presidencial –a la espera de su segunda vuelta de las elecciones en abril- y teme una agudización de sus problemas bilaterales con Nicaragua, bien por la poca voluntad de actuar de los restantes miembros de la Troika –Cuba, Ecuador y San Vicente y Las Granadinas, los cuales también son miembros de la ALBA-, o porque los restantes miembros no han pedido una discusión seria en este foro regional para evitar un deterioro de sus relaciones bilaterales con Venezuela.
UNASUR, por último, parece preparada para convocar una Cumbre Extraordinaria para discutir la situación de Venezuela a petición del Presidente Maduro –que ya mostró su disposición al respecto y envió el pasado 26 de febrero al Canciller Jaua de gira por las capitales suramericanas, en buena medida como respuesta a la petición panameña de activar la OEA-, o cuando lo estime conveniente Brasil como líder del MERCOSUR. Sin embargo, tomando en cuenta las discusiones parcializadas de este foro político en los casos de las crisis políticas de Bolivia en 2008, Ecuador en 2010, Paraguay en 2012 y Venezuela en 2013, es visto con natural reserva por la alternativa democrática. Aunque allí también participan Colombia, Perú y Chile, tampoco se espera que estos países de la Alianza del Pacífico impulsen la búsqueda de una solución equilibrada en UNASUR, debido a los intereses de Colombia en mantener una relación constructiva con el gobierno venezolano -por su participación como país acompañante del proceso de paz y el comercio bilateral-, así como el relevo presidencial en Chile –la Presidenta Bachelet asume el 11 de  marzo y tiene en su coalición al Partido Comunista.
En definitiva, vivimos en un Hemisferio pos-hegemónico y plural, lo cual explica la diversidad de intereses en juego y la parálisis de la diplomacia regional ante la peligrosa situación que hoy encara Venezuela. Los venezolanos sólo contamos con nosotros mismos: dura lección de la realidad que conviene no olvidar.
@kenopina

martes, 4 de febrero de 2014

Geopolítica petrolera cambiante



Dr. Kenneth Ramírez
El pasado 28 de enero, el Presidente Obama dirigió al Congreso estadounidense el Discurso sobre el Estado de la Unión de 2014, donde señaló sin ambages que la “estrategia integral para la energía que anuncié hace unos años está funcionando y, hoy por hoy, EEUU está más cerca de la independencia energética”. En realidad, el Presidente Obama intentó adjudicarse una situación energética que si bien es benigna para EEUU, no se debe totalmente a su política energética. De hecho, su política “Nueva Energía para EEUU” (New Energy for America) ha sido una apuesta por las energía renovables y la eficiencia energética con marcado sesgo anti-petrolero y resultados mixtos.
EEUU ha logrado mejorar sus niveles de autoabastecimiento energético gracias al gran aumento de la producción de hidrocarburos no convencionales a partir de la llamada “revolución de los esquistos” (shale oil); que si bien tiene un costo de producción que oscila entre 70 $/Bl y 90 $/Bl según el yacimiento, han podido desarrollarse gracias a los niveles de precios actuales.
De manera que, el Presidente Obama ha terminado cediendo a la realidad: el petróleo estará aquí por mucho tiempo, y es parte vital del futuro de EEUU y la matriz energética mundial. Esto lo confesó sin decirlo al cambiar el Secretario de Energía en 2013, sustituyendo a un físico proclive a las renovables como Steven Chu, por Ernest Moniz, otro físico cercano a la industria petrolera y nuclear.
Así, un Presidente Obama más pragmático señaló en esta ocasión “las empresas pretenden invertir casi 100 mil millones de dólares en nuevas fábricas que usan gas natural. Eliminaré los impedimentos para ayudar a construirlas (…) Mi administración continuará trabajando con el sector”. La producción de gas natural en EEUU ha aumentado 21% desde 2010 gracias a yacimientos de gas de esquistos como Marcellus, haciendo que los precios bajen y la economía reciba oxígeno. Las importaciones de gas han disminuido en 23% respecto a 2010.
Aunque el Presidente Obama no lo mencionó, la producción petrolera de EEUU también ha aumentado considerablemente gracias a yacimientos de petróleo de esquistos como Bakken y Eagle Ford -alcanzando niveles similares a 1989. Por primera vez en 25 años, la producción petrolera en EEUU superó las importaciones en 2013, las cuales han disminuido en casi 15% desde 2010. Según las proyecciones, EEUU podría elevar su producción hasta 8,5 millones de barriles diarios (MMBD) en 2014 y 9,6 MMBD en 2015, niveles que no se han visto desde 1970 cuando alcanzó su pico de producción.
Aún así el Presidente Obama intentó tranquilizar su conciencia al señalar que aumentó la producción de energías renovables y disminuyeron las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, coloquemos las cosas en contexto: En 2014 sólo 13% de la energía eléctrica en EEUU tiene un origen renovable.
Todo esto se traduce en una mayor seguridad energética para EEUU y en una posición de fortaleza en el ámbito geopolítico. Por ello, en el apartado de política exterior de su discurso, el Presidente Obama se comprometió con alcanzar un acuerdo nuclear con Irán este año que podría derivar en una ampliación de su sistema de alianzas en el Medio Oriente y permitiría un regreso del petróleo persa a los mercados, lo cual ha causado malestar en Arabia Saudita -aliado petrolero tradicional de EEUU y mayor productor de la OPEP. Además, el Presidente Obama señaló que seguirá utilizando la diplomacia en Siria y culminará la retirada de tropas de Afganistán en 2014.
En definitiva, reiteró su voluntad de disminuir la implicación estratégica directa de EEUU en el Medio Oriente -donde ha gastado cuantiosos recursos en una larga década de guerras y del cual dependerá menos energéticamente en el mediano plazo.
También reafirmó su compromiso con el “pivote” al Pacífico, región donde el ascenso de China plantea un gran reto geopolítico para EEUU en las próximas décadas.
Todo lo señalado implica que la demanda petrolera se concentrará en China, hacia donde se dirigirá el interés de los productores de Medio Oriente. También que EEUU tendrá mayor margen de maniobra respecto a estos últimos al menos por una década –momento en el cual su producción de esquistos declinará.
Por su parte, China tendrá un abanico de alternativas de suministro, desde Rusia, Asia Central y Medio Oriente hasta África y América del Sur.
De hecho, el Informe Mensual del Mercado Petrolero de la OPEP de enero de 2014, señala que la demanda petrolera mundial aumentará en +0,9 MMBD este año para ubicarse en 90,91 MMBD, con 38% de este crecimiento en China. Empero, el informe agrega que el espacio para el crudo OPEP en 2014 disminuirá en -0,4 MMBD para ubicarse en 29,6 MMBD. Esto último se debe al aumento de la producción en países No-OPEP, y sobre todo como vimos en EEUU.
Además, el informe agrega que China desplazará a EEUU como primer importador petrolero mundial a finales de 2014 –puesto que ocupa desde hace cuarenta años. China importó 5,74 MMBD en noviembre de 2013 e importará 6,04 MMBD a finales de 2014, mientras las importaciones de EEUU se ubicaron en 7,35 MMBD en diciembre de 2013 y caerán hasta los 6 MMBD a finales de 2014.
Como respuesta a este cambio de tendencia, China -que ya tiene una relación energética importante con Irán- está buscando estrechar vínculos con Arabia Saudita, y lo mismo empieza a considerarse en Riad donde ya se habla de una “Nueva Ruta de la Seda”. Sin duda, la revolución de esquistos en EEUU empieza a generar impacto en el mercado petrolero y reacomodos de alianzas.
Venezuela debe tomar nota de todo esto. PDVSA se ha planteado mantener a largo plazo el nivel de exportaciones actuales a EEUU –esto es 0,8 MMBD- y elevarlas a China desde 0,64 MMBD en 2012 hasta 1 MMBD en 2015 -transformándose en nuestro principal cliente- y 2 MMBD en la década de 2020, a partir del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Más allá de las dudas sobre la capacidad de PDVSA para concretar estas metas, lo primero que salta a la vista es que no hay espacio en el mercado mundial para más producción venezolana sin afectar la cohesión de la OPEP y la estabilidad de los precios –ya en riesgo por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. En segundo lugar, también resulta evidente que nuestros propios socios OPEP –con la geografía a su favor- buscarán satisfacer la demanda china. A la luz de todo esto, se requiere una profunda revisión del Plan Siembra Petrolera.
Publicado originalmente en El Mundo Economía y Negocios

Brasil: ¿potencia ambiental?



José Miguel De Sousa Costa

Brasil se enfrenta a un dilema constante. Por un lado, es uno de los países que más destaca en el continente suramericano, teniendo el reto de convertirse en una gran potencia ambiental gracias a la biodiversidad de su inmenso territorio, poseedor del 30% de los bosques del planeta y numerosos recursos naturales. Por otro lado, el país está experimentando un gran desarrollo económico que le ha permitido desplazar al Reino Unido como quinta economía mundial, y lo ha convertido en una de las potencias económicas emergentes capaces de transformar, junto a China e India, el orden mundial.
La gran extensión territorial de Brasil comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el Mundo, que sustenta una gran biodiversidad, por lo cual Brasil es clasificado como un país mega diverso. La mega diversidad brasileña es notable en su áreas de 8,5 millones de kms², sus variadas zonas climáticas y seis biomas: La Amazonia, el Cerrado, el Pantanal, las Pampas, la Mata Atlántica y la Caatinga.
La diversidad de fauna y flora brasileña es reconocida mundialmente, ya que 20% del número total de especies del planeta se encuentran en estos biomas. La vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats naturales. Se estima que el número total de especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente cuatro millones.
El patrimonio natural de Brasil, al igual que el de otros países del Mundo, está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la pesca excesiva, el comercio de especies salvajes, las presas e infraestructura, la contaminación del agua, y el Cambio Climático. En muchas áreas del país, el ambiente natural está amenazado por el desarrollo urbano. La construcción de carreteras en medio de la vegetación, tales como la BR-230 y la BR-163, abrieron áreas anteriormente aisladas a la agricultura y al comercio; las presas inundaron valles y hábitats salvajes y las minas crearon cicatrices en la superficie terrestre que alteraron el paisaje.
El gobierno brasileño ha impulsado ciertos mecanismos y acciones por medio del Ministerio del Medio Ambiente para atacar los problemas anteriormente mencionados. Entre algunas de dichas acciones destacan el cuidado del agua, establecimiento de áreas protegidas y la biodiversidad, impulso de ciudades sustentables, cuidado de bosques, educación ambiental, etc.
Sin embargo, la política ambiental gubernamental no ha sido suficiente, ya que el problema ambiental anteriormente descrito aun es de considerable magnitud, y es en gran medida causado por la falta de educación y por otras acciones impulsadas por el propio gobierno. En consecuencia, el problema ambiental debe ser tratado con mayor énfasis, interés y coherencia por parte del gobierno y la sociedad brasileña, quienes parecen estar demasiado centrados en el desarrollo económico nacional.
Por otra parte, el gobierno brasileño ha intentado posicionarse a nivel multilateral como una potencia ambiental, y en este sentido albergó la Cumbre Rio+20 en 2012, que no logró el éxito de la Cumbre de la Tierra hace dos décadas.
Ahora bien, ¿los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff han cumplido con los acuerdos o los planteamientos acordados en la Cumbre Rio+20? En Brasil, según afirmó la Presidenta Rousseff, en su discurso de apertura de la Cumbre, el 45% de la energía utilizada proviene de fuentes renovables. Principalmente las hidroeléctricas -consideradas por la comunidad ambientalista como una fuente de energía no verde-, el etanol para los automóviles y el uso del carbón vegetal en la siderurgia.
Además, es importante resaltar el tema de las represas, ya que, si por un lado se ha logrado reducir radicalmente en los últimos años la deforestación de la selva amazónica y potenciado las renovables, por el otro, el país no duda en impulsar para desarrollarse masivos proyectos de infraestructura, que incluyen hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia los cuales causan un impacto enorme al ambiente.
El gobierno brasileño ha permitido en los últimos años la creación de nuevas plantas hidroeléctricas en zonas vírgenes del Amazonas a costa de causar daños al medioambiente y las poblaciones indígenas, alegando la creciente necesidad energética del país. De esta forma se ha acelerado la construcción de las presas del Santo Antonio y Jirau en el río Madeira en 2009 y la de Belo Monte en el río Xingu en 2011. Además, en enero de 2012, el gobierno decidió reducir la extensión de ocho áreas protegidas de la región de Tapajos para construir más represas.
Estos datos son corroborados por Philip M. Fearnside, profesor del Instituto Nacional para Investigación del Amazonas (INPA) en Manaus, que afirma que los planes de expansión energética de Brasil entre 2011 y 2020 contemplan la construcción de 48 presas adicionales, 30 de ellas en el Amazonas.
Una de esas grandes construcciones es la presa de Belo Monte, un proyecto polémico que ha estado a punto de ser paralizado en numerosas ocasiones. Los planes originarios datan de la época de la dictadura en los años 70, fueron retomados en los 90 y, tras largas discusiones y una gran oposición internacional y nacional, encabezada por personajes como Sting y James Cameron. Empero, parece que va a salir adelante tomando en cuenta que los trabajos de la obra colosal ya marchan a toda máquina, lo cual cambiará la vida de la comunidad indígena del río Xingú, formada por unas 2.000 personas.
Según datos de la ONG Amazon Watch, para llevar a cabo las obras de Belo Monte, el 80% del curso del río Xingú será desviado de su cauce original, lo que podrá causar una sequía permanente en varias áreas y afectará directamente a los territorios de Paquiçamba y Arara, y a los pueblos indígenas de Juruna y Arara. Según esta organización, se excavarán dos grandes canales de 500 mts de ancho y 75 kms de largo, se moverá más tierra de la que fue necesario eliminar para construir el Canal de Panamá, y los dos depósitos de agua y canales de la presa inundarán un total de 668 kms², 400 de los cuales son de selva. La inundación forzará la evacuación de 20.000 personas de sus hogares. Además se espera que la presa atraiga a unas 100.000 personas al área donde se construye, modificando la zona y el ecosistema donde se ubica.
Evidentemente no son los niveles en los que debería estar Brasil a estas alturas con respecto al desarrollo sustentable, reducción de niveles de contaminación y altos niveles de pobreza; basta con ver en una de las ciudades más importantes de Brasil, Sao Paulo, el nivel de contaminación del aire por el uso de combustibles convencionales y poca presencia de planes de reciclaje. Entonces entendemos que el gobierno brasileño ubica en primer lugar el desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta los problemas ambientales que le causa a la presente y futuras generaciones de brasileños.
Además, la deforestación en Brasil representa un problema importante. Los cambios en el Código Forestal habrían supuesto una grave amenaza a la Amazonia. Aunque en los últimos años Brasil ha reducido sensiblemente la deforestación, que alcanzó en 2011 una cifra récord a la baja -de 2004 a 2009 la reducción acumulada fue de un 53%, según el balance del gobierno-, la introducción de los cambios propuestos inicialmente en el Código Forestal por parte del Congreso hubiera supuesto una grave amenaza para importantes áreas del Amazonas, estimada según el Instituto gubernamental para la Investigación Económica Aplicada (IPEA) en la destrucción de 47 millones de hectáreas de ecosistemas naturales en los años venideros.
En este sentido los ambientalistas lograron reunir casi dos millones de firmas para detener el proyecto, la Presidenta Rousseff vetó algunos de los puntos más polémicos, pero la decisión firme no ha sido alcanzada aún. "El voto del Gobierno en los cambios del Código Forestal arroja una sombra oscura a la reputación de Brasil como líder global en la lucha contra la deforestación y el Cambio Climático", expresa Paulo Adario, director de la campaña de Amazonia en Greenpeace Brasil.
A todo este cuadro preocupante, se suma los descubrimientos de petróleo en las áreas pre-sal en 2007, que se ubican en áreas marinas del Atlántico Sur. Brasil aspira a convertirse en un gran exportador petrolero apalancado en estas reservas, pero para su explotación se requieren operaciones con un alto nivel de riesgo de derrames debido a la profundidad, lo cual puede afectar considerablemente los ecosistemas marinos. De hecho, en noviembre de 2011, las empresas Chevron y Transocean provocaron un derrame en uno de sus pozos exploratorios en el campo de Frade frente a las costas de Rio de Janeiro, con un vertido total de alrededor de 3 mil barriles.

Marina Silva, Ex–Ministra de Medio Ambiente del Ex-Presidente Lula entre 2003 y 2008, compitió en las elecciones presidenciales de 2010 con el Partido Verde, ya que consideró que el ecologismo constituía una bandera abandonada en el camino por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Aunque no pasó a la segunda vuelta, obtuvo un impresionante 19,3% de los votos, por lo cual se transformó en un actor político destacado. Recientemente, ha decidido formar coalición con el Partido Socialista Brasileño (PSB) y apoyar como candidato presidencial al Gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, para las elecciones de octubre de 2014. En este sentido, Marina Silva ha buscado construir una tercera vía entre el PT y la oposición liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las próximas elecciones, siendo central propuestas ambientalistas en la oferta electoral como el Plan Amazonia Sustentable (PAS). Este plan contempla apoyar la conservación y expansión de las áreas forestales protegidas, la conservación de los recursos naturales del bioma amazónico ante problemas como la deforestación amazónica, la construcción de centrales hidroeléctricas y la reanudación de obras para nuevas centrales nucleares, algo inaceptable en su opinión para la protección del ambiente.

Brasil no es ni un héroe ni un villano en materia ambiental, pero tiene grandes contradicciones que resolver si desea proyectarse como una potencia emergente ambientalmente responsable.

viernes, 17 de enero de 2014

El fin del experimento democrático en Egipto


Dr. Kenneth Ramírez
Los egipcios se han dirigido a las urnas esta semana para votar una nueva constitución -la segunda en poco más de un año-, la cual pretende legitimar el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 contra Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes.
En el referéndum constitucional de 2012 se produjo una participación de 33% del padrón electoral, con una votación a favor del “Sí” de 64%; mientras en el referéndum constitucional de 2014, las cifras que se han adelantado a través de los medios de comunicación oficiales apuntan a una participación de 37%, con más del 90% de los votos a favor del “Sí”. En consecuencia, los resultados de este referéndum constitucional de 2014 llaman mucho la atención, ya que con una participación ligeramente superior al anterior –a pesar del llamamiento al boicot de los Hermanos Musulmanes-, se está hablando de un altísimo porcentaje a favor del “Sí”, lo cual recuerda las elecciones fraudulentas de los tiempos de Mubarak -quien casi siempre obtenía 90% o más de los votos. De manera que, la nueva Constitución nace bajo el signo de la sospecha y la exclusión, proporcionando un aval limitado al golpe de Estado de 2013.
Así parece cerrarse, al menos por ahora, el primer experimento democrático en la historia del país del Nilo. Recordemos que las masivas protestas de los egipcios desde la Plaza Tahrir -con ayuda de la presión externa sobre el Ejército- lograron la caída del dictador Mubarak en 2011, para luego volver a propiciar el derrocamiento del Presidente Morsi electo democráticamente en 2013. Esto último, con la ayuda del Ejército y los jueces -miembros del “Estado Profundo”-, los cuales esperaron el momento propicio para retomar el poder.
El problema en resumen, fue que la celebración de elecciones democráticas en Egipto no llevó a un demócrata al poder. Mohamed Morsi en particular y los Hermanos Musulmanes en general, fallaron las pruebas más básicas de la apertura y diálogo, y más preocupante aún fueron sus ataques al Estado de Derecho y al laicismo. Todo lo cual aunado a la incompetencia para luchar contra la crisis económica e incapacidad para alcanzar acuerdos con el Ejército, reactivaron las protestas en la Plaza Tahrir y desembocaron en un nuevo golpe.
Muchos aplaudirán la nueva Constitución de Egipto por la retirada del islamismo. Recordemos que la Constitución de 2012 impulsada por Morsi consagraba la jurisprudencia de la Sharia como fuente de derecho y otorgaba a la institución teológica Al Azhar la potestad de interpretarla, lo cual generó preocupación y descontento. Pero lo que la Constitución de 2014 le falta de islamista, le sobra en nuevos instrumentos para apoyar el regreso de la dictadura militar.
Hoy por hoy, el General Abdel Fatah al-Sissi –líder militar del golpe contra Morsi- se ha convertido en el nuevo hombre fuerte de Egipto, y parece estar sopesando presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán en breve con la imagen de un “nuevo Nasser”. Su voluntad y los intereses del Ejército están detrás de la nueva Constitución que limita las protestas pacíficas, la disidencia y el activismo político. A partir de ahora, el Ministro de la Defensa y el presupuesto militar serán responsabilidad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, escapando de cualquier control parlamentario. Esto por no hablar, del amplio margen que tendrán los tribunales militares para enjuiciar a civiles, la imposibilidad de formar partidos políticos de base religiosa y de recibir fondos externos.
El Ejército se ha esforzado en fortalecer la sensación de orden, reprimiendo las protestas –lo cual ha llegado incluso al allanamiento de universidades-, y criminalizando a los Hermanos Musulmanes como terroristas, siendo ahora nuevamente como en los tiempos de Mubarak los culpables de todos los males de Egipto. Sin embargo, todo esto, resulta una afrenta para aquellos que están cansados ​​de vivir bajo el yugo de la opresión militar y han aprendido el valor de la protesta. Asimismo, resulta muy peligroso, ya que los Hermanos Musulmanes como organización disciplinada con gran penetración social y pericia en la resistencia contra la dictadura, podrían radicalizarse y generar una espiral de violencia en un Medio Oriente convulso.
Por el momento, muchos egipcios han decidido que vale la pena echar por la borda sus libertades a cambio de la estabilidad y laicismo que promete la nueva Constitución. EEUU y Europa parecen mirar hacia otro lado, mientras las petro-monarquías del Golfo y Bashar al-Assad desde Siria -por paradójico que parezca- aplauden el nuevo orden egipcio. Turquía como aliado de los Hermanos Musulmanes ha quedado aislada, tras la abdicación del Emir de Qatar.
¿Será el Egipto de Sissi más estable que el Egipto de Mubarak? En el largo plazo no parece que sea así. Los ingredientes que generaron la Primavera Egipcia en 2011 -detención arbitraria, estancamiento económico, alto desempleo y la corrupción- permanecen. Y los Hermanos Musulmanes y demás islamistas descontentos no se quedarán de brazos cruzados. En definitiva, ni Sissi es Nasser, ni 2014 es 1956. Entonces, ¿qué debe hacer la Comunidad Internacional? La respuesta parece clara: impulsar una reconciliación nacional y redoblar su apoyo a liberales e islamistas moderados que lideraron la Plaza Tahrir.
La cancillería venezolana debe tomar nota de esto y diseñar una estrategia coherente, evitando seguir dando bandazos respecto a Egipto como lo ha hecho desde 2011, bien por razones del debate político doméstico como por una política exterior anti-estadounidense automática e irreflexiva.
Recordemos que el finado Presidente Chávez y el otrora Canciller Maduro recibieron la caída de Mubarak con simpatía inicial al ser un aliado de EEUU; pero luego la calificaron de “golpe de Estado” y optaron por el recelo, cuando analistas políticos empezaron a establecer comparaciones entre la situación política de ambos países. La llegada de Morsi al poder fue percibida con cierta cautela por su apoyo a los rebeldes sirios contra Assad, pero luego la cancillería venezolana empezó a percibirlo con cierto interés cuando estrechó vínculos con Irán y lucía más autónomo frente a EEUU. Finalmente, las nuevas comparaciones que quisieron establecerse entre ambos países a raíz del golpe contra Morsi en 2013, llevaron al ya Presidente Maduro a retirar a nuestro Embajador Victor Carazo; para meses después pasar a designar como nuevo Embajador venezolano a Juan Antonio Hernández y manifestar su voluntad de estrechar las relaciones bilaterales, cuando afloraron diferencias entre el nuevo gobierno egipcio tutelado por el Ejército y EEUU por la dura represión de los Hermanos Musulmanes, y cuando se produjo un nuevo acercamiento entre El Cairo y Damasco. En definitiva, una política errática que debe corregirse.
@kenopina

jueves, 12 de diciembre de 2013

Panorama retador para la OPEP


Dr. Kenneth Ramírez
El pasado miércoles 4 de diciembre, el edificio blanco de estrechas ventanas que alberga la sede de la OPEP en la Helferstorferstrasse 17 del Distrito 1 de la ciudad de Viena, volvió a convertirse en centro de la atención mundial al albergar la 164° Reunión de Ministros del grupo. La OPEP aprobó mantener por cuarta vez consecutiva el techo de producción conjunto en 30 millones de barriles diarios (MMBD). Sin embargo, bajo este aparente clima apacible, fue discutido el complicado panorama que se plantea para la OPEP en 2014 y los próximos años.
 
El grupo encara un peligroso coctel de débil demanda petrolera mundial, revolución de esquistos en América del Norte, creciente oferta petrolera en otros Estados No-OPEP y dentro de la propia OPEP, debilitamiento de la cohesión del grupo producto de la rivalidad entre Riad y Teherán, todo ello junto al  rol de Arabia Saudita como productor de equilibrio o en lenguaje coloquial “el que pone lo que falta” (swing producer).
 
De hecho, el informe de pronóstico petrolero mundial publicado por la OPEP a principios de noviembre, señala que la demanda del crudo OPEP permanecerá invariable hasta 2020, considerando un crecimiento económico mundial en torno a 3,8% y un crecimiento de la economía china en torno a 8% para los años que restan de la presente década; lo cual es optimista al comparase con los pronósticos de otras agencias, que ya hablan de una desaceleración de China. Es decir, la demanda de crudo OPEP más allá de permanecer estable, podría reducirse en lo que resta de década. Dos premisas básicas para 2014, será una demanda petrolera mundial que aumentará solamente en +1,1 MMBD, e inventarios que cerrarán a finales de este año en aproximadamente +0,3 MMBD.
 
Por otra parte, la producción petrolera No-OPEP aumentará en 2014 en +1,8 MMBD, debido a EEUU y Canadá. La producción petrolera de EEUU ascendió a 7,7 MMBD en octubre de 2013 –su nivel más alto desde 1990-, de los cuales 2,6 MMBD fue petróleo de esquistos. Esto ha llevado a las importaciones petroleras de EEUU a descender desde 12 MMBD en 2007 hasta 7,6 MMBD en octubre –es decir, por primera vez en dos décadas EEUU produce más de lo que importa. Debido a esto, China desplazará a EEUU como primer importador de petróleo mundial en 2014. Además, el informe de pronóstico de la OPEP, señala que la producción de esquistos de América del Norte aumentará desde 2,5 MMBD en 2012 hasta 4,7 MMBD en 2020 para luego disminuir hasta 2,7 MMBD en 2035.
 
Además, debemos tomar en cuenta los pronósticos de mayor oferta en México y Brasil. México acaba de aprobar una Reforma Energética de corte neoliberal –mucho más amplia y aperturista a la inversión extranjera que la presentada por el Presidente Peña Nieto al Congreso-, con lo cual se espera que México aumente su producción desde 2,5 MMBD en la actualidad hasta alrededor de 3,5-4 MMBD en 2025. En el caso brasileño, la producción ha caído sorpresivamente en 2013 reflejando la creciente utilización de PETROBRAS por el gobierno brasileño para objetivos distintos a los petroleros, así como la complejidad de producir en aguas profundas, aumentará en los próximos años. El plan de negocios de PETROBRAS espera elevarla desde 2,4 MMBD en 2012 hasta 3,4 MMBD en 2017, apalancada en las áreas pre-sal.
 
Todo esto implica una reducción del espacio de mercado para la OPEP en aproximadamente -1 MMBD en 2014, ubicándose en aproximadamente 29 MMBD a partir del próximo año y hasta 2020. No obstante, los pronósticos apuntan a un crecimiento de la oferta del crudo OPEP en aproximadamente +1,5 MMBD en 2014, en medio de problemas de cohesión interna del grupo. Libia en 2013 ha experimentado la toma de sus terminales petroleros por milicias, lo cual ha llevado su producción a sólo 0,55 MMBD y ha reducido sus exportaciones a niveles ínfimos. Empero, con apoyo externo, el gobierno libio intenta formar nuevas fuerzas de seguridad para fortalecer su control sobre las instalaciones petroleras, por lo cual es probable que su producción aumente en +0,5 MMBD en 2014, intentando volver paulatinamente a los niveles de 1,6 MMBD que tenía antes de la guerra civil de 2011.
 
El reciente acuerdo provisional del G-5+1 con Irán permitirá a las aseguradoras europeas respaldar sus embarques, permitiendo a Teherán llevar sus exportaciones a niveles promedio de 2012, lo que implica un aumento entre +0,3 MMBD y +0,5 MMBD en los próximos meses. Si un acuerdo definitivo toma forma y las sanciones son levantadas en 2014, Irán podría recuperar paulatinamente sus niveles de producción y exportaciones pre-sanciones. Así, el Ministro de Petróleo iraní Zanganeh anunció a sus socios OPEP su firme propósito de llevar su producción hasta 4 MMBD –actualmente produce 2,7 MMBD niveles similares a 1990- a partir de 2014: “aunque el precio llegue a 20 $/Bl, es nuestro derecho” sentenció amenazante. Aunque Irán alcance un acuerdo definitivo bien sabe que no podrá recuperar esos niveles inmediatamente, lo cual ha reconocido en el borrador del presupuesto 2014; sin embargo, ya ha dejado claro su intención. Con un acuerdo definitivo en 2014, Irán podría elevar su producción en los siguientes seis meses hasta 3,5 MMBD, pero le tomará más tiempo alcanzar 4 MMBD.
 
Arabia Saudita ha cubierto el vacío dejado por Libia e Irán en los últimos años, y le será más digerible reducir producción para hacerle espacio al primero. En Riad sentó mal el acuerdo con Irán, ya que fortalece indirectamente la proyección geopolítica persa en Medio Oriente. Hacerle espacio a Teherán, significa para Riad darle más dinero para apoyar a Assad en Siria y el resto de sus aliados.
 
Por su parte, Irak podría aumentar en +0,5 MMBD su producción hasta alcanzar 3,5 MMBD en 2014, aunque el Ministro de Petróleo iraquí Luaibi anunció su propósito en la OPEP de alcanzar la meta de 4 MMBD y no ha aceptado regresar al sistema de cuotas. Irak ha desplazado a Irán como segundo productor OPEP, y las agencias esperan que alcance 6 MMBD para 2020. Esto implica un desafío para Irán que no quiere verse relegado. Sin embargo, las cuestiones para Irak siguen siendo la seguridad –este año fue el más violento desde 2008-, los déficits de infraestructura –sobre todo de terminales- que han llevado a las empresas a cortar entre 2,35 y 2,65 MMBD las metas de producción para los principales yacimientos, los problemas político-burocráticos que han impedido aprobar una ley de hidrocarburos y han generado desencuentros con el gobierno provincial del Kurdistán que desea explotar sus reservas por su cuenta.
 
En consecuencia, Arabia Saudita debe decidir si asumirá como swing producer recortes de aproximadamente -2 MMBD para defender el precio objetivo OPEP de 100 $/Bl a costa de su participación de mercado; o dejará caer el precio hasta el piso de 85-90 $/Bl marcado por el costo de producción de los esquistos para afectar indirectamente a Irán; o buscará negociar un complicado acuerdo colectivo en la próxima reunión OPEP en junio de 2014. Riad que ha inyectado más de 130 millardos de dólares a su economía en 2013 para contener cualquier revuelta, necesita un precio de 70 $/Bl para lograr equilibrio fiscal. Además, posee reservas de 700 millardos de dólares, lo cual le permitiría soportar precios más bajos.
 
Para Venezuela, todo esto implica que no existe espacio en el mercado para el plan de expansión de la Faja Petrolífera del Orinoco que llevaría nuestra producción hasta 4 MMBD en 2015 y 6 MMBD en 2019, más allá de las dudas sobre la capacidad de ejecución de PDVSA. Asimismo, apunta a que debemos prepararnos para vivir con menores ingresos petroleros bien por posibles recortes OPEP o por la reducción del precio apuntando al piso de 85-90 $/Bl en los años que restan de la presente década.

@kenopina

La negociación con Guyana


 

Embajador (r) Sadio Garavini di Turno


En el comunicado conjunto que firmaron en Trinidad los cancilleres Jaua y Rodriguez, el pasado 17 de octubre, después del incidente en el cual el buque Teknic Perdana fue apresado por la Armada venezolana en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que proyecta el Delta del Orinoco, se menciona el inicio de unas “negociaciones técnicas” entre Venezuela y Guyana. Al respecto es necesario subrayar lo siguiente:
 
Tomando en cuenta que Guyana  ha presentado unilateralmente a la comunidad internacional una línea de delimitación de áreas marinas y submarinas, entre la zona en reclamación y el estado Delta Amacuro orientada hacia occidente, que le cercena a Venezuela centenares de miles de kilómetros cuadrados de ZEE, cerrándole además la libre salida al Atlántico, Venezuela debe afirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable y la Armada debe continuar su tradicional patrullaje en la zona. Por tanto al oeste de Punta Playa no hay nada que negociar, sólo hay que patrullar. Sin embargo, hay que aprovechar el interés de Guyana en ampliar su Plataforma Continental y en explorar el potencial de hidrocarburos en “su” fachada atlántica para reactivar el proceso de negociación sobre el Esequibo, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, único marco jurídico vigente entre las partes, empezando por nombrar un negociador-facilitador por Venezuela a tiempo completo, apoyado además por un pequeño equipo de apoyo que le permita hacer un adecuado “lobby” en la ONU y en la comunidad internacional, particularmente en el Caribe.  También hay que reiterar que, de acuerdo al artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, Venezuela desconocerá toda actuación de transnacionales  en áreas terrestres, marinas y submarinas en la zona en reclamación.
 
La reclamación del Esequibo y la defensa de nuestros derechos en la fachada atlántica del delta del Orinoco son dos temas distintos pero íntimamente relacionados. Hay que  exigir que las negociaciones  deben darse en un ambiente de transparencia, los nombres de los negociadores por Venezuela deben ser conocidos y deberían ser escogidos entre los expertos en la materia.
 
Guyana buscará negociar una línea de delimitación marítima, dejando de lado la negociación sobre la zona en reclamación y aunque teóricamente no sería imposible delimitar, reservando nuestros derechos sobre la zona en reclamación, en la práctica entregaríamos uno de los pocos mecanismos de presión que Venezuela tiene sobre Guyana para que negocie un arreglo práctico a la controversia, porque una vez logrado un acuerdo sobre una línea de delimitación de áreas marinas y submarinas entre el estado Delta Amacuro y la Zona en Reclamación, aunque nos reservemos los derechos sobre la misma, Guyana se sentiría en libertad de reiniciar el otorgamiento de concesiones a transnacionales sobre la base de la delimitación acordada con Venezuela. Por tanto, obviamente, se haría mucho más difícil encontrar un arreglo práctico a la controversia.
 
Publicado originalmente en El Universal

Posconflicto y "refundación" del Estado en Colombia



Dr. Gustavo Palomares Lerma

La aplicación de los acuerdos de paz en un escenario de posconflicto en Colombia debe suponer una verdadera refundación del Estado y, por ende, de algunas de sus políticas públicas estratégicas para que este paso histórico cumpla el papel transformador en la sociedad colombiana que impida un “cierre en falso” del proceso de superación histórico de la violencia.
 
El éxito o fracaso en estas políticas transformadoras del Estado dependerá, en buena medida, de la capacidad para fortalecer la estructura territorial en una dinámica decidida descentralizadora y federalizante. La exigencia histórica de un nuevo “pacto” regional —mejor, federal—, acorde a la diversidad geográfica, con una nueva estructura administrativa moderna diversificada que instale capacidades humanas y materiales en las regiones. En resumen, construir Estado presente y activo en el territorio.
 
En Colombia, las políticas públicas se han desenvuelto en una especie de “esquizofrenia” entre el marco jurídico constitucional descentralizador y la práctica gubernamental del día a día, centralista y centralizadora. Sin embargo, las principales dinámicas presentes y futuras que afectan a las políticas públicas esenciales del Estado colombiano en ámbitos estratégicos de los acuerdos de paz y en la gestión del posconflicto, pero sobre todo en el desarrollo y la protección de los derechos fundamentales de la población —especialmente la más vulnerable—, pasan principalmente por la periferia territorial y no por el centro bogotano.
 
Se abre camino en este escenario futurible deseable, la posición de aquellos que defendemos un “Estado inteligente”, en donde la inteligencia radica en poner la ecuación social y la realidad descentralizadora como centros definidores de sus políticas públicas. La resolución de esta ecuación arroja siempre el mismo resultado: una sociedad más justa, igualitaria y avanzada.
 
Sin embargo, para que el Estado pueda realizar ese papel de motor transformador en Colombia en una realidad diaria en paz, es esencial introducir cambios profundos en su cultura democrática. La democracia no es sólo la única forma compatible con la libertad y la justicia; también es la única forma de participación política que basa su esencia en la igualdad y en la equidad. Estos dos principios no sólo son la esencia y el valor de la democracia —como decía Kelsen—, sino que son la base de una verdadera cultura de y para la paz.
 
La consecuencia inmediata de la aplicación de los acuerdos de paz tiene que ser la voluntad decidida para construir ese Estado transformador. Esta nueva forma “inteligente” de entender la realidad estatal y las políticas públicas, en una realidad desigual como la colombiana, es lo contrario de un “Estado bruto”, ese “Estado mínimo” que sólo llega a ser “suficiente” para unos pocos, ausente en gran parte de su estructura territorial, de acciones puntuales y sobre una base asistencial. El Estado que necesitamos para este nuevo tiempo, por el contrario, es aquel que se identifica por tener verdaderas políticas de Estado —no de partidos— en educación, salud, nutrición, cultura; orientado hacia la superación de las gruesas inequidades, capaz de impulsar la concertación entre lo económico y lo social; un gran promotor de la sociedad civil. El Estado de concertación que necesitamos para este escenario de recuperación de valores se opone a ese otro que conocemos bien después de sufrirlo tanto tiempo: el que planifica íntegramente de forma hermética las políticas públicas con una escasa participación de los territorios y ninguna de la ciudadanía.
 
En esta nueva fase histórica necesitamos superar la guerra para poder ocuparnos de los conflictos lógicos en cualquier sociedad democrática; para ello debemos partir de una perspectiva que considere la realidad estatal como un todo complejo en donde la visión descentralizada, a la hora de asegurar la presencia, el buen gobierno y efectividad del Estado colombiano, es una de las piezas fundamentales para el desarrollo y para hacer posible una sociedad colombiana en paz, más justa e igual, para nosotros y para nuestro hijos.
 
En conclusión, la necesaria reforma y “refundación” del Estado colombiano no puede plantearse como hacía el príncipe de Salina en la novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cuando decía “… cambiémoslo todo para que todo siga igual”.